La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) encendió las alertas frente a la situación de Canacol Energy, que podrían comprometer la continuidad del suministro de gas natural en Colombia, con efectos directos sobre miles de usuarios y economías regionales, especialmente en la Costa Caribe.
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El gremio subrayó que el gas natural es un insumo esencial para múltiples procesos productivos, muchos de ellos continuos y sin sustitutos viables en el corto plazo. Por ello, cualquier interrupción o incertidumbre en su provisión puede impactar la operación empresarial, el empleo y la competitividad del país.
El peso en el mercado: 50% del gas de la Costa Caribe depende de Canacol
Uno de los principales focos de preocupación es la posible cancelación de contratos de suministro en el mercado mayorista. La empresa Canacol Energy es el segundo mayor productor de gas del país, con cerca del 17% del suministro nacional y alrededor del 50% del abastecimiento de la Costa Caribe.
Una eventual interrupción en estos contratos, advirtió el gremio, afectaría a un número significativo de usuarios y podría presionar al alza los precios internos del gas. Esto, a su vez, tendría efectos en las tarifas para sectores industriales, comerciales, residenciales y de gas vehicular.
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Además, el impacto se extendería al sector de generación térmica, clave para la Costa Caribe, en un contexto marcado por la posible llegada del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del gas importado por factores geopolíticos.
Impacto en empleo, regalías y comunidades
Asoenergía también destacó casos concretos como el de Cerro Matoso, cuya operación depende en cerca del 80% del gas suministrado por Canacol. Una eventual terminación anticipada de contratos podría afectar más de 2.000 empleos directos e indirectos en el sur de Córdoba.
El impacto social sería significativo: más de 50.000 personas y 25 comunidades cercanas se verían afectadas por la disminución de proyectos sociales financiados por la compañía.
A esto se suma el impacto fiscal, teniendo en cuenta que en 2025 la empresa aportó cerca de $334.570 millones en regalías e impuestos.
Llamado a garantizar seguridad jurídica y estabilidad
Ante este panorama, Asoenergía insistió en la necesidad de preservar la seguridad jurídica en las relaciones contractuales y asegurar condiciones estables y previsibles de suministro energético.
El gremio hizo un llamado a entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano en este tipo de situaciones.
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Según la organización, las decisiones deben adoptarse dentro del marco institucional, evitando medidas que comprometan la continuidad del suministro energético y la competitividad del país.
La directora ejecutiva de Asoenergía, Silvana Habib Daza, advirtió que este tipo de situaciones trascienden a una empresa específica y envían señales a toda la industria y a los inversionistas.
“Colombia necesita señales claras de estabilidad y confiabilidad en el suministro energético. Es fundamental que prime el ordenamiento jurídico y se proteja la continuidad de operaciones clave para el empleo, las regiones y la competitividad”, señaló.
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