La sede de campaña del senador Iván Cepeda, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, fue vandalizada en la noche del lunes 15 de abril, apenas un día después de haber sido inaugurada.
Según reportes preliminares, varias personas sin identificar lanzaron pintura roja contra un afiche con la imagen del candidato presidencial. El ataque también afectó viviendas y locales comerciales cercanos.
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El hecho fue rechazado por distintos sectores políticos y autoridades, que lo calificaron como grave en medio del ambiente preelectoral. Desde el entorno del congresista se pidió una investigación para identificar a los responsables y se advirtió sobre los riesgos para el ejercicio democrático.
Este episodio se suma a los reportes de vandalismo realizados contra una sede del partido Centro Democrático en Bucaramanga. Recientemente, además, los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaron amenazas en su contra, difundidas mediante imágenes en TikTok que habrían sido elaboradas con inteligencia artificial a partir de una denuncia del medio Periodismo Público sobre intimidaciones a un funcionario público de Soacha, Cundinamarca.
Estos hechos evidencian una escalada de ataques contra campañas de diferentes corrientes ideológicas en el país.
Desde el Ministerio del Interior se condenaron los hechos y se hizo un llamado a garantizar la seguridad de candidatos, equipos de campaña y sedes políticas. La cartera anunció el refuerzo de los esquemas de protección con 30 escoltas y cinco vehículos por candidato.
Analistas advierten que estos ataques reflejan un deterioro en el lenguaje político y un aumento de la polarización, en el que las sedes —tradicionalmente espacios de encuentro ciudadano— se están convirtiendo en blanco de agresiones.
Por ahora, las autoridades en Medellín avanzan en la recolección de pruebas, incluidos registros de cámaras de seguridad, para esclarecer lo ocurrido en La Floresta y determinar posibles responsables.
Mientras tanto, desde distintos sectores se insiste en la necesidad de bajar el tono de la confrontación política y garantizar condiciones seguras para el debate democrático en el país.
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