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Minuto a minuto | Miguel Quintero decía a viva voz que controlaba el AMVA, la EDU y Metroparques: testigo de la Fiscalía

En audiencia se define si Sebastián Ortega y Miguel Quintero van a la cárcel. En este contexto, el representante del Área Metropolitana reveló testimonio de presunta implicada en corrupción.

  • Sebastián Ortega y Miguel Quintero, los dos imputados en caso del Área Metropolitana y los bomberos que podrían ir a la cárcel. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    Sebastián Ortega y Miguel Quintero, los dos imputados en caso del Área Metropolitana y los bomberos que podrían ir a la cárcel. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
hace 8 horas
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El representante de las víctimas en el caso de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) argumentará este lunes por qué Sebastián Ortega, uno de los imputados en las últimas semanas, debe afrontar el resto de este proceso penal en la cárcel.

La semana antepasada este fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación, en tanto que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero comenzó a responder por ese mismo delito más celebración indebida de contratos, al igual que el ex subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada. Vanesa Álvarez, quien fue asesora jurídica en la misma entidad fue imputada por presunto interés indebido en contratos.

Sin embargo, la Fiscalía solo pidió medida intramural para Miguel Quintero, en tanto que el abogado del AMVA (entidad que está acreditada como víctima en este caso) la requirió para Ortega.

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El jueves pasado la delegada de la Fiscalía expuso los motivos para privar de la libertad al hermano mayor del exalcalde Daniel Quintero y este lunes el turno será para que haga lo propio el penalista Majer Nayi Abushihab, en la continuación de una audiencia ante el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías.

Conocedores de estos asuntos le indicaron a EL COLOMBIANO que al ritmo que lleva este proceso, lo previsible es que este 21 de septiembre solo alcance el tiempo para esa presentación y probablemente para dejar que la Fiscalía y el Ministerio Público se pronuncien al respecto.

Lo previsible es que el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Miguel Quintero, solicite hablar otro día con el fin de poder hacer una defensa solvente y que esto se lleve varias horas, es decir por lo menos otra sesión. Luego, el juez pediría tiempo para tomar la decisión final acerca de si Quintero y/o Ortega deben estar entre rejas. A continuación le presentamos el minuto a minuto de la diligencia:

6:15 p.m. Abushihab entra en materia sobre la argumentación para pedir la medida de aseguramiento para Miguel Quintero y Sebastián Ortega. Empieza diciendo que hay obstrucción a la justicia, basado en las presiones a testigos, el ofrecimiento de apoderados a otras personas vinculadas y a los propios testigos, accesos no autorizados a información del proceso y al amedrentamiento generalizado hacia los testigos.

Acá detalla que ha habido presiones en especial contra Cadavid, quien es “hoy por hoy el principal testigo”. Desde el 8 de abril se han intensificado las formas como ha sido hostigado mediante ofrecimientos por parte de Sebastián Ortega y Miguel Quintero, acercamientos al núcleo familiar por emisarios de estos, extorsiones hacia él por parte de emisarios a través de la expareja de Cadavid y se habría promovido o iniciado coincidiendo con las audiencias una “campaña mediática y coordinada de desprestigio” contra él, promovida por Daniel Quintero y Esteban Restrepo a través de un medio de comunicación que sería aliado a ellos.

Al momento de la captura de Cadavid, Ortega bloquea a Sara, la hija de Cadavid, mientras que en el pasado hubo una relación cordial, según declaró el exbombero y médico. Empezaron a llegar abogados a la cárcel para coaccionarlo, según él, con el fin de que no hablara. Otro mensaje sería de Sebastián Ortega para decirle que tenía un cupo en la cárcel de La Estrella, que valía 400 millones de pesos, que él ponía 200 millones y Cadavid debía aportar otros 200 millones de pesos.

