El Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte, fijó para el próximo lunes 23 de febrero una audiencia pública contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la que esta deberá responder por su papel en el polémico “tarimazo”.
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El proceso judicial se centra en los hechos ocurridos el sábado 21 de junio de 2025 en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín, fecha en la que la poderosa parlamentaria habría participado en la gestión de un acto público que contó con la presencia de varios de los líderes de estructuras armadas del Valle de Aburrá junto al presidente de la República, Gustavo Petro.
El concejal Alejandro de Bedout, una de las voces críticas de ese evento, advirtió que dentro del material probatorio que se analizará en ese espacio se encuentra un delicado oficio dirigido a la dirección del Inpec y firmado por Zuleta, que habría servido para sacar temporalmente de la cárcel de Itagüí a los voceros, de manera presuntamente irregular.
“En dicho documento, la senadora pidió que se permitiera la salida de los delincuentes para participar en un acto público junto al presidente de la República. Mientras el Ministerio Público pide rastrear las resoluciones presidenciales que habrían servido de ‘paraguas’ para este evento, la defensa de Zuleta intenta desviar la atención. El oficio al Inpec demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín”, aseveró el concejal de Medellín.
En el desarrollo de las audiencias, el Consejo de Estado deberá determinar si dicha gestión realizada ante el Inpec y la posterior participación en la tarima constituirían una falta grave de Zuleta.
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Tal como lo denunció en su momento EL COLOMBIANO, ese día en la tarima estuvieron varios jefes del crimen organizado, como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
Mientras la defensa de la senadora se prepara para la audiencia, advirtió De Bedout, el Ministerio Público solicitó por su parte revisar las resoluciones presidenciales que enmarcaron dicho evento, para determinar si existía un amparo legal para el traslado de los reclusos.
Cabe recordar que la solicitud de pérdida de investidura ya había sido admitida por el Consejo de Estado desde agosto de 2025.
Concretamente, a la congresista se la señala de presuntamente haberse extralimitado en sus funciones y hasta de incurrir en tráfico de influencias por presuntamente aprovecharse de su poder para incidir en el traslado temporal de los recluidos a la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra. Esto debido a que los condenados solo pueden abandonar sus centros de reclusión con autorización de un juez.
De acuerdo con el auto proferido por el alto tribunal, la audiencia se realizará de forma virtual desde las 2:30 p. m.
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