Ante la insuficiencia de recursos para atender la crisis social y económica por la temporada de lluvias, el Gobierno Petro expidió el Decreto 0240, de este 12 de marzo, con el que revive un par de impuestos ya suspendidos por la Corte Constitucional.
Esta medida surge tras la declaratoria de emergencia en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde las lluvias afectaron viviendas, vías y servicios públicos.
El Gobierno justifica esta “resurrección” de impuestos señalando que el Presupuesto General de la Nación 2026 es insuficiente tras la reducción de $10 billones por parte del Congreso y la negación de leyes de financiamiento que buscaban recaudar $16,3 billones.
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Además, alrededor del 93% de las apropiaciones presupuestales son inflexibles, lo que limita la respuesta estatal, dice el decreto.
Aunque la Corte Constitucional suspendió previamente decretos similares (Decretos 1390 y 1474 de 2025), el Ejecutivo sostiene que “la adopción de medidas tributarias en una emergencia anterior, no impide que el Gobierno nacional las pueda utilizar nuevamente en una situación excepcional posterior, para enfrentar una crisis distinta”.
Impuesto a las apuestas por internet en Colombia: tarifa del 16%
El decreto crea un nuevo Impuesto Nacional al Consumo del 16% para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
De acuerdo con el documento, el hecho generador será el depósito de dinero (efectivo, transferencias o criptoactivos) que realice el usuario para apostar. La base gravable se calculará sobre los ingresos brutos (Gross Game Revenue - GGR), definidos como “el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente”.
El Gobierno argumenta que este sector tiene una “elevada capacidad contributiva y un crecimiento sostenido”, y que su ausencia de gravamen generaba una distorsión frente a los juegos físicos.
Además, aclara que este servicio es “inelástico”, por lo que “no genera impactos inflacionarios directos” ni afecta la canasta básica.
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Normalización tributaria 2026: activos ocultos pagarán el 19%
También el decreto establece el impuesto complementario de normalización tributaria con una tarifa del 19%.
Este tributo recae sobre contribuyentes que tengan activos omitidos (no incluidos en declaraciones o subvalorados) o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
Quienes se acojan a esta medida no enfrentarán comparaciones patrimoniales ni renta líquida gravable, y lo más importante, “tampoco generará acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes”.
La declaración y pago de este impuesto debe realizarse a más tardar el 31 de julio de 2026, sin posibilidad de corrección o extemporaneidad.
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Impuesto al patrimonio para sucursales extranjeras y establecimientos permanentes
Por otro lado, el decreto amplía el impuesto al patrimonio a los establecimientos permanentes y sucursales de entidades extranjeras.
Con esto, se busca equidad, pues antes solo las personas jurídicas nacionales estaban gravadas, lo cual “traslada una mayor carga impositiva a las sociedades nacionales frente a otras entidades comparables”.
Para estos sujetos, el impuesto se causa el 31 de marzo de 2026 si poseen un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, es decir, $10.474.800.000.
Además, deberán declarar y pagar el primer 50% el 30 de abril de 2026, y el restante 50% el 1 de junio de 2026. Excepcionalmente, según el decreto, se permite que este impuesto se registre contablemente contra la cuenta de reservas para evitar el “deterioro artificial de los índices de rentabilidad”.
Amnistía Dian 2026: rebaja de intereses y sanciones para ponerse al día
Como medida de choque fiscal, el decreto del Gobierno Petro autoriza a la Dian para reducir sanciones e intereses moratorios a quienes tengan obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Los beneficios incluyen:
-Reducción al 15% de las sanciones y actualización si se paga el 100% del capital antes del 30 de abril de 2026.
-Tasa de interés moratoria reducida al 4,5% anual.
-Posibilidad de conciliar litigios contencioso-administrativos hasta el 30 de junio de 2026, pagando entre el 15% y 30% de las sanciones según la instancia del proceso.
El Gobierno enfatiza que estos recursos se destinarán “exclusivamente a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para conjurar las causas del Estado de Emergencia”.
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