Pese a los cuestionamientos del jefe de Estado, la cabeza del organismo, Alejandra Barrios, dice que los resultados se mueven dentro de rangos normales mientras continúa el escrutinio. Entrevista.
Aun cuando su partido resultó victorioso tras las elecciones del pasado domingo –y, en casos como el Senado, arrasó–, el presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer e insiste en la narrativa que sembró desde el principio de la contienda electoral: un presunto fraude. Inicialmente las denuncias estuvieron relacionadas con cuestionamientos sobre el software y hoy ya abarcan el propio escrutinio.
Pese al manto de duda que busca sembrar el mandatario para poner en jaque la jornada, para la Misión de Observación Electoral (MOE) –organización que le ha puesto lupa a los procesos políticos durante casi dos décadas en Colombia–, otra es la lectura.
Sin desconocer que hay hallazgos y situaciones que deben ser analizadas, para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, el balance hasta ahora es contundente: no hay indicios de fraude, pero sí errores humanos. En diálogo con EL COLOMBIANO, Barrios hace un balance de la jornada, se refiere a los delitos electorales identificados, insta a trabajar más en pedagogía y le manda un mensaje directo al jefe de Estado: “hay rayas que no se pueden cruzar”.
El balance del día electoral es muy positivo. Tuvimos un importante despliegue de observación con más de 3.700 observadores, más la observación electoral en 17 países y 38 ciudades. Cubrimos en Colombia más de la mitad de los municipios. Como MOE nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que se hizo e, inclusive, hay en este momento observadores en algunas partes del país haciendo acompañamiento a los escrutinios.
Casi la mitad (244) estaban relacionadas con el funcionamiento en la mesa. El domingo se presentaron bastantes informaciones ciudadanas y quejas de las organizaciones políticas frente a la entrega de las tarjetas de las consultas. De un lado decían que no las estaban ofreciendo y otros decían que sí se las estaban entregando a la gente. Esto nos lleva a tener en cuenta que para las próximas elecciones en las que haya consultas tiene que haber una instrucción más clara a los jurados de votación, porque en no pocos casos los jurados eran intimidados o regañados por ciudadanos de uno u otro lado.
Los ciudadanos que no hacían parte de la consulta preguntaban por qué se la estaban ofreciendo y los ciudadanos que iban a votar por alguna de las consultas decían que por qué no se las habían ofrecido más de frente.
Otro tema que llama la atención es el uso de teléfonos celulares tomando fotos a las tarjetas electorales, lo cual normalmente es indicativo de compra de votos. A ello se suman temas relacionados con personas acompañando a ciudadanos y tomando fotos de las tarjetas o marcando las tarjetas por ellos. Eso sí, hay que decir que muy temprano el domingo se solucionó el tema de acceso de los testigos electorales.
Se trata de propaganda electoral dentro o cerca del puesto de votación. Sobre lo que más deseamos llamar la atención es el uso de los mensajes de texto por campañas políticas; ahí hay una violación al habeas data. Los ciudadanos tienen que autorizar el envío de ese tipo de propaganda y estas bases de datos no pueden ser vendidas o entregadas de la manera tan ligera como se vio en este proceso. Todos recibimos WhatsApp o llamadas; no es normal. Deben haber autorizaciones específicas para que esa base de datos pueda ofrecerse para cualquier otro tipo de aprobación.
Acá hay un llamado de atención muy grande a las organizaciones políticas: hubo $3.700 millones aproximadamente incautados por la Policía. Eso es lo que está en la capa superior, pero la cantidad de recursos que se mueven en una campaña es muchísimo más alta. Empezamos a recibir información desde dos o tres semanas antes que ya se estaba moviendo plata en efectivo para compra de votos. Los partidos políticos son corresponsables; tenemos que trabajar en un tema de responsabilidad política y electoral. Un partido no entrega un aval y se desentiende del candidato.
Los partidos tienen que responsabilizarse de las decisiones que están tomando, porque aparecen miembros de los equipos de campaña moviendo recursos como si no tuviera que ver con el partido.
Los temas de orden público el domingo no ocurrieron de tal magnitud que pudieran afectar el ambiente del proceso electoral a nivel nacional. Hubo temas muy localizados que afectaron unos puestos de votación en específico. Señalamos el rechazo por lo que había pasado en Barranca Vieja (Bolívar) el día anterior. Hubo un incidente en Turbaco y alteraciones en Cerrito (Valle) por un hostigamiento a la fuerza pública y un artefacto explosivo en inmediaciones del puesto de Puerto Lozada en la Macarena, Meta.