Cadavid habría compulsado copias para investigar los anteriores hechos, según el abogado Abushihab y en agosto de este año también denunció que un abogado contactó a su exesposa con un mensaje de SO y MQ (dedujo que eran Sebastián Ortega y Miguel Quintero), porque tenían una información sobre unas propiedades que Cadavid había puesto a nombre de ella. Le habrían dicho que estas personas estaban en el Mundial y cuando regresaran quisieran reunirse con ella. “Que ellos estaban muy preocupados con este proceso porque yo estaba hablando más de la cuenta”, declaró Cadavid.

6:10 p.m. El abogado detalló la presunta participación de Ortega en el ilícito: “participó en la reunión donde se vinculó a Misael Cadavid al entramado criminal”, recibió dinero en efectivo proveniente de los contratos” y se habría apropiado de 400 millones de pesos (133 millones para él y el resto para Miguel Quintero).

6:00 pm. “El señor Sebastián Ortega, efectivamente, tenía esa capacidad de interferencia en las entidades de la alcaldía del señor Daniel Quintero y particularmente en lo que se refiere al Área Metropolitana”, dijo Abushihab y asegura con base en lo dicho por una testigo, que incluso desde 2021 Ortega fungía como enlace con Miguel Quintero al que le reportaba Villada. Esto habría ocasionado malestares y problemas.

5:50 p.m. Menciona el abogado que en la parte final de los contratos, cuando faltaba solo el desembolso del 10% final, la llamó Misael a acosarla para que pagara rápido, y que le dijo que “tenía mucha presión de Álvaro”. Álvaro presionaba cuando no se le hacían los pagos a Tenarco, Arca y los bomberos de Itagüí, según dijo en su declaración de una testigo citada por el abogado.

Misael dijo que desde 2020 los pagos se hicieron a Villada y luego, en 2023, a Ortega. Pero también Juan Cardona, el tesorero de los bomberos, ratificó esa versión, igual que el conductor de los bomberos Germán Osorio.

5:40 p.m. El abogado del AMVA expone la amplia “rentabilidad” que habría obtenido el cuerpo de bomberos, algo que ya había sustentado ampliamente la Fiscalía en otras audiencias.

5:30 p.m. El abogado Abushihab señala que hay un patrón común con el que Miguel Quintero, Villada y Ortega operan “en la sombra”. En ello basa la calificación de Ortega como “interviniente especial” en los supuestos hechos ilícitos.

5:20 p.m. Menos de un mes después de posesionada Ana María Roldán, en agosto de 2020, comienza la “feria de contratos” con los bomberos, según Abushihab, quien recuerda el cruce de mensajes entre Misael Cadavid y Janeth Rúa en los que hablan de cómo maquillar los informes de gastos sobre los contratos. En medio de esto salió de nuevo la grabación en la que Cadavid habla en el contexto previo a la campaña suya a la Cámara que “Daniel nos va a colaborar” y le pide a su interlocutor que le haga llegar su “hojita de vida” y asegura que esto casa perfectamente con la firma de varios de los contratos del AMVA con los bomberos de Itagüí.

Asegura que todo sustenta que Daniel Quintero le entregó a su hermano el manejo del Área Metropolitana y que él era reconocido como tal. Además, que Miguel cooptó la entidad, con énfasis en la subdirección ambiental, para controlar la contratación. Igualmente, que este intervino en asuntos propios de la entidad y en particular en los relacionados con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

5:00 p.m. El abogado de las víctimas relata el interrogatorio a Cadavid donde este habla de la importancia de Vanesa Álvarez. También María Janeth Rúa recalcó en este aspecto y la certeza de que era la que estructuraba los contratos con los bomberos de Itagüí, que dependían de la subdirección ambiental, pese a que ella dependía era de la subdirección financiera y administrativa. Igualmente recordó que la testigo con principio de oportunidad también habló de que Villada y Álvarez tuvieron una relación sentimental que duró cerca de un año.

Aclara que Luz Janeth Mejía era líder de prevención de riesgos, y jefe a su vez de María Janeth Rúa.

Dice que toda la contratación de los bomberos se orquestó desde la subdirección administrativa y financiera, pasándose por la faja al ordenador del gasto de esos recursos que era el subdirector ambiental, para entonces en calidad de encargado, Gustavo Londoño.

