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¿Infiltraron ilegalmente la Rama Judicial para conocer avances dentro del proceso contra Miguel Quintero?

La fiscal del caso indicó que una funcionaria de la Fiscalía que no estaba asignada al mismo accedió al expediente y descargó archivos digitales. Audiencia en la que la Fiscalía argumentó por qué el hermano del exalcalde debe ir a la cárcel se suspendió hasta el próximo lunes.

  • Miguel Quintero se juega su libertad en la audiencia que inició este miércoles ante el Juzgado 27 penal de Medellín y continuará el próximo lunes. FOTO: IMAGEN TOMADA DE AUDIENCIA
    Miguel Quintero se juega su libertad en la audiencia que inició este miércoles ante el Juzgado 27 penal de Medellín y continuará el próximo lunes. FOTO: IMAGEN TOMADA DE AUDIENCIA
16 de septiembre de 2026
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Este miércoles hay gran expectativa sobre los argumentos que esgrimirá la Fiscalía con el fin de sustentar por qué, en su concepto, es necesario que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, afronte en la cárcel el proceso que se le sigue por presunta corrupción.

Le recomendamos leer: Miguel Quintero no aceptó cargos y enfrentará pedido de cárcel por presunta coima del Área Metropolitana

Este caso tiene que ver con las movidas presuntamente irregulares para que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) suscribiera seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un monto de 17.656 millones de pesos entre 2021 y 2022. Debido a esto, Miguel Quintero y el ex subdirector administrativo del AMVA, Álvaro Villada, fueron imputados por los presuntos delitos de celebración indebida y peculado, en tanto que la exasesora jurídica de la misma entidad está respondiendo por el primero de estos cargos, y el particular Sebastián Ortega, por peculado.

Según la fiscalía, ellos habrían cobrado una coima que ascendió a 2.481 millones de pesos. De estos, las dos terceras partes habrían sido para el hermano mayor del entonces alcalde de la capital antioqueña, mientras que a Villada le habrían tocado más de $693 millones y a Sebastián Ortega más de $133 millones, según la hipótesis de la Fiscalía.

En la audiencia de este 15 de septiembre, el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías avaló la imputación y la fiscal 40 adelantó que pediría medida de aseguramiento solo contra Quintero Calle. Pero también el abogado de las víctimas, que actúa a nombre del AMVA, anunció que requerirá la misma medida para Ortega.

Como el juez dispuso que la hora límite de la diligencia eran las 6:00 p.m. y ya eran más de las 4:30, la fiscal sugirió que se dejara su sustentación de la medida de aseguramiento para otra jornada, pues calculaba que se iba a demorar más de dos horas.

La nueva cita quedó para este miércoles a partir de las 2:00 p. m. A continuación, el minuto a minuto de la diligencia:

También le sugerimos ver: “Les pusieron abogados para amenazarlos, no para defenderlos”: alcalde de Medellín denuncia presiones a testigos del caso Quintero

7:15 p.m. El juez 27 Penal de Medellín cita a nueva diligencia para el próximo lunes, 21 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m.

7:00 p.m. El delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa, calificó como consistente la petición de medida de aseguramiento requerida por la fiscal del caso.

6:07 p.m. La fiscal invoca también que Quintero sería un peligro para la comunidad y se basa para eso en la gravedad y la continuidad de los delitos que se le imputan. Aseguró que comprometió con su actuar bienes jurídicos como la moralidad de la actuación administrativa al intervenir en contratos y propiciar la apropiación de recursos públicos. Apuntó que este dirigió el esquema corrupto sin necesidad de ostentar un cargo, a través de terceros” y ello hace que ese riesgo se mantenga en el tiempo.

Acá vale la pena recordar que, en su momento, cuando se dio la petición de medida de aseguramiento contra Misael Cadavid y se pretendía pedirla contra el entonces jefe de bomberos de Itagüí, Elkin González, estos trataron de conjurarla renunciando a sus cargos en la entidad de socorro; no obstante, se mantuvo con respecto a Cadavid hasta que un juez le avaló el principio de oportunidad.

