La Superintendencia de Sociedades informó que tomó nuevas decisiones dentro del proceso internacional de insolvencia y reorganización de varias empresas del grupo Canacol en Colombia.
Se trata de las sociedades Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia. La autoridad confirmó el reconocimiento integral de la Tercera y Cuarta Providencia de Ratificación y Adición de la Orden Inicial emitidas por la Corte de Alberta, en Canadá, dentro del proceso internacional de insolvencia que enfrenta el grupo empresarial.
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Como parte de las medidas aprobadas, el despacho autorizó la constitución de determinados gravámenes prioritarios sobre activos ubicados en Colombia, con el objetivo de respaldar el procedimiento principal extranjero y facilitar el proceso de reorganización empresarial.
Gravámenes buscan garantizar continuidad operativa de Canacol
La Superintendencia explicó que estas medidas tienen como propósito garantizar la continuidad operativa de las compañías como empresas en marcha y apoyar el proceso de reestructuración financiera.
Según detalló, los gravámenes permitirán asegurar el pago de gastos de administración y honorarios de los profesionales que participan en el trámite de insolvencia, además de respaldar el incremento de la financiación posconcursal, conocida como DIP financing, necesaria para mantener las operaciones y el desarrollo del objeto social de las empresas.
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Asimismo, los recursos servirán para preservar el capital humano estratégico mediante programas de retención e incentivos dirigidos a empleados clave, además de facilitar el desarrollo del proceso de venta e inversión (SISP), diseñado para maximizar el valor de la compañía en beneficio de los acreedores.
Supersociedades descarta afectación desproporcionada a acreedores locales
La autoridad aclaró que los gravámenes autorizados no implican pagos inmediatos ni satisfacción anticipada de acreencias existentes, y aseguró que tampoco alteran arbitrariamente la prelación legal de créditos ya reconocidos.
La entidad explicó que estas obligaciones corresponden a gastos causados después del inicio del proceso de insolvencia y hacen parte de mecanismos habituales en procedimientos complejos de carácter transfronterizo para preservar la operación empresarial.
En relación con la situación financiera de las compañías involucradas, la Superintendencia verificó que, con corte al 31 de diciembre de 2025, las sociedades deudoras en Colombia registraban activos cercanos a US$1.848 millones.
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Por su parte, el total de obligaciones garantizadas reconocidas, incluyendo la financiación DIP y los gravámenes autorizados, asciende aproximadamente a US$166 millones, equivalente a cerca del 9% del total de los activos.
De acuerdo con el análisis realizado por la entidad, esta proporción evidencia suficiencia patrimonial y permite concluir que no existe una afectación desproporcionada para los acreedores locales.
Superintendencia destaca cooperación judicial internacional en insolvencias
La superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda, afirmó que la continuidad de una empresa en marcha genera mayor valor económico que su desintegración.
“La continuidad de una empresa en marcha genera más valor que su desintegración. Por eso, en los procesos de insolvencia transfronteriza, las herramientas que permiten sostener la operación, preservar el empleo, atraer financiación y maximizar el valor de los activos no constituyen privilegios indebidos, sino mecanismos necesarios para proteger el interés colectivo de los acreedores y favorecer una recuperación empresarial ordenada”, señaló la funcionaria.
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La superintendente agregó que la cooperación judicial internacional y la protección de los acreedores locales son principios complementarios dentro de este tipo de procesos empresariales globales.
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