El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió las alarmas sobre el desarrollo del proceso judicial que investiga presuntos actos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración de Daniel Quintero. En declaraciones a PrimerPlano, denunció que los testigos que han decidido colaborar con la Fiscalía están siendo objeto de amenazas.
”Hoy los testigos contra Miguel Quintero, contra Ortega, contra Daniel Quintero están siendo amenazados. Hemos mostrado imágenes donde están directamente relacionados también con alias “Chano”, que es el abogado de la estructura criminal La Oficina. Toda esa articulación está clara”, afirmó el mandatario.
Según Gutiérrez, el método de intimidación no es directo, sino encubierto: se estarían enviando mensajes a las familias de quienes tienen principio de oportunidad, o incluso asignándoles abogados con una intención muy distinta a la de representarlos legalmente. “No les pusieron abogados para defenderlos, les pusieron abogados para amenazarlos, para que no hablen”, aseguró.
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Uno de los que tiene principio de oportunidad es Misael Cadavid, el entonces jefe de los bomberos de Itagüí, quien fue capturado en octubre de 2025 y ha permitido establecer parte del presunto entramado corrupto. La funcionaria del Área Metropolitana, María Janeth Rúa, quien se desempeñaba como supervisora de contratos, también tiene un principio de oportunidad parcial.
También Laura Mejía, exlíder del programa de Unidad Logística del Área Metropolitana, goza de este beneficio y ha aportado información.
Los tres ya fueron imputados por delitos de corrupción relacionados con el caso.
El primer condenado del presunto entramado es Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador de los bomberos de Itagüí, quien ya se allanó a cargos por falsedad en documento y espera que esta semana, el viernes 18 de septiembre, un juez le imponga la pena correspondiente.
La petición del macrocaso
El alcalde insistió en su petición a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería para que aborden el proceso de manera articulada.
Su argumento es que, sin una mirada conjunta que reconozca la existencia de una estructura organizada detrás de los hechos investigados, será difícil dimensionar la magnitud real del presunto entramado corrupto.
“Si no trabajan con un macrocaso, entendiendo que esto tuvo unidad de mando, que tuvo instrucciones precisas de cómo vendieron todas las entidades públicas de la ciudad a terceros para que fueran administradas aparte de las oficinas públicas, de cómo solo en la alcaldía direccionaron más de un billón de pesos de contratos de manera irregular, sin contar EPM y otras entidades”, afirmó.
Y remató con la advertencia: “Esta gente ya cuando se va viendo con el agua al cuello está amenazando a los testigos y esto puede terminar en tragedia.”
El proceso judicial en curso
La denuncia del alcalde llega en medio de una fase clave del proceso judicial: una persona condenada y al menos una más colaborando bajo principio de oportunidad, y varias más buscando ese mismo beneficio a cambio de información.
Precisamente este lunes 14 de septiembre continuó, a partir de las 3:30 de la tarde, la audiencia de imputación contra Miguel Quintero —hermano del exalcalde Daniel Quintero—, el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada; la exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, Vanesa Álvarez; y Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello.
Los cuatro son señalados por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, en relación con una contratación por 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que la Fiscalía considera espuria.
Según la fiscal 40 anticorrupción, del total del contrato se habría apropiado 2.481 millones de pesos mediante el pago de una “mordida” equivalente a cerca del 15% del valor total. Inicialmente, el monto exigido habría sido del 20%, pero el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, pidió una rebaja que le fue concedida por Miguel Quintero.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida y aplazada para el día de mañana, martes 15 de septiembre, porque los abogados defensores hicieron diversas solicitudes de precisiones al caso que maneja la Fiscalía: desde el tipo penal aplicado hasta las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar en que cada uno de sus representados habría participado en los hechos.
El abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, cuestionó que el delito imputado sea el pertinente, argumentando que el dinero presuntamente apropiado ya hacía parte de las ganancias de un particular, por lo que no se configuraría un peculado, delito que recae sobre bienes públicos. También pidió precisar cómo su defendido dio las instrucciones que se le atribuyen como jefe del entramado y quiénes fueron sus destinatarios.
Los defensores de Villada, Álvarez y Ortega plantearon cuestionamientos similares, centrados en el rol específico de cada uno, la manera en que habrían intervenido en la negociación de la coima, las fechas exactas de su participación y las acciones concretas que se les atribuyen, considerando que ninguno de ellos —salvo Villada— era funcionario de planta del Área Metropolitana.
Ante esas objeciones, el juez declaró un receso y aplazó la audiencia hasta este martes a las 2:00 p.m., para darle tiempo a la Fiscalía de preparar sus respuestas.
Con esto, sería poco probable que esta semana se alcance a discutir la medida de aseguramiento intramural que se espera que pida la Fiscalía sobre los cuatro indiciados.
Un patrón que se repite en el caso Aguas Vivas
Los aplazamientos y los cuestionamientos a la forma en que la Fiscalía redactó sus imputaciones no son exclusivos del caso de los bomberos de Itagüí. Algo similar ocurre en el otro gran proceso judicial que enfrenta el propio Daniel Quintero: el escándalo conocido como Aguas Vivas, por presunto peculado por apropiación y prevaricato.
Ese caso tiene que ver con la entrega que inicialmente se le hizo al Distrito de un predio en la parte alta de El Poblado, como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras —un requisito que deben cumplir los constructores dejando espacio público por cada proyecto que ejecutan—, y la posterior gestión para que se les reconocieran más de 40.000 millones de pesos.
Además de Quintero, están procesados su exsecretario general Fabio Andrés García; ocho exfuncionarios distritales por presunto interés indebido; y tres particulares, dueños de Aguas Vivas, señalados como posibles autores de peculado.
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El pasado 14 de julio, la juez de conocimiento asignada declaró la nulidad de las imputaciones contra los trece procesados, al considerar que la Fiscalía no fue clara sobre la manera en que cada uno habría participado en los hechos.
La Fiscalía y el representante de las víctimas —un abogado de la Alcaldía de Medellín— apelaron esa decisión, y la audiencia para resolver esa apelación ha sido aplazada en dos ocasiones: primero el 6 de agosto, cuando los defensores pidieron tiempo para preparar su argumentación, y de nuevo este 14 de septiembre, cuando el abogado de uno de los procesados presentó una incapacidad médica de último momento. La nueva fecha quedó fijada para el 15 de octubre.
Lea más: Esta es la agenda de audiencias por presunta corrupción que acorrala a exfuncionarios de Daniel Quintero esta semana
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quiénes son los testigos con principio de oportunidad presuntamente amenazados?
- Entre los colaboradores de la justicia figuran
Misael Cadavid (exgerente de los Bomberos de Itagüí),
María Janeth Rúa (exsupervisora de contratos del AMVA) y
Laura Mejía (exlíder del programa de Unidad Logística del AMVA).
- ¿Qué denunció el alcalde Federico Gutiérrez respecto a las amenazas?
- Gutiérrez afirmó que se están enviando mensajes intimidatorios a las familias de los procesados y que se les estarían asignando abogados cercanos a la estructura criminal
La Oficina no para defenderlos, sino para silenciarlos y evitar que entreguen información a la Fiscalía.
- ¿Por qué se suspendió la audiencia de imputación contra Miguel Quintero este 14 de septiembre?
- La diligencia ante el Juez 27 Penal de Medellín se aplazó para el martes 15 de septiembre debido a que los abogados defensores exigieron precisiones a la Fiscalía sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la pertinencia del delito de peculado por apropiación en contratos que sumaban $17.656 millones.
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