4:31 p.m. El abogado Abushihab asegura que Cadavid y Ortega también tenían una relación de larga data. Muestra cruces de mensajes entre ambos. En diciembre de 2021, por ejemplo, previo a la campaña de Misael a la Cámara, estos habrían habla de hacerle aportes y Cadavid le pide a Ortega que intercediera ante la administración Quintero para que le mantengan a dos personas.

En enero de 2022, de acuerdo a un chat, Misael le vuelve a decir a Ortega que le ubique a unas personas en la administración. Igualmente le pide a Ortega que le ayude para que le asignen un subcontrato para el mantenimiento de la cancha del estadio Atanasio Girardot.

El 5 de febrero de 2022 Misael le agradece su apoyo a Sebastián.

La relación entre Miguel y Sebastián estaría demostrada, entre otras, por el testimonio de Misael, quien habla de que Sebastián estuvo en las reuniones y que “siempre estuvo al tanto de las pretensiones que tenía Miguel para conmigo”.

Cadavid le dijo igualmente a la Fiscalía, según Abushihab, de varias reuniones con Miguel Quintero y en particular de una donde este estaba con Sebastián Ortega. “Sebastian Quintero y Miguel Quintero eran muy amigos y siempre conocía de estos pormenores”, dijo Cadavid refiriéndose a los negocios que tenía Miguel con él.

4:12 p.m. Abushihab muetra la foto en la que Miguel exhibe un reloj Rólex y Álvaro Villada le responde: “mero plato, por eso es nuestro jefe”. En este caso, el abogado no le da tanta importancia al valor del objeto como a la expresión de subordinación.

También tarea a colación la declaración de María Janeth Rúa, quien dice que Álvaro Villada era el que reclamaba la plata de las coimas y que cuando Miguel llegaba al Área decían: “Ahí llegó el dueño”.

También Luz Janeth Mejía, otra testigo dijo que en el AMVA, los funcionarios, nuevos y antiguos, hablaban de que allí “se hacía lo que él dijera”, refiriéndose a Miguel Quintero. “Se decía que le habían entregado el AMVA para que decidiera cómo y con quién se contrataba”. Igualmente, esta asegura que los conductores mencionaron en varias ocasiones que “había llegado el hermano del alcalde”, lo que comprueba que Miguel Quintero visitaba la entidad.

También refirió las declaraciones de Misael Cadavid en las que habló de que Miguel Quintero cargaba planillas donde tenía consignada la contratación en el AMVA.

También, Villada le habría entregado a una de las integrantes del tinglado que posteriormente se convirtió en testigo clave, un documento que esta debía “entregarle a la Fiscalía “si esto se pone peludo”, o sea si a él le pasaba algo. Ahí aparece un contrato por $6.900 millones, y coincidiría con un contrato que se hizo en 2022 con Acopy. En el papel se muestra que hacen desgloses donde aparece un 20% y en un cuadro inferior distingue el 14% que sería para Miguel y otro 5% para el recaudador.

3:45 p.m. Muestra el abogado que el 12 de febrero de 2020 Villada envía una foto al grupo “Alternativos sin condón” en el que se ven documentos que hablan de montos en bancos. Le estaría reportando en estado de las finanzas de la entiedad a Miguel Quintero, algo que no se entiende si este no tenía una relación contractual con esa entidad. Posteriormente, en los mismos grupos, figuran mensajes de que “debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana con informes”, según mensaje de Jorge Enrique Liévano. Y Miguel asiente: “Me parece”. Igualmente reportan la realización de “juntas” institucionales y otras “supra” con Mister M (Ese es el remoquete con el que conocían a Miguel Quintero). Hace alusión luego a la conversación en el mismo chat en la que le dicen que se oficialice con Juan David Palacio que les deje montar un comité paralelo para contratación.

