La industria de la carne de perro en Corea del Sur tiene los días contados. A inicios de 2024, el país aprobó una ley que prohíbe su comercialización y consumo, y otorgó un período de gracia hasta febrero de 2027 para cerrar definitivamente los criaderos y negocios vinculados a esta actividad.
Sin embargo, la medida ha dejado en vilo a cientos de granjeros y comerciantes, quienes se enfrentan al colapso de su sustento sin una solución clara para los animales que aún permanecen en cautiverio. Según estimaciones oficiales, hay cerca de medio millón de perros en esas granjas, la mayoría de razas grandes y difíciles de reubicar.
El reverendo Joo Yeong-bong, criador y presidente de la Asociación Coreana de Perros Comestibles, dijo que el panorama es desesperanzador, “estamos ahogados en deudas, no podemos pagarlas y muchos no logran encontrar otro trabajo”, señaló. Como él, decenas de productores denunciaron que el gobierno no ha establecido suficientes garantías ni alternativas económicas.
Las organizaciones animalistas, que por años lucharon por esta prohibición, también reconocen las dificultades. Los refugios están desbordados, muchas razas (como el tosa inu) son consideradas peligrosas o poco adoptables, y existe un fuerte estigma social hacia los perros que provienen de granjas.
En algunos casos, se ha planteado la posibilidad de eutanasia masiva como última opción, un escenario que los mismos defensores del bienestar animal califican como una “traición ética”.
El gobierno ha anunciado fondos por 6.000 millones de wones anuales (unos 4,3 millones de dólares) para ampliar refugios y apoyar instalaciones privadas. Además, ofrece hasta 600.000 wones (aproximadamente 450 dólares) por perro a quienes cierren anticipadamente sus negocios. Pero muchos, como el productor “Chan-woo”, expresaron que ni las autoridades ni los activistas saben qué hacer realmente con los animales sobrantes.
En paralelo, algunas organizaciones han comenzado a enviar perros al extranjero, a países como Canadá o Estados Unidos, donde sí encuentran adoptantes. Pero estas iniciativas son costosas y limitadas.
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La industria, que en el pasado fue un medio de supervivencia para muchos durante la posguerra, enfrenta hoy el rechazo de la mayoría de los surcoreanos: solo el 8% afirma haber consumido carne de perro en el último año, frente al 27% en 2015. Para muchos jóvenes, la prohibición llegó antes de lo esperado y sin un plan sólido para quienes dependían de esta actividad.
Mientras se agota el tiempo y crece la incertidumbre, productores como Joo advierten que, si no se extiende el plazo de transición o no se ofrecen soluciones reales, “algo terrible podría ocurrir antes de 2027”. La crisis no solo afecta a los animales, sino también a cientos de personas cuya vida quedó atrapada entre dos modelos de país: uno que quiere avanzar y otro que aún no sabe cómo cerrar su pasado.
El consumo de carne de perro sigue presente en varios países asiáticos, aunque con restricciones crecientes. Tailandia lo prohibió en 2014, aunque aún persiste de forma marginal en el noreste.
En Camboya, es legal en la mayor parte del país, salvo en la provincia de Siem Reap. En Indonesia, ciudades como Yakarta y Célebes han adoptado medidas para frenar esta práctica, mientras que en Vietnam —donde sigue siendo legal— figuras públicas han impulsado campañas para desalentarla.
