Ante un juez de la República fueron presentados cuatro expatrulleros de la Policía aduanera señalados de extorsionar a comerciantes de Medellín para no incautarles mercancías de contrabando.
Según narró la Fiscalía, el caso se remonta a agosto de 2021, cuando los agentes habrían comenzado a merodear por varios establecimientos comerciales de la ciudad para exigir dinero.
De acuerdo con el ente acusador, los oficiales se aprovechaban de su autoridad para intimidar a los propietarios de los negocios y amenazarlos con incautar sus productos por ser supuestamente contrabandeados.
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Los pagos exigidos irían desde los $4 millones hasta los $40 millones, según establecieron los investigadores que le siguieron la pista a los uniformados.
En sus pesquisas, la Fiscalía también logró determinar que los procesados irrumpían en los establecimientos tanto de civil como en uniforme y, al parecer, exigían que el dinero en efectivo les fuera entregado en los baños de los locales, para evitar quedar grabados en cámaras de seguridad.
Presuntamente, las extorsiones se habrían realizado por casi un año, antes de que los policías entraran en el radar de la justicia.
Con ese material probatorio, la Fiscalía formuló ante un juez de conocimiento una acusación en contra de cinco expatrulleros, antes adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
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De acuerdo con la información hecha pública por la Fiscalía, los implicados aparecen identificados como “Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yéssica Marcela Mesa Cárdenas”.
A todos ellos, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública los acusó formalmente del delito de concusión.
Aunque la mayor parte de los procesados están privados de la libertad mientras se resuelve su situación judicial, la Fiscalía señaló que la expatrullera Yéssica Marcela Mesa Cárdenas se encuentra prófuga.
Esta no es la primera vez que exmiembros de la Fuerza Pública son llevados ante la justicia por presuntamente abusar de sus funciones y cometer extorsiones.
En octubre de 2025 se conoció el caso de otros dos patrulleros que fueron privados de la libertad e imputados por concusión presuntamente por exigirle una suma de $2 millones al dueño de un carro del barrio Santa María, en Itagüí.
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Según trascendió entonces, los uniformados le habrían asegurado al ciudadano víctima de la extorsión que el carro aparecía involucrado en un hurto y que incluso podría ser capturado por el delito de receptación.
En aquel entonces se supo que uno de los familiares del ciudadano extorsionado le habría girado el dinero a un padrastro de uno de los patrulleros, quien minutos después le transfirió a su hijastro el dinero a su cuenta.
Fue con ese material que ambos uniformados fueron sorprendidos por uniformados de la Sijín.
De igual forma, en septiembre de 2025, un juez de control de garantías también aseguró a dos uniformados por el delito de concusión, presuntamente por inmovilizar un vehículo de alta gama y pedirle a los ocupantes $8 millones a cambio de no detenerlos, por tener una orden de embargo de un juez civil.
Según estableció la Fiscalía en ese caso, las víctimas se habrían dirigido a un cajero cercano, presuntamente escoltados por los policías, y les entregaron $5,6 millones en efectivo.
El ente acusador estableció que los policías le habrían dejado a las víctimas su número de cuenta bancaria para consignar el dinero restante, pero fueron capturados y presentados ante un juez.
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