5:47 p.m. La fiscal invoca también el riesgo de no comparecencia por parte de Miguel Quintero, dado que la pena alta puede ser un incentivo para evadir la justicia, además de que este tiene solidez económica para irse del país y que el imputado tiene visa de Estados Unidos. Además cita que Migración Colombia registra 18 movimientos hacia el extranjero, especialmente a Panamá y ciudades de EE. UU. como Miami y Orlando, lugares en los que permaneció temporadas largas, desde el periodo en que su hermano fue alcalde de Medellín. Igualmente, él mismo ha dicho que por amenazas decidió instalarse en el istmo.

Así mismo, su capacidad para “actuar por intermedio de terceras personas” es suficiente para valorar el riesgo de fuga”, dijo la fiscal.

También Ortega Urán registra 56 movimientos migratorios correspondientes a 28 viajes, sobre todo en 2024. Miami fue el destino principal, al cual hizo cinco viajes, pero también fue varias veces a panamá, y aunque no fue junto con Quintero, sí lo hizo dentro del mismo periodo en que este habría estado en ese lugar.

5:45 p.m. El abogado Trespalacios apunta que él fue quien se acercó a la fiscal 40 y la pregunta que hizo se basó en anotaciones publicadas en la plataforma de la Rama Judicial y a la cual cualquier ciudadano tiene acceso.

5:15 p.m. La funcionaria judicial menciona los comentarios de Daniel Quintero para descalificar la versión de Cadavid y acusar las actuaciones de la Fiscalía como permeadas por intereses políticos. Esto para decir que sería parte de una estrategia para minar la “moral” del desarrollo del proceso y que sería una manera de interferir en él.

El último hecho de obstrucción, apuntó, es que ha habido múltiples consultas en el Spoa sobre la noticia criminal sobre este caso y descargas de archivos. Una de esas personas, al servicio de la Fiscalía, descargó los archivos digitales, aun cuando estaba en una etapa donde las pruebas no eran públicas. Esto habría ocurrido el 16 de julio, unos siete u ocho días antes de la primera citación a audiencia de imputación. Por ello la fiscal 40 pidió que el hecho se investigue. A eso se une que, según la fiscal, entre el 26 y 27 de agosto, el abogado defensor de Quintero se acercó a su despacho para averiguar si era verdad que se estaban adelantando algunas actuaciones. Ambos hechos permitirían inferir, según ella, que alguien estaría accediendo a información reservada.

5:05 p.m. La fiscal asegura que la misma estrategia de desprestigio que se usó contra Cadavid, se ha empleado contra la otra testigo que está dando información bajo principio de oportunidad.

4:28 p.m. La fiscal recuerda con base en lo anterior los motivos legales para pedir la medida de aseguramiento como la obstrucción al ejercicio de la justicia, que sería claro en este caso. Acá menciona los acercamientos a los testigos, la manifestación de intimidación por parte de los testigos e incluso un mensaje intimidatorio de un abogado (que estuvo vinculado con la alcaldía de Medellín en el periodo de Daniel Quintero) a la pareja de Cadavid venido de “SO” (aparentemente Sebastián Ortega) y MQ (Miguel Quintero).

Así mismo, en el tiempo en que Cadavid estuvo recluído en la cárcel El Pedregal, dice haber recibido 17 visitas de abogados que pretenderían asesorarlo o “dándole consejos” de cómo debía afrontar el proceso penal. Otra visita fue la de Germán Osorio, según la fiscal. En ese mismo periodo, Sebastián Ortega le habría ofrecido tramitar un traslado hacia la cárcel de La Estrella (valía $400 millones) y la asesoría de dos abogados, sin costo. “Yo le mandé decir que yo me ocupaba de mi situación”, dijo Cadavid.

Otro visitante fue el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, supuestamente en nombre de su jefe, Carlos Andrés Trujillo”, ofreciéndome sus servicios.

