Esta era una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. El 34% de la población está de acuerdo con la propuesta, mientras que el 50% prefiere que el aborto sea permitido solo en las tres causales actuales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.
El gobierno de Chile anunció el miércoles que envió un proyecto de ley al Congreso para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, una de las principales promesas con las que el izquierdista Gabriel Boric llegó a la presidencia en 2022.
En Chile el aborto está permitido desde 2017 solo por tres motivos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.
“A 36 años de que se ilegalizara el aborto terapéutico en nuestro país, a través de un decreto dictatorial, hoy vamos a abrir la discusión en el Congreso”, anunció la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en conferencia de prensa.
Se refería así a una de las últimas medidas que tomó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) antes de entregar el poder a un gobierno democrático. Según el ministerio de Salud, en Chile se producen cuatro fallecimientos al año por abortos clandestinos.
El proyecto que será debatido en el Legislativo se presentó un año después de que Boric anunció su intención de despenalizar el aborto durante su rendición de cuentas ante el Congreso.
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“Ninguna mujer se embaraza para abortar”, dijo Orellana. “A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública los invito a tener un debate respetuoso. Las encuestas lo muestran, no hay nadie que sea dueño de la opinión pública en este tema”, añadió.
Sin embargo, la iniciativa tendrá un duro camino, ya que el mandatario no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Parlamento, donde la oposición se opone a ampliar el derecho al aborto.
La ministra Orellana reconoció que sería “ingenuo” creer que el proyecto termine su discusión durante el gobierno de Boric, que culmina en marzo de 2026. Despenalizar el aborto en todas sus formas es una demanda histórica de los colectivos feministas en Chile, que cuenta con el respaldo del mandatario.
“Queremos abrir un debate respetuoso con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, dijo.
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Según el Centro de Estudios Públicos, un 34% de la población chilena sostiene que el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso. Mientras que un 50% afirma que debe permitirse en casos especiales.
“A quienes nos escuchan, especialmente a quienes han abortado, que sabemos por estadística son miles en nuestro país, tengan la edad que tengan, hayan usado métodos antiguos o más modernos, queremos que sepan que el Gobierno considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales ni perseguidas penalmente”, enfatizó la ministra.
La ministra hizo un llamado firme al diálogo abierto respecto al proyecto de ley sobre el aborto, instando a sus opositores a no bloquear indefinidamente el debate parlamentario con votos de rechazo. “A quienes están en contra de este proyecto los invito a que con confianza en la justicia de los argumentos se abran al debate”, declaró, subrayando que la realidad del aborto en Chile sigue presente, se legisle o no.
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Como ejemplo, mencionó la reciente detención de un narcotraficante que portaba 800 dosis de misoprostol, un medicamento que, aunque autorizado solo para tratamientos gástricos, se utiliza clandestinamente para interrumpir embarazos. Según Orellana, aquella situación pone en evidencia los riesgos de mantener la interrupción del embarazo fuera del marco legal.
Los datos la respaldan. Las mujeres, ante la falta de alternativas seguras, se ven forzadas a recurrir a redes ilegales donde los procedimientos, sin supervisión médica, pueden poner en grave peligro su salud. El mercado negro del misoprostol en Chile es una muestra de ello: a través de internet se ofrecen dosis que van desde los 72.000 a los 144.000 pesos chilenos, dependiendo del tiempo de gestación.
La ministra enfatizó que esta clandestinidad no solo vulnera los derechos de las mujeres, sino que también crea un negocio ilícito en torno a una necesidad médica. Agregó que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deben ser obligadas a exponerse a prácticas peligrosas ni a depender de redes delictivas. La legalización del aborto busca precisamente enfrentar esa realidad, garantizando que quienes lo necesiten puedan acceder a un procedimiento seguro, informado y acompañado por profesionales de salud.
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Este proyecto responde, además, a una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric, quien llegó a La Moneda con el compromiso de avanzar hacia un aborto legal, libre, seguro y gratuito.
*Con información de AFP y EL COLOMBIANO.
