Durante años, Telecom fue sinónimo de comunicación en Colombia. Nacida en 1947 y presente en más de 800 municipios, la empresa estatal llegó a manejar más de dos millones de líneas telefónicas y a tejer la red de comunicaciones que permitió al país conectarse por fibra óptica, microondas y satélites.
Sin embargo, en junio de 2003, ese entramado nacional construido durante décadas se deshizo de manera abrupta: mediante 14 decretos, el Gobierno ordenó la supresión y liquidación de Telecom y sus 13 Teleasociadas.
La razón oficial fue la inviabilidad financiera. Para entonces, la empresa arrastraba pérdidas operativas, un pasivo pensional superior a 5,6 billones de pesos y deudas derivadas de contratos de riesgo compartido firmados en los años noventa que, si los ingresos no se cumplían, obligaban a Telecom a cubrir diferencias en dólares.
A la crisis se sumó un mercado con más de 40 operadores de telefonía local compitiendo en un sector que antes era monopolio estatal.
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Para el analista financiero Diego Palencia, el problema de fondo fue estructural. ‘El sector comunicaciones es altamente intensivo en inversión y la tecnología cambia a pasos agigantados. para ese entonces, las comunicaciones en los años noventa no se adaptaron correctamente a la velocidad del cambio’, explicó.
A eso, dijo, se sumó una estructura ‘altamente burocrática y sindicalizada’, que volvió inviable el modelo, especialmente por el peso del pasivo pensional
La liquidación fue inmediata. Cerca de 8.000 trabajadores quedaron por fuera de un día para otro, muchos con más de 15 o 20 años de servicio continuo. Aun siendo Trabajadores Oficiales, con derechos regulados por convenciones colectivas vigentes, la desvinculación se dio sin que se respetaran plenamente sus garantías.
Para varios juristas, el proceso fue “execrable” e incluso “inconstitucional”.
“Desde el punto de vista jurídico, la liquidación no extinguió los derechos pensionales”, explicó el abogado laboralista Carlos Toro. “El decreto fue claro en señalar que las obligaciones subsistían, pero la transición institucional dejó los derechos suspendidos en la práctica”.
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La escena recuerda un poco a la que describe Gabriel García Márquez en El coronel no tiene quien le escriba: “la última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón”. Esa desazón ha acompañado a los extrabajadores durante más de dos décadas.
Y, de repente, todo cambió
El testimonio de un extrabajador, quien habla bajo anonimato, reflejó la experiencia de cientos. Ingresó en 1993, tras un proceso de selección formal. Ascendió desde profesional 1 hasta profesional 3, ocupando cargos en operación, mantenimiento y la jefatura administrativa de la departamental Sucre. Supervisó más de 150 personas, equipos de telecomunicaciones, redes, fibra óptica, energía y telefonía.
Todavía recuerda como si hubiese sido ayer el día de la liquidación:
“Cuando llegamos a trabajar, el Ejército estaba acordonado en las instalaciones. Nos ordenaron desalojar”. Él se negó a salir hasta dejar constancia del estado en el que entregaba los equipos. Firmó un acta con los técnicos y el comandante militar. Años después, ese documento lo salvó de una investigación disciplinaria que pudo haber terminado en cárcel.
Tras la desvinculación vino el estigma. Aseguró que algunas declaraciones oficiales de la época los señalaron como presuntos infiltrados guerrilleros.
“Cuando solicitaba trabajo, me rechazaban”, dijo. La carga emocional creció cuando comenzaron las demandas laborales. Su caso, por derecho a retención social, lo ganó en 2010 junto a 79 compañeros. Pero el juez que falló a su favor terminó preso y la sentencia nunca se ejecutó, aunque la Corte Constitucional la avaló y la declaró cosa juzgada en la SU-377 de 2014.
“Hasta hoy sigo esperando”, afirmó. Y mientras lo dice, Gabo vuelve a aparecer: “15 años de espera habían agudizado su intuición.”
¿Qué pasó con los demás?
Madres y padres cabeza de hogar, personas con discapacidad y pre-pensionados debieron ser protegidos de la desvinculación, pero cientos quedaron por fuera. La SU-377 de 2014 ordenó implementar un plan de reubicación que tardó años en materializarse.
La negación del régimen convencional pensional
Muchos trabajadores oficiales tenían derecho a pensión con 20 o 25 años de servicio, según convenciones colectivas vigentes. No obstante, las entidades liquidadoras —UGPP y PAR Telecom— negaron o dilataron los reconocimientos durante años, obligando a cada extrabajador a litigar individualmente.
Toro hace énfasis en que la Corte no convirtió el Plan de Pensión Anticipada en un régimen universal, sino que ordenó interpretar sus reglas bajo parámetros constitucionales, lo que dejó muchos casos atados a trámites administrativos posteriores.
a precariedad económica y humana
Varios extrabajadores contaron a EL COLOMBIANO lo que vivieron en su momento y la larga espera que siguen afrontando debido al proceso legal en el que encuentran.
Comentaron que la falta de ingresos y el no reconocimiento de pensiones llevó a la pérdida de viviendas, a estados de salud deteriorados y a una vejez empobrecida.
