Cuando la Fiscalía le negó el principio de oportunidad a Sandra Ortiz, ella advirtió que revelaría la información que tenía en su poder, tan sólida que podría abrir investigaciones incluso contra aforados. A juzgar por el panorama actual, su advertencia comenzó a cumplirse.
Sus revelaciones giran en torno al entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante el fin de semana se conocieron varios chats en los que Ortiz conversa con Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional, quien para entonces se desempeñaba como secretario jurídico de la Casa de Nariño.
Las conversaciones de WhatsApp lo salpican y ponen en entredicho su elección como magistrado por parte del Senado en octubre de 2023. Según la información publicada por la revista Semana, los chats muestran cómo se habría asegurado su llegada al alto tribunal, en un esquema donde habrían circulado fajos de billetes provenientes del desfalco a la UNGRD. Estos fondos, según los diálogos entregados por Ortiz a la Fiscalía, habrían servido para pagar sobornos a exfuncionarios de la entidad, congresistas y miembros de la Casa de Nariño.
Para entonces, Sandra Ortiz tenía la tarea de coordinar reuniones y desayunos entre funcionarios y congresistas, con el fin de gestionar la destinación de millonarios sobornos y definir a qué procesos debía dárseles impulso.
En octubre de 2023, Ortiz se movía activamente para, presuntamente, asegurar que la plenaria del Senado votara la elección del reemplazo del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro había ternado para ese cargo a Vladimir Fernández —entonces secretario jurídico de la Casa de Nariño— junto a Cielo Rusinque (actual superintendente de Industria y Comercio) y Gerardo Vega (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras). Ese día, Fernández le envió un mensaje a Ortiz: ”No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss (sic)”.
Finalmente, Vladimir Fernández fue elegido magistrado del alto tribunal, en una decisión que desde el principio despertó múltiples críticas, tanto por su cercanía con el presidente Petro como por el hecho de que, ya en la Corte, le correspondería votar asuntos de interés para el gobierno al que había servido.
De hecho, fue Fernández quien –la semana pasada–, al resolver una tutela, emitió una medida cautelar para suspender la investigación contra Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presunta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022.
La mención de Fernández en los chats entregados por Sandra Ortiz desataron una crisis interna en la Corte Constitucional. Los magistrados analizan la situación y se estima que, basada en el material publicado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inicie una investigación de oficio contra Fernández.
En desarrollo...
