La Superintendencia de Transporte tiene contra las cuerdas a cuatro municipios del departamento luego de poner a tambalear más de 7,5 millones de fotomultas en todo el país. En Antioquia el caso podría dejarle un hueco de hasta $263.226 millones a los municipios de Medellín, Itagüí, Sabaneta y Bello, quienes no solo tendrían que revocar varias multas que aún están en mora, sino meterse la mano al bolsillo para pagar una onerosa devolución en favor del Gobierno Nacional.
Mientras la mayoría de los entes territoriales aún son cautos para referirse al tema, señalando estar evaluando las implicaciones del proceso anunciado por la Nación, están desde ya lidiando con la amenaza de descuadrarse en sus presupuestos.
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“Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez esta semana. “Vamos a analizar todo esto. Ningún cobro puede ser irregular, pero tendremos que mirar la notificación, a qué se refieren y cuáles serían los casos”, agregó, siendo el único mandatario que habló sobre el tema.
Lo que se sabe hasta ahora
La explicación por ahora más completa de lo que se vendría con dichas fotomultas fue la entregada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, quien señaló el martes que el proceso consiste básicamente en una investigación administrativa abierta a 37 organismos de transporte en el país por la Superintendencia de Transporte.
En los términos expresados por la funcionaria, dicho proceso apenas está comenzado y se centra en determinar si en por lo menos 12 ciudades esos sistemas habrían operado pasando por alto requisitos legales.
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Uno de los puntos más sensibles se asocia a posibles irregularidades con un concepto de desempeño previo que exige la ley antes de que dichos sistemas de fotodetección entren en operación.
En términos sencillos, dicho concepto consiste en un proceso de certificación a cargo del Instituto Nacional de Metrología, en el que se garantiza que los sistemas de fotodetección son precisos y tienen todos sus instrumentos de medición en orden.
Según la Superintendencia, Medellín, Itagüí y Bello harían parte de un grupo de 13 municipios que habrían sacado esa certificación después de empezar a operar, dejando abierta una ventana de tiempo en la que las fotomultas presuntamente no serían válidas.
Mientras en Medellín ese periodo va desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 28 de abril de 2020; en Itagüí va del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020; y en Bello iría del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020.
El caso de Sabaneta es diferente. Según el Mintransporte, haría parte de un grupo de siete municipios que habrían operado el sistema con un concepto expedido a un tercero. En Sabaneta, el periodo susceptible de revisión va desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 21 de noviembre de 2024.
Lo que ha explicado el Ministerio de Transporte es que solamente los comparendos expedidos durante ese periodo son aquellos que están siendo objeto de revisión y son sobre los que habría dos caminos, en caso de que se confirmen las presuntas irregularidades que se evalúan en la investigación administrativa aún en curso.
En el caso de aquellos comparendos que no han sido cobrados, cada Secretaría, de forma autónoma y sin consultar con los infractores, debería revocarlos de oficio.
En Medellín, esos comparendos a revocar serían 570.315; en Itagüí, 40.244; en Bello, 90.374; y en Sabaneta, 25.8117 comparendos.
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En el caso de aquellos que ya fueron pagados por los usuarios, el Ministerio indicó en su comunicado que podrían ser objeto de “devolución” conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
De acuerdo con el texto de esa norma, no se trataría de una devolución individualizada a cada ciudadano, sino de una multa en favor de la Nación, ya que allí se establece que, en caso de encontrarse incumplimientos en la instalación de las ayudas tecnológicas, las autoridades de tránsito infractoras podrían ser sancionadas con una “multa equivalente al doble del valor recaudado”.
Por esta razón, los cálculos del Ministerio muestran que si Medellín recaudó en ese periodo $62.415 millones por comparendos presuntamente irregulares, la Nación le impondría una multa por el doble; es decir, $124.830 millones.
En la norma referida se aclara además que “los recursos provenientes de la multa prevista en el presente artículo” entran “a formar parte del presupuesto de la Superintendencia de Transporte”; es decir, que entrarían a las arcas del Gobierno Nacional y no de los infractores.
No obstante, ambos escenarios solo quedarían materializados cuando concluya la investigación abierta por la Superintendencia. A nivel nacional, la cuenta del Gobierno es que, como los comparendos investigados fueron por $1,05 billones, la multa a su favor sería de $2,1 billones.
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