El expresidente peruano Pedro Castillo presentó un pedido formal de “indulto presidencial” ante el mandatario interino José María Balcázar, según un documento al que tuvo acceso el diario local El Comercio. La solicitud fue ingresada a la mesa de partes del Despacho Presidencial este jueves a las 14:21 horas y está firmada también por su abogado, Walter Ayala.
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Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló culpable, al considerar que ejecutó actos concretos orientados a quebrar el orden constitucional.
En el documento dirigido a Balcázar, Castillo sostiene que la promesa de otorgarle un indulto “no fue un secreto de Estado”, sino un ofrecimiento “explícito” que —según afirma— generó expectativas legítimas entre los millones de ciudadanos que votaron por él.
El exmandatario argumenta que, durante las conversaciones y acuerdos políticos que precedieron a la elección de Balcázar como presidente interino del Congreso y posteriormente como encargado del Poder Ejecutivo, existió un compromiso público de revisar la situación de quienes, como él, se consideran “presos por razones políticas”.
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El ahora jefe del Estado llegó al Palacio de Gobierno por sucesión constitucional, luego de ser elegido titular de la Mesa Directiva del Congreso con el respaldo de la bancada cerronista de Perú Libre y otros bloques aliados a Castillo. En sus primeras declaraciones a la prensa, sin embargo, Balcázar marcó distancia de la solicitud y aseguró que “no está en agenda ningún tipo de indulto por el momento”.
¿Quiénes más estuvieron involucrados en el juicio en contra de Pedro Castillo?
La sentencia contra Castillo no solo incluyó su condena, sino también la de otros exfuncionarios de su gobierno. La ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente asilada en la Embajada de México en Lima— y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. El Poder Judicial determinó que actuaron de manera conjunta y dolosa en la conspiración para una rebelión, ejecutando actos manifiestos conforme a un plan común.
En su resolución, el tribunal sostuvo que el proceder de Castillo se llevó a cabo “conjuntamente con sus coacusados”, quienes participaron en la ejecución de la decisión de disolver el Congreso e intervenir otras instituciones del Estado. La sentencia subrayó que los hechos probados evidenciaron una voluntad deliberada de alterar el orden constitucional.
Por su parte, el abogado Walter Ayala había adelantado en diálogo con medios locales que presentaría la solicitud de indulto y defendió la existencia de argumentos jurídicos y políticos que, a su juicio, justificarían una medida de gracia en favor del exjefe de Estado. Según la información publicada por El Comercio, el pedido busca que el actual mandatario ejerza la facultad constitucional de conceder el indulto presidencial.
La petición pone en tela de juicio nuevamente el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia de indultos y sobre el impacto político que tendría una eventual medida de gracia en un caso considerado uno de los más graves en la historia reciente del país. Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado que, por ahora, no contempla adoptar ninguna decisión en ese sentido.
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