En las plataformas de empleo comenzó a tomar fuerza una tendencia que ha encendido las alarmas y la preocupación de los trabajadores colombianos, pues tras el aumento del salario mínimo para 2026, del 23,7%, decretado por el presidente Gustavo Petro, ha habido un crecimiento de ofrecimientos por parte de empresas para que aquellos empleados que devengan este monto accedan a jornadas laborales de 36 horas para hacerle “el quite” al ajuste salarial realizado por el Gobierno.
Además, en la última semana, en portales de empleo se ha visto el crecimiento de ofertas laborales con dicha intensidad horaria semanal, pero con salarios inferiores al mínimo legal.
Basta solo con poner en los buscadores de los portales empleo jornada de 36 horas para ver las cientos de ofertas que se activaron en días recientes. La modalidad se repite tanto en cargos operativos como auxiliares de laboratorio, auxiliares de bodega, cajeros operarias y operarios de máquina de coser y agentes de servicio al cliente, call center, pero también en perfiles más especializados, entre ellos enfermeros, trabajadores sociales, community managers y editores de video.
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Ofertas que no cuadran
Los avisos se repiten con ligeras variaciones: jornadas de 36 horas semanales, contratos laborales “con todas las prestaciones” y salarios que rondan los $1.000.000 a los $1.432.559, una cifra que no alcanza el mínimo legal vigente.
Estas ofertas no se concentran únicamente en cargos operativos como auxiliares de laboratorio, operarias de máquina de coser o agentes de servicio al cliente, sino también en perfiles más especializados: enfermeros, trabajadores sociales community managers y editores de video.
Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia ha sido insistente en recordar un empleador no puede bajarle el salario de forma unilateral a un trabajador. Sin embargo, aclaró que esto podría ocurrir siempre y cuando haya mutuo acuerdo y el trabajador gane o esté sobre el salario mínimo, de lo contrario tampoco es posible, así ambas partes pacten un acuerdo.
La figura existe, pero tiene límites
Según Andrés García, economista especializado en mercado laboral y líder del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la figura de las 36 horas semanales sí existe en el ordenamiento laboral colombiano.
“Está pensada para esquemas de turnos continuos, con seis jornadas de seis horas. En este modelo no se pagan recargos nocturnos ni dominicales, pero sí descansos remunerados”, explicó.
No obstante, García es enfático en marcar la línea roja: “Lo que no puede pasar es que la remuneración esté por debajo del salario mínimo legal vigente. En principio, un trabajador de 36 horas debe ganar lo mismo que uno de jornada completa”.
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La ilegalidad no está en las horas, sino en el salario
A este punto de vista se sumó, Sergio Sanabria Merchán, abogado del Centro Jurídico Internacional, coincidiendo en que la norma es clara.
“Ningún trabajador puede devengar menos del salario mínimo, independientemente de la jornada. Si una empresa paga menos, está incumpliendo la ley y se expone a sanciones administrativas y judiciales”, señaló.
Sanabria aclaró que la reducción de jornada no equivale automáticamente a reducción salarial. Incluso en contratos de tiempo parcial, los derechos laborales no pueden recortarse: aportes a seguridad social, prestaciones sociales, auxilio de transporte y vacaciones deben respetarse.
Y es que una trabajadora de un call center, que se comunicó con EL COLOMBIANO y pidió reserva de su identidad, relató cómo en la empresa en la cuál trabaja y que es del sector del BPO, esta lógica se tradujo en decisiones empresariales concretas tras el aumento del salario mínimo.
“Primero preguntaron quién quería pasarse a 36 horas. Nadie aceptó, puesto que esto siginificaba una reducción salarial por debajo del mínimo, pero como nadie quiso y los trabajadores se rebelaron, entonces optaron por realizar medidas que atacaban a la población trabajadora que estudian, quitándoles los sábados libres, los cuales tenían destinados para ir a la universidad, ya que antes se descansaba ese día, haciéndolos firmar el contrato por 36 horas y reducción de sueldo”, relató.
Según su testimonio, la intención de la compañía era ponerlos contra la espada y la pared: “Sí o sí los bajaron a 36 horas y les quitaron el descanso de los sábados, que era el día en el que estudiaban. Es como sacarlos de la empresa sin despedirlos”, recalcó la fuente anónima.
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El costo real detrás del salario mínimo
Cabe acotar que, tras la decisión de aumentar el salario en un 23,7, la medida elevó el ingreso base a $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total de $2.000.000 mensuales. Aunque el Gobierno defendió el alza como una forma de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, la reacción de los gremios empresariales no se hizo esperar.
Sin embargo, el aumento no impacta a todos por igual. De acuerdo con cifras del mercado laboral, aproximadamente 2,4 millones de trabajadores en Colombia perciben exactamente un salario mínimo mensual, lo que representa cerca del 10% del total de la población ocupada. El resto se mueve entre ingresos superiores, inferiores o informales, una distinción clave para entender lo que está ocurriendo hoy en el mercado laboral.
Parte de la presión empresarial se explicó por una cifra que rara vez aparece en el debate público: el salario mínimo no es el costo real del trabajador. Al sumar aportes a salud, pensión, riesgos laborales, parafiscales y prestaciones sociales, el costo mensual de un empleado con salario mínimo puede llegar a $2.995.642.
Es decir, por cada trabajador que devenga $2 millones, la empresa asume cerca de $995.642 adicionales en cargas laborales. Para algunos empleadores, reducir horas y salarios se convierte en una forma —legal o no— de aliviar ese impacto.
Más allá del ingreso mensual, los expertos alertan sobre un riesgo estructural: los aportes a seguridad social. Según Andrés García, en algunos casos las cotizaciones se estarían realizando sobre bases inferiores al mínimo. “Eso implica un subreporte que afecta directamente la pensión futura del trabajador. Las cotizaciones, salvo excepciones muy puntuales, deben tener como piso el salario mínimo”, advirtió.
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¿Qué sanciones enfrentan las empresas?
Las consecuencias, que asumirían las empresas que realicen estas prácticas contra la ley, además de investigaciones del Ministerio de Trabajo y reclamaciones individuales, son multas que pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos, según advirtieron los expertos.
El aumento del salario mínimo abrió un debate legítimo sobre sostenibilidad empresarial y empleo. Pero el auge de estas ofertas dejaron la conclusión de que dicho ajuste no puede trasladarse al trabajador a costa de sus derechos básicos.
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