El abogado Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia cuestionado y cercano a los hermanos Quintero, uno de los juristas que lo visitaron, le habría recomendado no someterse a principio de oportunidad porque eso le hacía “quedar con un montón de enemigos”.

Otra treta para ablandar a Cadavid habría sido el ofrecimiento de dinero a la expareja de Cadavid a cambio de que suministrara información sobre este con el fin de desprestigiarlo. El plan se habría concretado mediante una publicación hecha en un medio de comunicación el 31 de agosto pasado en la que esta aparece denunciando supuesta violencia intrafamiliar durante los doce años que duró la unión marital entre ambos e igualmente menciona que este sería mitómano y sufre desequilibrios mentales, como para desacreditar sus declaraciones, según la fiscal.

También la hija de Cadavid habría sido contactada para ofrecer a través de ella la ayuda para este, aseguró la fiscal 40 anticorrupción.

2:50 p.m. La fiscal adelanta que solicitará medida de aseguramiento con privación de la libertad para Miguel Quintero, “en establecimiento de reclusión”. Para comenzar, indica que las penas que implican los cargos formulados son argumento para pedir esta medida, toda vez que el interés indebido tiene una posible pena de 74 a 216 meses, mientras que el peculado da por lo menos 96 meses, con el agravante de la cuantía comprometida que puede generar un aumento de la condena hasta el equivalente a la mitad de esta.

La funcionaria citó el testimonio de Misael Cadavid como base de la información disponible en cuanto a la relación que existió entre él y otros indiciados en este mismo caso, entre los años 2016 y 2019, cuando convergieron en torno a la Secretaría de Planeación de Antioquia, donde se desempeñaban como funcionarios, generando una relación de cercanía y confianza que se mantuvo en el tiempo.

Cadavid aseguró que entabló una relación también con Carlos Mario Montoya (entonces director de Planeación) y que le cogieron gran aprecio “por múltiples favores” hechos.

También está el testimonio de otra testigo quien detalló que Miguel Quintero era director de Regalías y renunció un año antes para hacerle campaña a su hermano.

Cadavid aseguró que Miguel Quintero lo instó a participar en la campaña de Daniel Quintero, su hermano, aunque este le había manifestado que iba a apoyar a otro candidato, Juan Carlos Vélez. Acordaron sin embargo que le aportaría una cantidad de dinero para publicidad. Para sustentarlo mostró comunicaciones de Whatsapp que hablan de ese apoyo consistente volantes. Igualmente, la fiscalía tiene la conversación en la que Cadavid saluda a Miguel Quintero y le pregunta por la cotización de los volantes (en cantidad de 50.000). Luego, el 3 de septiembre se habla de la entrega de ese material.

Además, la otra testigo le dijo a la Fiscalía en el proceso del Parque de las Aguas que desde diciembre de 2019 Miguel Quintero y Álvaro Villada le propusieron vincularse al AMVA, precisándole que este último sería designado como subdirector administrativo y financiero en esa entidad, aunque ni siquiera se había posesionado Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín.

Los primeros días de enero se comunicó con esta un funcionario del Área para solicitarle los papeles respectivos, aunque ella solicitó que hablara con Miguel Quintero para que mejor le dieran un empleo como funcionaria vinculada de manera directa, debido a la diferencia en cuanto a garantías laborales que esto implicaba.

El 22 de enero, Villada fue nombrado, lo cual es concordante con lo dicho por la testigo. Y recuerda la fiscal que fue Daniel Quintero quien postuló a Juan David Palacio para director del Área Metropolitana.

En abril de 2020 removieron al subdirector del área ambiental y luego posicionaron allí a dos funcionarias que eran conocidas previamente por Miguel Quintero y habrían resultado esenciales para la suscripción posterior de los contratos que hoy son investigados.

Los chats que obran en el proceso mostrarían cómo el hermano del entonces alcalde de la capital antioqueña dirigía las operaciones de enganche de esas funcionarias y era informado de los movimientos que se daban al respecto.

