Esta es una de esas historias de no creer. Una mujer llegó hasta la Fiscalía a pedir ayuda para liberar a su mamá, quien según denunció la mujer, había sido secuestrada por unos clientes insatisfechos después de intentar cerrar una venta.
La historia se pone más truculenta. De acuerdo con la denuncia de la hija, su mamá llegó a Medellín procedente del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, y pretendía entregar un paquete con mercurio valorado en $55 millones, que un hombre ya le había pagado a un socio de la mujer. La entrega del producto se pactó para el 21 de junio pasado en el barrio Los Colores. Allí la mujer entregó el paquete y cuando se estaba despidiendo de sus clientes la pararon en seco. Según la Fiscalía, después de verificar la sustancia, el cliente determinó que no era original, y procedió inmediatamente a retener a la vendedora.
Las tres personas, dos hombres y una mujer, llevaron a la vendedora desde Los Colores hasta un inmueble en el Centro. Allí habrían empezado a amenazarla con el fin de extorsionar a su familia para sacarle una millonaria suma. Durante el secuestro, al parecer, los presuntos secuestradores se comunicaron con la hija de la víctima y le exigieron $60 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia; el dinero debía ser entregado al día siguiente a las 11 de la mañana.
Ese fue el momento en el que la hija decidió acudir a las autoridades. El 22 de junio, integrantes del CTI adscritos al Gaula Militar con el apoyo del Ejército Nacional, acompañaron a la hija de la secuestrada a la entrega del dinero. Los presuntos secuestradores creyeron haber finiquitado el crimen y hacerse con el mercurio y $60 millones en cuestión de 24 horas, pero fue entonces cuando vieron cómo agentes del Gaula y uniformados del Ejército los rodearon en cuestión de segundos y los capturaron en flagrancia en la propia vivienda donde mantuvieron retenida a la mujer.
Durante la acción judicial, a los tres capturados les incautaron un paquete que simulaba contener el dinero, tres celulares y un cuaderno con apuntes de negocios relacionados con la explotación minera. Durante las audiencias preliminares ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Diego Alexander Flórez, Jorge Alberto Toro Valencia y Eliceth Cristina Ruiz y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. La decisión fue apelada por la defensa ante la segunda instancia.
También deben responder por el mercurio
En esta caso particular, la víctima no solo podrá hacer borrón y cuenta nueva y seguir con su vida, sino que debe dar explicaciones a las autoridades. Y es que resulta que resulta que la Ley 1658 de 2013 estableció la prohibición gradual del uso de mercurio bajo cualquier circunstancia en Colombia, en todos los procesos industriales y productivos, y definió un plazo ya cumplido de 10 años para que las industrias se acogieran a la ley y de cinco años en el caso de la minería.
Identificando al mercurio como un elemento devastador para el aire, el agua y el suelo que ponen en riesgo los servicios ecosistémicos y la salud de las personas expuestas a la sustancia, tanto de manera directa como indirecta, el Estado estableció que existe responsabilidad directa desde el inicio de la cadena de importación de mercurio y en todas las personas que se involucren en esta. En el país no existen yacimientos de mercurio, por lo tanto, cada gota que de este químico que este metal pesado que está en el país llegó desde el exterior.
Precisamente hace menos de dos meses, la Agencia Nacional de Minería (ANM), presentó a las principales autoridades nacionales y organismos internacionales, el proyecto de Ley que busca penalizar la cadena del mercurio en el país, es decir, la importación, tenencia, almacenamiento, transporte, comercialización y uso indebido de este elemento químico en el país.
Esta iniciativa presentó una propuesta normativa y pretende incluir en el Código Penal Colombiano un nuevo delito ambiental que sancione con penas de prisión y multas ejemplares a quienes promuevan o faciliten el uso ilegal de este elemento en la extracción de oro, ampliamente conocido por sus graves efectos sobre la salud humana, los ecosistemas estratégicos y las fuentes hídricas.
El proyecto se fundamenta en los compromisos asumidos por Colombia en el Convenio de Minamata sobre Mercurio, así como en las graves afectaciones detectadas en zonas mineras donde el uso de este químico ha generado contaminación ambiental, riesgos en la cadena alimentaria y serios problemas de salud en comunidades rurales y étnicas.
“Colombia no puede seguir siendo territorio de impunidad para quienes usan el mercurio de manera indiscriminada. Este proyecto de Ley es un paso decisivo para cerrar la puerta al mercurio en toda su cadena, proteger la vida de las personas y nuestros recursos naturales, y garantizar el derecho a un ambiente sano”, señaló Luis Álvaro Pardo Becerra, presidente de la Agencia Nacional de Minería.
La iniciativa de ley incluye penas de 60 a 84 meses de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan la normativa, con agravantes cuando las conductas afecten zonas de protección ambiental, ecosistemas estratégicos o comunidades vulnerables. La propuesta excluye de esta penalización a quienes usen el mercurio con fines científicos, médicos o industriales debidamente autorizados.
Con esta medida, Colombia se suma al esfuerzo global por eliminar el uso del mercurio, tal como ya lo han hecho países como México, Perú, Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea, quienes avanzan en normativas estrictas y sanciones contra este contaminante.
La implementación de este proyecto de Ley también permitirá enfocar acciones concretas en los principales territorios con presencia de mercurio, como los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Chocó, Caldas, Risaralda, Huila, Cauca y Nariño, donde se busca proteger a las comunidades y los ecosistemas de los impactos generados por este elemento químico.
En Antioquia, trece municipios de Antioquia figuran en el mapa caliente de 83 sitios con potenciales impactos por contaminación con mercurio en el país. Desde que Colombia suscribió el convenio Minamata hace más de una década, se conoce que el país es el tercero en el mundo que más derrama mercurio, solo superado por China e Indonesia.
Un informe de la World Wildlife Fund –WWF– concluyó en 2019, cuando el país ratificó la firma de Minamata para cerrarle totalmente el paso al mercurio, que el tráfico desde China se disparó.
La mayor parte del mercurio que entra al país por Nariño y Putumayo llega hasta Medellín; desde la capital antioqueña se distribuye, generalmente, en botellas de gaseosa hacia el Bajo Cauca, Norte, Nordeste de Antioquia y Chocó.
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