El padre Gabriel Mejía es una celebridad. Fue el primero en fundar en Colombia comunidades terapéuticas para recuperar adictos hace más de cuatro décadas, y presidió hasta el año pasado los Hogares Claret, cuya misión es justamente la rehabilitación de quienes han caído en el infierno de las drogas y el alcohol, y de menores de edad con problemas legales.
Hoy en día tiene 82 años y la salud algo frágil, y se manifiesta indignado por lo sucedido el 4 de diciembre, cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) montó un operativo con un ejército de funcionarios y alrededor de 50 antimotines para desalojar a 29 pacientes en recuperación y cinco integrantes del equipo de apoyo de la finca Calandaima, en el sector de San Lucas, de El Poblado. Hasta ambulancia había, como si vaticinaran que la jornada iba a dejar heridos.
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La junta había decidido resistirse al desalojo, pero al ver la magnitud de la amenaza, el director de la fundación, sacerdote Víctor Gómez, los dejó pasar, si bien manifestó su desacuerdo. Ahí comenzaron las peripecias para empacar el mobiliario y conseguir un bus que llevara a los pacientes a otra sede de Hogares Claret. Hacia las once de la mañana ocurrió algo que, según el padre Gabriel, sobrepasó su paciencia: el coordinador de la SAE subió a la casita de la parte alta de la finca, donde viven él y otros cuatro sacerdotes que dirigen la fundación, y llamó a la puerta con tono imponente. Iba acompañado de otras dos personas y de dos guardias de seguridad. Luego, los vigilantes hurgaron por los rincones, incluso entrando a los dormitorios de los religiosos, según el sacerdote.
Entre tanto, el funcionario de la SAE le dijo al padre que venía a darles unas órdenes.
—Está muy equivocado —fue la respuesta del padre. El breve diálogo se interrumpió luego de que el hombre le reiteró que también ellos debían salir y este le cerró la puerta.
—Usted me perdona, pero yo de aquí no salgo, porque usted está incumpliendo la ley— fueron las últimas palabras del religioso.
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Después vendría la llamada de una juez que ordenó suspender el lanzamiento en virtud de una medida cautelar mientras se fallaba de fondo una acción de tutela para salvaguardar los derechos a la dignidad humana de los sacerdotes, lo mismo que el derecho a la justicia y al debido proceso para la fundación. Eso evitó que los curas tuvieran que salir. Pero la SAE no reversó la toma, pues desde entonces la finca es cuidada por vigilantes privados que controlan quién entra a la casa de los curas claretianos. Esa misma tarde, hacia las 5:00 p.m. subieron tres hombres; un avaluador que tomó fotos y dos que serían posibles clientes para el valioso terreno de más de 40.000 metros cuadrados.
20 años sin pedir cuentas
El padre Gabriel relata que en 1994 lo llamó el director de la dirección de lucha contra las drogas para contarle que había conocido de su labor y que como el espíritu de la ley de extinción de dominio era usar los bienes de los narcos para reparar a las víctimas, tenía la intención de proporcionarles varios inmuebles. A la semana siguiente, les entregaron el Edificio Ovni; la finca El Bizcocho, donde residió un capo, más otra donde permanecían guardaespaldas, cerca de Las Palmas; otra propiedad cercana a Oviedo, y Calandaima.
Aunque un miembro de la junta le insistió en que no aceptara la finca de San Lucas, porque un bombazo le había dejado la piscina reventada y lesiones profundas a la edificación central, que para completar había sido saqueada, él terminó por recibirla mediante un “comodato precario”, cuya característica es el endoso sin costo y sin término fijo de devolución. Hizo las preparaciones y construyó la casa que hasta ahora les ha servido de morada a él y los otros cuatro curas.
Según él, todo marchó bien, mandando informes anuales a Bogotá de la labor que se hacía, así como del mantenimiento y pago de servicios; y recalca que en 20 años nadie del Gobierno Nacional preguntó nada, hasta cuando les notificaron que había culminado el proceso de extinción y el bien quedaba en el inventario de la SAE. Además pedían informes de la situación del bien porque aparentemente no había archivos.