En febrero de 2021 mencionan un cruce de mensajes en los que le dan informe a Miguel Quintero sobre la contratación de una funcionaria. Y otro en el que habla del envío de “una bobadita” a Liévano que se haría a través de “Pino”. Juan Pino es otro de los procesados en este caso y, de acuerdo con el abogado, se estarían refiriendo al envío de plata.

En otro mensaje, Villada le dice a Miguel: “Usted necesita una persona de confianza en la ambiental”. Se estaría refiriendo a la subdirección ambiental y el abogado hace hincapié en la palabra “usted”, para referirse de nuevo a que el hermano del entonces alcalde de Medellín era el que mandaba.

Hablan así mismo de la necesidad de cambiar al subdirector ambiental, algo que efectivamente se concretó.

3:15 p.m. El abogado cita el interrrogatorio a una de las testigos con principio de oportunidad, en el que esta dice con relación al entonces alcalde Daniel Quintero: “Sé que le entregó el AMVA, la EDU y Metroparques, porque el señor Miguel Quintero lo decía a viva voz”. Esta añadió que tuvo una reunión en la oficina del director del AMVA, Juan David Palacio, en la que también participó Álvaro Villada y el directivo les dijo que llevaran papeles, que Miguel Quintero había aprobado su nombramiento.

Recordó la relación estrecha que tenían Miguel Quintero y Palacio desde 2012, cuando este último fue parte del equipo de trabajo del primero, quien era concejal de Medellín. Además, que fue Daniel Quintero, unos días después de posesionarse como alcalde de la capital antioqueña, quien postuló a Juan David Palacio para la dirección del AMVA. Villada ejerció su cargo hasta el 22 de septiembre de 2022.

Luego llega al AMVA Vanesa Álvarez, quien había trabajado también durante la gobernación de Luis Pérez y había tenido una relación sentimental con Villada de aproximadamente un año. Inicialmente la vincularon por prestación de servicios mediante un contrato de un año para prestar asesoría al Área en actividades de cobro de cartera, pero después suscribe un segundo contrato en la misma dependencia que mandaba Villada, en junio 17 de 2020, para prestar apoyo especializado a la subdirección administrativa y financiera del AMVA.

La testigo mostró evidencias de la existencia del chat de “Amigos” y otro de “Alternativos sin condón” donde se coordinaban acciones al margen de lo oficial en el Área y Metroparques entre Miguel y sus aliados. Esta relató que Miguel “era el jefe y encargado de darles instrucciones para el funcionamiento de ambas entidades”.

3:03 p.m. El abogado del AMVA menciona un esquema de corrupción que habría operado en Medellín, y a su cabeza, muestra al entonces alcalde Daniel Quintero y su hermano Miguel. Muestra también a Sebastián de Dios Ortega en un puesto importante dentro del tinglado, mediante los negocios que habría hecho con el hermano mayor de los Quintero.

2:40 p.m. Comienza la exposición del abogado del Área Metropolitana para solicitar la medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega. Recordó el delito de peculado por apropiación de 133 millones de pesos en favor propio aparte de que habría actuado para que otras personas obtuvieran de manera fraudulenta montos adicionales. También, las pruebas como los chats, declaraciones de testigos y otros materiales que incriminarían a esta persona.

2:29 p.m. El juez 27 Penal de Medellín, con funciones de control de garantías da inicio a la sesión virtual con el llamado a lista, con el fin de verificar si todas la partes interesadas están presentes en la diligencia. Un delegado de la Fiscalía anuncia que se creó un grupo especial dentro de esa institución para investigar los presuntos hechos de corrupción sucedidos en Medellín en el anterior periodo (2020-2023).

Los posibles argumentos contra Ortega

El caso presente tiene que ver con la realización de seis contratos por un monto total de 17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los cuales se habría pagado una coima de 2.481 millones de pesos.