Diana María Montoya, una de las subdirectoras ambientales en ese periodo, habría sido cercana al entorno de Miguel Quintero (habría sido novia de Miguel Quintero en la infancia) y a Ana María Roldán (esposa de un amigo de los Quintero en el barrio Tricentenario) la recomendó el abogado Edison López, conocido como “Chano”, según dijo la testigo.

Y previo a la realización de los contratos se concretó una reunión para fijar una rebaja en la coima del 20 al 15%, según dijo Cadavid en su interrogatorio.

Cadavid habló de una reunión en el centro comercial El Tesoro y en una tienda por Las Palmas, con Miguel Quintero, donde este le propuso que si le “interesaba adelantar un proceso de capacitación con los bomberos”, y le dice que se reúna con Alvaro Villada. Luego dice que esa reunión se hizo con Villada y Vanesa Alvarez en el área Metropolitana, y le manifiesta que Miguel Quintero les había hablado del negocio.

“Hermano, eso hay que dar el 20%”, le habría dicho Villada y este le ripostó que no podría decirle sin hacer una estructura de costos; le ofreció el 10% y finalmente negociaron un 15%.

A los dos meses del primer contrato se celebraron otros dos contratos, también con el 15% de coima, de acuerdo con el testimonio de Cadavid.

Recordó la fiscal que a Miguel Quintero lo reconocían como “Mister M”, “Miky” y “mi jefe” y trajo a colación intercambios de mensajes en los que Villada le pedía concepto al hermano del alcalde sobre algunos nombramientos. Y sería tanta la incidencia de Quintero Calle que constantemente hacía presencia en la sede del Área Metropolitana, como lo corrobora la testigo con principio de oportunidad además de la versión de María Janeth Rúa.

“Cuando llegaba Miguel decían, ahí llegó el dueño de la entidad, paraban el ascensor, se bajaban en el segundo piso y seguían para la dirección”, dijo Rúa.

Sobre los pagos, la fiscal dice que tiene los reportes de las cuentas de los bomberos, donde se ven los cheques firmados por Cadavid y Juan Alberto Cardona, el extesorero y excontador de los bomberos de Itagüí que ya se sometió a sentencia anticipada.

A Germán Osorio, conductor de Cadavid, le habrían expedido cheques por cuantías no superiores a 50 millones y que en total habrían sumado más de 944 millones de pesos. A su vez, este los cambiaba y se los entregaba a su patrón, quien tenía una caja fuerte en su oficina y luego los remitía a los destinatarios de las coimas. De acuerdo con Cadavid, normalmente el destinatario era Villada, personalmente, o un conductor suyo a quien conocía como Pablo.

Para el 2023, por directriz de Miguel Quintero, las entregas fueron a Sebastián Ortega, de acuerdo con el testimonio de Cadavid. También se habría realizado una reunión en el edificio Salamanca, con el mismo propósito. Esta edificación fue mencionada igualmente en el proceso del negociado que se pensaba hacer sobre el lote de Carabineros, en el que Miguel Quintero y sus allegados se pensaba quedar, de acuerdo con testimonios, con 33.000 a 35.000 millones de pesos.

El propio Miguel Quintero le habría dicho a Cadavid en 2023 que ya el intermediario que recogería el dinero sería Ortega.

“El señor Miguel Quintero era el que direccionaba la contratación del Área Metropolitana (...) siempre fue Miguel Quintero”, dijo Cadavid.

Las conversaciones de Villada con Cadavid en 2021 denotaban que había celos porque Miguel ya prefería a Ortega y se mantenía con él.

2:40 p.m. El juez 27 Penal de Medellín, con funciones de control de garantías instala la sesión con el llamado a lista para constatar que hayan asistido las partes. Luego, le da la palabra a la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública para que sustente su petición de medida de aseguramiento contra Quintero.

Lo normal es que la privación de la libertad se pide por varias razones: por la contundencia de las pruebas, porque el indiciado puede afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape.

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