La intención del Gobierno de declarar un nuevo estado de emergencia económica abrió un choque entre el Ejecutivo y el sector empresarial. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la medida como “profundamente inconstitucional”, al considerar que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen el uso de poderes excepcionales.
La controversia se encendió luego de que Petro cuestionara a quienes, según él, se movilizan con rapidez para oponerse a nuevos impuestos, pero no muestran el mismo ímpetu frente a iniciativas sociales.
“Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, afirmó el mandatario, quien agregó que hay “afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país”, mientras se dilatan decisiones sobre pensiones y derechos sociales.
El líder gremial defendió el papel de los contrapesos institucionales y cuestionó el alcance del anuncio oficial.
“Sí, Presidente, para defender el Estado de derecho y la Constitución hay que estar listo, hay que hacerlo con convicción y con la urgencia que requiere defender la democracia, especialmente cuando las amenazas vienen de lugares inesperados, en este caso, del Estado mismo”, sostuvo.
El pronunciamiento se dio en medio del debate generado tras la confirmación, por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de que el Gobierno declarará la emergencia económica para enfrentar la situación fiscal prevista para 2026.
Según el Ejecutivo, el detonante principal es el hundimiento de la reforma tributaria, lo que dejó un faltante de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la emergencia permitiría tramitar un paquete de impuestos orientados a alcanzar un recaudo cercano a $16 billones.
El borrador del decreto contempla gravámenes al patrimonio de personas jurídicas, impuestos indirectos como el IVA a los juegos de azar en línea, un aumento al gravamen a los movimientos financieros hasta 5x1.000, mayores cargas a cigarrillos y tabaco, y un impuesto temporal de 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón.
Para Mac Master, sin embargo, el uso de esta figura excepcional desborda los límites constitucionales. “Una emergencia económica en este momento es profundamente inconstitucional, no solamente porque no se justifica, sino porque la causa invocada viola muy fuertemente la Constitución, irrespeta al Congreso de la República que ya tomó una decisión al respecto y quiere nuevamente ser ignorado”, afirmó.
A su juicio, además, el Gobierno estaría utilizando “artilugios del calendario” para afectar a los ciudadanos, aprovechando la vacancia judicial.
El dirigente gremial argumentó que el faltante fiscal no constituye una perturbación grave e inminente del orden económico. Recordó que el Presupuesto General de 2026 asciende a $546 billones y que el desfinanciamiento equivale a cerca de 2,9% del total.
“Desde este punto de vista, no existe una explicación clara y mucho menos suficiente para considerar que un faltante de esta magnitud justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señaló.
Mac Master también cuestionó que el Ejecutivo invoque como hechos sobrevinientes variables que, en su opinión, eran previsibles.
“Los crecientes costos de la deuda, las deudas del sector salud, la falta de flujo de caja y la caída de los recaudos tienen origen en acciones del mismo Gobierno y son fruto de una política de gasto excesiva”, afirmó en su carta a la Corte Constitucional.
Por ello, el presidente de la Andi solicitó ayer al alto tribunal que, en caso de expedirse el decreto, evalúe su suspensión provisional para evitar “perjuicios irremediables” a los contribuyentes y a la economía. “Cuando esto sucede, la democracia tiene que estar firme frente a quienes pretenden pasar por encima de ella y violar la Constitución”, concluyó.
Otra de las entidades en reaccionar fue la Asociación Colombiana de Minería, ACM, en la cual a través de un comunicado alertó sobre los riesgos institucionales y fiscales que implicaría una nueva declaratoria.
“Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que para cubrir su déficit pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país”, asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
La ACM además resaltó que insistir esta decisión debilita la confianza en el Estado de derecho, presiona aún más a los sectores productivos y envía una señal profundamente negativa a la inversión; por ende, hacen un llamado a que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías democráticas.
Por otro lado, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, a través de X, aseguró que “no existe hoy ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica”.
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Además, afirmó que estos $16 billones que se buscan recaudar y que están asociados a la ley de financiamiento representan menos de 3% del presupuesto de 2026, por lo que no son una amenaza al orden económico nacional.
“El respeto por la Constitución y el Estado de derecho exige que las medidas excepcionales se adopten únicamente cuando las condiciones constitucionales se cumplen, lo cual aquí no ocurre”, afirmó. Por último, sentenció que la declaratoria de emergencia económica decretada por el gobierno, es injustificada.
La eventual declaratoria sería la décima emergencia económica en los últimos tres años y la cuarta durante el gobierno de Gustavo Petro.
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