Amplíe la noticia: Fiscalía salpica a Carlos Trujillo en caso Miguel Quintero: habría enviado al personero de Itagüí a hablar con testigo clave

El caso de Ecopetrol como agravante

EL COLOMBIANO conoció por otras fuentes cercanas a este proceso que el abogado Abushihab traería a colación una denuncia existente, según la cual este hijo de un cuestionado político de Bello habría estado involucrado en otro entramado corrupto relacionado con Ecopetrol.

Resulta que tras la salida de Luis Enrique Rojas, quien era presidente de Hocol, una subsidiaria de la estatal petrolera, el 30 de abril del año pasado, este publicó una carta en la que denuncia una supuesta campaña de persecución, espionaje y hasta amenazas de muerte, derivada de la oposición que les hizo a decisiones que denotaban posible corrupción y falta de rigor técnico, que se materializaron en contratos direccionados.

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Ahí, dice, sería donde entrarían Ortega y el expolicía y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, Juan Mancera. “Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con la Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas.

La mención en otros hechos de presunta corrupción y el supuesto vínculo con grupos armados al servicio de las mafias del narcotráfico harían de Ortega un hombre peligroso para la seguridad de la comunidad y le darían el poder de incidir en el proceso, que son dos de las causas comunes para pedir la privación de la libertad.

Las otras dos son la gravedad de las conductas y la contundencia de las pruebas, así como los indicios de que se pueda evadir, y también en esos dos aspectos recalcaría el abogado del AMVA.

Ortega aparece así mismo en relatos de otros presuntos actos corruptos. Uno fue una reunión en el edificio Salamanca en la cual él y Miguel Quintero habrían ofrecido el lote de Carabineros, que es propiedad del Distrito, a empresarios inmobiliarios; como el predio estaba valorado en $10.000 o $12.000 millones, habrían planteado que les pagaran bajo cuerda otros $33.000 o $35.000 millones.

Igualmente, testigos lo relacionan con las gestiones que terminaron en la venta del derecho a controlar la gerencia y las contrataciones de Afinia (filial de EPM en la Costa), con un pago de entre cinco y ocho millones de dólares.

Y Misael Cadavid ha dicho que el entonces alcalde Quintero estaba enterado tanto del asunto de Afinia como del negociado alrededor de los contratos del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde van once personas imputadas.

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Un frente de ‘ataque’ adicional de Abushihab sería poner de manifiesto el poder económico de la familia Ortega, algo que le facilitaría a uno de sus integrantes ubicarse en cualquier otro país si decidiera escaparse.

El grupo familiar posee varias empresas y tierras, incluida la esposa de Sebastián de Dios Ortega Urán, la cual tiene registrado un apartamento de cerca de 2.500 millones de pesos y estaría vendiendo un lote en el occidente antioqueño. Lo curioso es que todas las empresas a nombre del actualmente imputado figuran en proceso de liquidación, algo que es indagado por las autoridades.

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Preguntas frecuentes sobre caso AMVA

¿Cuándo se define si Sebastián Ortega irá a la cárcel por el caso del AMVA?
La decisión no necesariamente se conocerá este 21 de septiembre de 2026. Según la nota, ese día el abogado del AMVA sustentaría la solicitud contra Ortega y podrían intervenir la Fiscalía y el Ministerio Público; posteriormente, la defensa de Miguel Quintero podría pedir otra sesión y el juez tendría que tomarse un tiempo para decidir.
¿Por qué el AMVA está pidiendo cárcel para Sebastián Ortega?
El abogado que representa al AMVA como víctima argumentará que existen razones para imponerle una medida de aseguramiento intramural. Entre ellas estarían el riesgo de que Ortega se evada, su posible capacidad de influir en el proceso, la gravedad de las conductas investigadas y la existencia de elementos de prueba que, según la representación de las víctimas, respaldarían la solicitud.
¿Qué diferencia hay entre la solicitud de cárcel para Sebastián Ortega y la de Miguel Quintero?
La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento intramural para Miguel Quintero, mientras que la solicitud de cárcel para Sebastián Ortega fue planteada por el abogado del AMVA, entidad reconocida como víctima dentro del proceso. La nota señala que ambos pedidos serán objeto de análisis judicial.

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