Luego de que Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento venezolano, anunciara que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, el nombre de una de ellas fue puesto sobre la mesa: Rocío San Miguel, profesora, defensora y una española-venezolana detenida injustamente en El Helicoide, un edificio gubernamental que ha sido nombrado como “la cámara de las torturas”.
Según fuentes venezolanas, San Miguel fue una de las presas liberadas. Ella, al igual que otras 862 personas —según datos del Foro Penal— fueron detenidas mientras participaban en actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como protestar, criticar al gobierno o participar en la oposición.
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La injusticia, sin embargo, se extiende más allá de la aprehensión misma. La organización internacional Human Rights Watch reportó que la mayoría de los arrestos son negados por las propias autoridades venezolanas. En otros casos, el arresto no es negado, pero las fuerzas militares del país se niegan a darle información a sus familiares: muchos no saben dónde están sus seres queridos, o si están vivos siquiera.
Ese fue el caso de San Miguel. La capturaron en febrero de 2024, le negaron su derecho a la defensa. Antes de ser llevada ante un tribunal estuvo desaparecida durante 3 días. Al llegar ante la Justicia se le señaló por “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo en Control Ciudadano, una ONG en donde documentó, investigó y exigió respeto a la Constitución.
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