El traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones desató un fuerte choque entre el Gobierno y el sector privado, en medio de crecientes dudas sobre el manejo de los recursos y la sostenibilidad del sistema.
El debate quedó en evidencia durante una entrevista en Caracol Radio, donde el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, y el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, expusieron visiones opuestas sobre el futuro de estos ahorros.
Cabe recordar que este jueves el Gobierno Nacional expidió el decreto que ordena trasladar los $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una decisión que desató polémica en medio del Congreso de Asofondos en Cartagena.
Los recursos corresponden a un subfondo de perfil conservador, es decir, dinero de afiliados que están a menos de 10 años de pensionarse o que incluso ya consolidaron ese derecho. Según Asofondos, cerca del 70% de estos recursos está invertido en deuda pública (TES), lo que hace más complejo su traslado en los tiempos exigidos por la norma.
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Gobierno defiende traslado: “los recursos son de Colpensiones”
Desde el Gobierno, Dussan fue enfático en que los recursos deben trasladarse, argumentando que pertenecen a los afiliados que ya se cambiaron de régimen.
Según explicó, más de 100.000 personas han migrado desde fondos privados hacia Colpensiones, y una parte ya está pensionada, por lo que los recursos deben acompañar ese traslado.
“Es como cuando uno se cambia de banco: se lleva la plata. Estas personas ya no son de los fondos privados, son de Colpensiones”, afirmó.
El funcionario defendió además el decreto que ordena el giro de los recursos en un plazo cercano a 30 días y aseguró que, mientras la norma esté vigente, debe cumplirse.
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Fondos privados alertan: “se están gastando ahorros del futuro”
Del otro lado, el presidente de Asofondos lanzó una advertencia frontal. Para Velasco, el traslado no solo sería contrario a la ley, sino que pone en riesgo el ahorro pensional de largo plazo.
“La ley es clara: esos recursos son para ahorrarlos y garantizar las pensiones futuras. Si se empiezan a gastar, no habrá con qué responder después”, señaló.
El dirigente aseguró que el decreto va en contravía de la reforma pensional y advirtió sobre un posible impacto estructural: “Esto puede generar una crisis pensional y fiscal. Si se desahorra, como ha pasado en otros países, el sistema pierde sostenibilidad”.
Velasco también insistió en que los fondos no obtienen ganancias actuales por esos recursos, pues pertenecen a los afiliados, y que su preocupación es proteger el ahorro.
El punto de choque: ley vs. decreto
El corazón del debate está en la interpretación de la norma. Mientras el Gobierno sostiene que los recursos deben trasladarse porque los afiliados ya están en Colpensiones, los fondos privados argumentan que la ley ordena mantener esos dineros como ahorro hasta que se cause la pensión.
Frente a las críticas, fue directo, si los fondos no están de acuerdo, pueden acudir a la justicia, pero no frenar la ejecución. “Si consideran que es ilegal, que lo demanden, pero mientras tanto tienen que cumplirlo”, reiteró Dussán.
También desestimó los temores sobre el uso de los $25 billones, defendiendo la capacidad del Estado para administrarlos y garantizar las pensiones. “Nosotros administramos bien los recursos. No hay ninguna preocupación, esos dineros serán destinados a garantizar las pensiones”.
Desde el otro lado de la orilla,, el sector privado advierte que el decreto podría ser demandado por presuntamente contradecir la ley.
En paralelo, el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto plazo, especialmente para cubrir pensiones ya reconocidas.
La respuesta del sector privado fue igual de contundente. Para Velasco, el problema no es operativo, sino de fondo: el decreto, dijo, rompe las reglas del sistema.
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“La ley es clara: esos recursos son para ahorrarlos. Si se usan ahora, se está desfinanciando el futuro pensional”, afirmó.
El presidente de Asofondos insistió en que el dinero pertenece a cuentas individuales y que debe mantenerse invertido hasta que se cause el derecho pensional. Por eso, cuestionó que un decreto pretenda modificar lo que está definido en la ley.
Pero fue más allá: advirtió que la medida no solo tiene implicaciones jurídicas, sino económicas. “Si nos comemos ese ahorro, no vamos a tener cómo pagar pensiones después”, dijo, alertando sobre un posible deterioro en la sostenibilidad del sistema.
Incluso planteó efectos inmediatos: menor confianza, incentivos a la informalidad y presión sobre las finanzas públicas.
¿Qué pasa con los trabajadores?
Más allá del debate técnico, la controversia ha generado incertidumbre entre los afiliados. Cerca de 120.000 trabajadores que se trasladaron de régimen ahora se preguntan qué pasará con sus ahorros.
Desde Colpensiones, la respuesta es que las pensiones están garantizadas y los recursos serán administrados por la entidad.
Desde los fondos privados, la advertencia es otra: el riesgo no es inmediato, pero sí de largo plazo, si el sistema deja de basarse en el ahorro.
El choque, por ahora, sigue abierto y podría terminar en los tribunales, mientras el país debate el futuro de uno de los temas más sensibles: las pensiones.
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