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Luego, en 2017 o 2018 –el padre no lo recuerda bien– llegó otra carta diciendo que había una cuenta de $2.500 millones en impuestos y que la fundación debía pagarlos.
–Yo les dije: “Cómo voy a pagar yo un impuesto de otra gente aquí”, porque como que nunca habían pagado; además nosotros no estamos en capacidad, pero nunca volvieron a decir nada –apunta el padre.
Luego de otro silencio absoluto, según el sacerdote, en noviembre de 2024 la SAE les envió otra comunicación reclamando la propiedad y él escribió pidiendo una cita para que le explicaran los motivos y, si era posible, llegar a algún acuerdo.
Como no hubo respuesta, fueron directamente a la sede seccional de la SAE, en Medellín y relata el padre Gabriel que los recibió un funcionario joven, grosero e intransigente que lo único que les reiteró antes de que ellos salieran molestos fue que la propiedad era del Estado y, si querían, podían hacer un trámite para que se las asignaran.
En noviembre pasado a los sacerdotes les llegó la carta donde les notificaban que el 4 de diciembre a las siete de la mañana se haría el lanzamiento y advertían que si no salían por sus propios medios, la Policía los obligaría.
Tenían la tranquilidad de que no debería pasar nada, que podían hacer valer derechos adquiridos en 32 años de posesión y por la inversión cercana a los $2.000 millones que hicieron. Otro elemento que consideraban iba a jugar a su favor son las cartas con las cuales comprueban que pidieron varias reuniones y que no obtuvieron respuesta.
No obstante lo anterior, tanto la SAE como el delegado de la Personería de Medellín que asistió a la diligencia aseguran que en ella no se cometieron atropellos y que así lo demuestran videos.
Además, la Sociedad de Activos, desde su sede en Bogotá, le contó a EL COLOMBIANO una historia diferente, a través de un texto que hizo llegar, al ser preguntada por el tema. Aseguraron que este trámite no fue intempestivo y que en 2022 hicieron una visita en la que evidenciaron incumplimientos como la rendición mensual de cuentas por lo que los conminaron a resarcirse.
El padre Gabriel dice que sí les hicieron varias visitas y tomaban fotos pero nunca les hicieron requerimientos. La SAE menciona también una mesa de trabajo del 4 de agosto de 2023 para hablar de los presuntos incumplimientos y del pago del predial vencido y que al final habría concluido con la determinación de quitarle a Hogares Claret el manejo de la propiedad. Pero de nuevo el sacerdote dice que ese escenario nunca existió y lo asimila con la cita fallida en la que él y los miembros de junta habrían salido desconcertados. Igualmente la SAE cita una resolución del 10 de enero de 2024 en la que “se remueve el destinatario provisional y se dispone a ejercer la administración directa de un bien” y asevera que en los dos últimos años emprendió distintas acciones, como visitas y comunicaciones, invitando a la fundación a entregar el inmueble de forma voluntaria.
Al respecto, el fundador de los Hogares Claret dice que no conoció ninguna resolución y que justamente cuando les hablaron de la orden de entrega y que si querían podían hacer una solicitud para que les asignaran la finca, pidieron varias veces una reunión para dar sus razones, sin obtener respuesta.
Para finalizar, la SAE reconoce que “si bien el accionar de Fundación Hogares Claret en la atención a población con problemas de consumo de estupefacientes es loable”, pero a renglón seguido apunta que esto no se hace de manera gratuita y que se está aprovechando de manera gratuita de un activo del Estado para beneficio privado.
Una afirmación que el padre Gabriel califica de “infamia”, ya que en el 95 por ciento de los programas de la fundación no se cobran.
El jueves, 18 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín negó la tutela interpuesta por los sacerdotes y aunque de inmediato los abogados prepararon la impugnación, una decisión al respecto quedaría en stand by hasta enero o febrero y por eso dan por descontado que la SAE aprovecharía para hacer el desalojo de los sacerdotes en plenas festividades de Navidad y Año Nuevo de la vivienda que ellos mismos construyeron.
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