La expectativa se mantiene en torno a cómo evolucionará el proceso penal que más ha logrado enredar al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, referente al escándalo del megalote de Aguas Vivas. Acá también están comprometidos otros nueve exfuncionarios y tres personas particulares.
El caso había evolucionado más allá de la imputación de cargos a los trece presuntos implicados, pero el pasado 14 de julio la juez de conocimiento asignada declaró la nulidad de las imputaciones y este 6 de agosto se esperaba que la misma funcionaria resolviera una apelación que la Fiscalía y la Alcaldía interpusieron ante esa decisión.
La diligencia fue citada para las 8:30 am, sin que se presentaran Quintero -actual superintendente de Salud- y otros imputados.
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Este caso se originó en la entrega de la finca Aguas Vivas por parte de particulares a la Alcaldía y en calidad de compensación por obligaciones urbanísticas futuras. Esto sucedió en diciembre de 2019; sin embargo, tan pronto se posesionó Quintero en la alcaldía, aconteció una cadena de hechos que buscaban cambiar los términos de esa cesión.
En junio de 2020, el terreno fue declarado como estratégico para construir el llamado Valle del Software, el proyecto bandera de la administración Quintero, y simultáneamente comenzaron a pedir que les dejaran una parte para generar proyectos particulares; Posteriormente, se trató de buscar que la Alcaldía los compensara con más de 40.000 millones de pesos, una cantidad que resultaba exorbitante considerando que el avalúo estaba en unos 3.200 millones y que el lote tenía limitaciones para su uso urbanístico. Ninguna de esas opciones prosperó debido a la oposición de organismos de control y de funcionarios de carrera.
Posteriormente, se los devolvieron a los anteriores dueños y finalmente, Quintero y su secretario general firmaron un decreto que ampliaba las posibilidades de aprovechamiento.
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La teoría de la Fiscalía es que en todo ese proceso hubo una especie de confabulación para favorecer a particulares, en detrimento del interés de la ciudad.
Quintero ha estado respondiendo por presunto peculado por apropiación y prevaricato, mientras que su exsecretario general, Fabio Andrés García, lo hace por prevaricato.
Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
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Además hay tres particulares, dueños de Aguas Vivas, como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
No obstante, en su audiencia de hace tres semanas, la juez 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento concluyó que la Fiscalía no fue clara con la manera en que cada uno de ellos habría participado en los supuestos ilícitos. Y justamente la exposición del representante de la Fiscalía este jueves se centró en argumentar por qué la operadora judicial, a su parecer, se equivoca.
Se centró en recordar los apartes concretos del texto de imputación en los que se refirió a cada uno y cómo desde su función como funcionarios habrían accionado para que particulares obtuvieran un beneficio.
Como ya pasaban de las once de la mañana y la cita estaba pactada apenas hasta el mediodía, el abogado que representa a la alcaldía en calidad de víctima pidió que se suspendiera debido a que su exposición demandaba más tiempo.
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La solicitud fue acogida y, en consecuencia, la audiencia comenzará el próximo 20 de agosto (jueves) a partir de la 1:30 pm Allí también tendrán su tiempo los defensores de los 13 imputados y posteriormente, se espera la determinación de la juez.
Si esta acepta la alegación, el caso pasa al Tribunal Superior de Medellín para que este falle de fondo acerca de si hay o no lugar a la nulidad.
En caso de ser aprobada, esa nulidad no significa que los presuntos implicados se declaren automáticamente inocentes, sino que la Fiscalía debe ajustar la imputación de cargos de acuerdo con los requerimientos formales de los jueces.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué se anuló la imputación de cargos en el caso Aguas Vivas?
- La juez 22 Penal del Circuito de Medellín declaró la nulidad de las imputaciones al considerar que la Fiscalía no explicó con suficiente claridad la forma en que cada uno de los 13 procesados habría participado en los presuntos delitos. La decisión se refiere a un aspecto formal del proceso y no determina si los imputados son culpables o inocentes.
- ¿Qué pasará después de la audiencia del 20 de agosto en el caso de Daniel Quintero por Aguas Vivas?
- En la continuación de la audiencia intervendrán los abogados defensores de los 13 imputados y posteriormente el juez decidirá si mantiene o revoca la nulidad. Si acepta los argumentos de la apelación, el expediente pasará al Tribunal Superior de Medellín para que resuelva de fondo si la nulidad procede o no.
- ¿La nulidad de la imputación significa que Daniel Quintero y los demás procesados quedaron absueltos?
- No. La nulidad no implica una absolución ni el cierre del proceso penal. Si la decisión queda en firme, la Fiscalía deberá corregir la imputación de cargos conforme a las exigencias planteadas por los jueces y continuar el trámite judicial.
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