Para 2025, la mayoría supera los 58 años. Muchos fallecieron sin ver resuelto su caso.
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El impacto ha sido tan profundo que algunos académicos lo describen como un daño intergeneracional, hogares que quedaron desestabilizados por más de veinte años.
La frustración recuerda otro fragmento de García Márquez: “—no dicen nada de los veteranos —preguntó.—Nada —dijo el coronel... Hace como cinco años que no dicen nada”.
¿Hay esperanza?
A pesar de la prolongada espera, una posible salida comenzó a perfilarse recientemente.
En 2024, dos conceptos jurídicos —uno del Departamento Administrativo de la Función Pública (Radicado 20246000631451, 23/10/2024) y otro del Ministerio del Trabajo (16/10/2024)— reconocieron la prevalencia de los regímenes convencionales de los trabajadores oficiales de Telecom. Estos conceptos abrieron la puerta para cerrar la discusión jurídica y permitir que el Estado reconozca lo adeudado.
“El caso Telecom no es un problema de falta de normas, sino de falta de decisión estatal para cumplirlas”, resumió Toro.
En noviembre de 2024, 73 extrabajadores recibieron finalmente su pensión. Pero aún quedan 1.515 personas pendientes.
El trabajador anónimo también se aferra a esa posibilidad: “yo creo que lo de pensión sí es muy factible que lo podamos solucionar este año”, expresó con esperanza. Ha visto avanzar el trámite, aunque reconoce que el proceso enfrenta obstáculos políticos.
Su frase conecta inevitablemente con la voz del coronel: “No te preocupes —la consoló el coronel—. Mañana viene el correo.”
¿Los extrabajadores de Telecom no tienen a quién cobrarle?
El relato de los extrabajadores de Telecom se ha convertido en una de las narraciones más significativas de la historia laboral reciente de Colombia. Una empresa emblemática fue liquidada sin que se garantizaran plenamente los derechos de quienes la sostuvieron durante décadas. Las decisiones tardías y los vacíos de implementación han marcado la vida de miles de familias.
Desde el punto de vista jurídico, este problema no era coyuntural ni desconocido. Como explicó el abogado Carlos Toro, desde finales de los años noventa documentos oficiales como los del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3145 de 2001 y 3184 de 2002, elaborados por el Departamento Nacional de Planeación, advertían que Telecom se encontraba al borde de la quiebra, incluso bajo escenarios optimistas.
El propio DNP señaló que, aun creando un patrimonio autónomo para atender las pensiones, la situación se agravaría si no se realizaban cambios estructurales profundos, difíciles de implementar en una empresa fragmentada, altamente burocratizada y con costos fijos inflexibles.
En ese contexto, la liquidación de Telecom mediante el Decreto 1615 de 2003 se configuró como una decisión de responsabilidad fiscal y administrativa, orientada a evitar un mayor detrimento patrimonial para la Nación y a garantizar la continuidad del servicio bajo esquemas más sostenibles.
Ello, sin desconocer que, transcurridas más de dos décadas, el Estado no ha resuelto de manera integral la situación de los derechos pensionales de los extrabajadores, lo que ha derivado en una prolongada judicialización del conflicto.
No se trató, entonces, de desconocer la importancia histórica de la empresa, sino de reconocer la inviabilidad de su modelo operativo. Desde esta perspectiva, resulta difícil sostener que Telecom fuera una empresa próspera al momento de su liquidación, en un escenario marcado por una estructura burocrática costosa y un pasivo pensional cercano a los $5,5 billones.
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Y mientras muchos de estos extrabajadores siguen revisando radicados, autos y resoluciones que parecen no avanzar, una novela publicada en 1961 sigue ofreciendo un espejo inquietante de su espera.
“El caso Telecom no es un problema de falta de normas, sino de falta de decisión estatal para cumplirlas”, resumió Toro.
“El coronel se sintió avergonzado. —No esperaba nada —mintió... Yo no tengo quien me escriba”.
Aun así, la esperanza persiste, aunque a veces apenas se sostenga: “Vendrá”, responde el coronel. “Mañana viene el correo.”
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué la liquidación de Telecom fue tan polémica?
- La liquidación de
Telecom fue polémica debido a la abrupta desvinculación de miles de trabajadores y la falta de garantías en el cumplimiento de sus derechos pensionales. Además, el proceso estuvo marcado por una burocracia ineficiente y un incumplimiento estatal.
- ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la liquidación de Telecom?
- La liquidación de
Telecom ocurrió en
junio de 2003, hace más de dos décadas. Desde entonces, muchos extrabajadores siguen esperando el cumplimiento de sus derechos pensionales y una solución definitiva al proceso judicial.
- ¿Qué avances ha habido en el caso de los extrabajadores de Telecom?
- En 2024,
73 extrabajadores recibieron finalmente sus pensiones tras más de 20 años de espera. Sin embargo, aún quedan más de 1,500 personas pendientes, y el proceso sigue siendo complicado y largo debido a obstáculos administrativos y políticos.
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