En ninguno de estos casos se hizo una afectación al proceso electoral porque se terminó el conteo. También hubo traslados de puestos por fuertes lluvias en el Cauca, Quindío y Córdoba. Además, se presentaron cortes de energía en siete municipios de cinco departamentos que coincidieron exactamente con el cierre de las mesas.
Solo tuvimos información de la suspensión de escrutinios en Santana, Boyacá, por un hecho no relacionado con el proceso electoral, pero que los jueces por precaución decidieron suspenderlo en la noche.
Hubo solicitudes particulares a los jurados para que estuvieran más atentos en el cierre. Ello implica que cuando llegan las 4:00 de la tarde y se cierra la mesa, se compara el número de ciudadanos que fueron a votar con el total de votos depositados; nunca puede dar un número superior.
Si en el acta E11 (donde se consigna el nombre y la huella) dice que votaron 100 ciudadanos, en el acta de votos E14 ninguna de las urnas puede tener más de 100 votos. Si aparecen 110 o 120, se hace el procedimiento de nivelación, que es la destrucción o quema de los votos sacados al azar que están por demás. En este proceso se presentó un 20% más este procedimiento o solicitudes de reconteo porque los testigos no se sentían confiados.
Se puede atribuir a muchas cosas. Una es el ‘carrusel’: un ciudadano no deposita el voto, se queda con la tarjeta marcada y esa se empieza a rotar. Otra es que alguien metió tarjetas de más. También pasa que, en mesas pegadas una a la otra, los ciudadanos se confunden y ponen el voto en la urna de la mesa de al lado. Pensando muy mal, puede ser que metieron votos sin que alguien se diera cuenta. Por eso se nivela sacando al azar ese número de votos de diferencia y se destruyen sin abrirlos.
El día de las elecciones se demostró que los sistemas estuvieron cuidados y que los partidos y la observación hicieron su trabajo. Los errores que se están moviendo en redes sociales no hacen referencia a líos con el software, sino a marcaciones manuales o errores de mano en el llenado del E14.
Estamos analizando muestras estadísticas porque a veces los jurados se equivocan al llenar formularios a mano. Hay que esperar con muchísima tranquilidad. No estamos preocupados, no estamos en la situación de estrés de hace cuatro años. Lo que estamos encontrando son fotos que, si bien tienen errores, no vemos que puedan tener una modificación importante en los resultados. En el E14 de claveros, que son los que realmente se escrutan, nos están coincidiendo los datos. El proceso lo revisamos, no despacio, pero sí con mucha tranquilidad. No estamos viendo un fraude, ni líos en el software o en la transmisión de datos, sino errores humanos en el llenado de los formularios E14. Esperamos dar un informe sobre eso a más tardar el jueves.
Preliminarmente no hemos encontrado ninguna tendencia que nos lleve a decir eso. Hasta este momento todo se está moviendo en un rango de normalidad. Lo cierto es que el proceso de escrutinio sigue y no se puede dar un dictamen final porque esto se puede demorar en Senado y Cámara, pero esperamos tener un primer balance al final del miércoles o jueves.
Cada una de las instituciones y poderes en el Estado tiene sus funciones, que una se entrometa en la otra genera confusión. Las funciones están dadas en la Constitución y la ley. A los partidos les compete la vigilancia del proceso electoral, al igual que a la Procuraduría.
El proceso electoral y la administración del mismo no le corresponde a ninguna autoridad pública del Ejecutivo. No se pueden cruzar esas rayas porque es muy peligroso. Si el presidente lo hace, ¿por qué nos extrañaríamos si gobernadores o alcaldes se vuelven técnicos en lo que debe hacer un partido? Quitarle esa función a los partidos y atribuírsela a uno de los poderes del Estado no va en el sentido correcto.
Hay que dejar que los partidos maduren y se hagan responsables de sus propios procesos de vigilancia y control. Lo mejor es que cada actor asuma su responsabilidad dentro del marco de la ley y no se vuelvan jefes de campaña.
Se hicieron muchísimas reclamaciones frente a la instrucción de verificar el conteo de las mesas y eso es muy bueno, es el trabajo de un testigo electoral. El hecho de que no se hayan adjuntado las reclamaciones es porque en muchos casos los testigos le pedían al jurado volver a contar y ellos, en una buena disposición, lo hacían sin necesidad de entregar el formulario formal.
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