Una estructura estaría dedicada a destruir las torres y demás infraestructura de las redes de Claro para quitarles todos los elementos de valor y comercializarlos en el mercado negro. En medio de la investigación y tras 22 hechos delictivos, las autoridades capturaron a 14 personas que harían parte de esta banda, las cuales fueron judicializadas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “estas personas mediante el uso de herramientas como pulidoras, cizallas, mazos, almádanas, barras, entre otros elementos, al parecer, ingresaban de manera irregular a los lugares para hurtar baterías de litio y plomo, cables de cobre y plantas eléctricas”.
Estos hechos delictivos, según Claro, representaron pérdidas superiores a los 1.000 millones de pesos, no solo por el valor de los equipos hurtados, sino por la reparación y recuperación de la red para que los servicios de telecomunicaciones no se vieran afectados drásticamente.
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“Las consecuencias para la población fueron significativas. En zonas urbanas y rurales de Antioquia se registraron interrupciones temporales del servicio móvil, impactando a ciudadanos, instituciones educativas, centros de salud, estaciones de Policía y dependencias judiciales”, expresaron desde esta compañía de telecomunicaciones.
Los daños a las redes de telecomunicaciones se registraron en Medellín, Entrerrios, Rionegro, San Jerónimo, Rionegro, Caucasia, Mutatá, Caldas, Amalfi, Fredonia, Briceño, Zaragoza, San Vicente de Ferrer, Heliconia, Concepción, La Estrella, Santa Rosa de Osos y Bello.
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Por estos hechos fueron procesados Dubán Estiben Saldarriaga Caro, Medardo de Jesús Jaramillo Álvarez, Juan David Echeverri Giraldo, Luis Alberto David Uribe, Sebastián Giraldo Atehortúa, Guillermo José García Zabaleta, Hernán Darío Zapata López, Yeferson Hincapié Henao, Juan Calos Londoño González, Adrián Antonio Guisao Serna y Juan Diego Uribe Zapata.
A todos ellos les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, a los cuales no se allanaron ante el juez de control de garantías. Sin embargo, seis de ellos fueron enviados a prisión, cuatro más les dictaron medida de detención domiciliaria y los restantes continuarán el proceso en libertad.
Pero más allá del proceso judicial, desde Claro aseguraron que las investigaciones continúan en chatarrerías y establecimientos dedicados a la instalación de sistemas energéticos alternativos para definir si hay alguna responsabilidad en la compra de estos equipos, exclusivos de esta empresa