Las organizaciones comunales del Oriente antioqueño elevaron su voz de protesta ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional para autorizar $121.000 millones en obras que esperan realizarse en esa región del departamento con los excedentes de Devimed.
El reclamo fue formulado a través de una carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que esas organizaciones ciudadanas señalaron no entender la renuencia del gobierno central a darle luz verde a un paquete de obras clave para ese territorio.
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“Las comunidades, líderes territoriales, representantes comunales y actores sociales manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la incertidumbre que hoy existe sobre la ejecución de las obras priorizadas en los corredores concesionados de Devimed S.A., pese a que los recursos están disponibles, los diseños fueron desarrollados y varios municipios avanzaron en procesos prediales y técnicos necesarios para su materialización”, reclamaron las organizaciones.
En la comunicación, dirigida al vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Gamaliel Uparela Brid, los líderes comunales recordaron que en caso de que ese proceso no se concrete con celeridad, los millonarios recursos que ya fueron recaudados, y en su mayoría fueron aportados por conductores del mismo departamento y de esa subregión, podrían quedar en el limbo o incluso ser gastados en otras zonas del país.
Las juntas de acción comunal apuntaron además no ver lógico que un paquete de obras que ya fue concertado con la comunidad, que fue socializado y que incluso ya ha sido respaldado por varios municipios con gestiones prediales esté varado por culpa de asuntos administrativos del Gobierno Nacional.
“Resulta especialmente preocupante que proyectos que ya fueron concertados, priorizados y estructurados, y cuya ejecución había sido anunciada públicamente mediante declaraciones oficiales y de manera documental a través del radicado No.20263110135811 del 16-04-2026, hoy enfrentan el riesgo de no ejecutarse por falta de decisiones oportunas. Más aún cuando estos recursos han sido aportados durante años por los usuarios de las vías, precisamente con la expectativa de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el territorio”, agregaron.
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La incertidumbre por las obras financiadas con los excedentes de Devimed se hizo pública a comienzos de este mes de mayo, luego de que alcaldes como los de Marinilla y Rionegro expresaran su consternación ante la renuencia del Gobierno Nacional para firmar un otrosí necesario para autorizar el inicio de los proyectos.
Julio César Serna, alcalde de Marinilla, explicó, por ejemplo, que el director de la ANI ya había participado hasta tres veces de mesas técnicas con los alcaldes del Oriente, en las que se había abordado a profundidad las obras a iniciar, pero dicha entidad venía dándole largas a firmar un otrosí para autorizar los trabajos.
Dentro de las obras que están contempladas en ese paquete está un intercambio vial en Rionegro, a la altura de la Clínica Somer, que tendrá un valor de $45.999 millones y que es clave para descongestionar la movilidad no solo en Rionegro, sino en el ingreso a otros municipios del altiplano.
También hay otro intercambio vial ubicado en la zona de acceso de embalses, que comprende componentes como un paso a desnivel y varios lazos de acceso entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guatapé-El Peñol. Este intercambio tendría un valor aproximado de $44.413 millones.
“Esa obra es fundamental porque los dos cuellos de botella hoy para la vía Marinilla-El Peñol-Guatapé son la entrada a El Peñol y la entrada a Guatapé. Con esta obra estamos solucionando el primer cuello de botella, que es la entrada a Marinilla, donde el retorno genera congestiones de dos, cuatro y hasta seis horas. Por ese sector pasan al año más de 4 millones de vehículos, un promedio de 70.000 mensuales. En Semana Santa llegaron a pasar hasta 140.000 vehículos”, explicó el alcalde Serna, resaltando la importancia de la obra.
En la lista de obras, que en total suman $121.692 millones, también está un retorno a desnivel para el municipio de San Vicente, un paso a desnivel en el sector La Mosquita que beneficiará a la vía al aeropuerto, un retorno en el sector San José y dos pasos peatonales en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de los sectores de San Antonio y El Cordobés.
“No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, había expresado por su parte el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.
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En su comunicación enviada a la ANI, las juntas de acción comunal tildaron como “contraproducente” que por diferencias ideológicas se esté dilatando el inicio de proyectos que llevan años discutiéndose y que ya han sido estructurados pensando en el interés general.
Por esta razón, los líderes sociales le pidieron a la ANI explicar con claridad en qué van las decisiones para destrabar esos proyectos, priorizar con urgencia alternativas jurídicas y abrir un espacio de diálogo en el que el tema se discuta.
Dentro de la lista de firmantes, se reseñó en el documento, hay cerca de 1.120 organismos comunales de primer nivel y 27 asociaciones comunales, de los municipios de Sonsón, Argelia, Nariño, San Francisco, San Luis, Granada, Cocorná, San Carlos, San Rafael, Guatapé, El Peñol, Alejandría, Concepción, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Carmen de Viboral, La Unión, El Retiro, Abejorral, La Ceja, Rionegro, Marinilla y Guarne.
“Invitamos respetuosamente a la reflexión y a reconsiderar esta decisión a la mayor brevedad posible, entendiendo que avanzar en el proceso de liquidación del Contrato de Concesión 275 de 1996 sin la firma de los instrumentos requeridos podría ocasionar la congelación de los recursos por un periodo indeterminado y, eventualmente, la no materialización de proyectos fundamentales para la región”, agregaron.
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