Durante el evento, realizado el pasado 21 de junio, participaron cabecillas criminales durante un acto oficial. El mandatario es señalado por presunta participación en política, uso indebido de recursos públicos y convocatoria irregular a una Constituyente.
Por cuenta del controvertido “tarimazo” que se realizó el pasado 21 de junio en Medellín, este miércoles la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –encargada de estudiar y tramitar las denuncias contra el jefe de Estado–, ordenó abrir una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro.
Se trata del acto político que se realizó meses atrás en La Alpujarra, en el que se permitió que los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí se subieran al escenario en un acto en el que estuvo el primer mandatario.
Según el documento conocido por EL COLOMBIANO, Petro estaría involucrado con hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente “por fuera del marco constitucional vigente”.
A ello se sumarían hechos como el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales “en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional”.
Detrás de la denuncia se encuentra el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, el mismo que promovió investigaciones contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, por su participación en el evento.
Entre otras, el cabildante reclamó que durante el encuentro se exhibieron símbolos del movimiento político “Independientes” y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se trata de “hechos que, según su denuncia, podrían implicar una actuación contraria a la neutralidad política que debe observar el presidente de la República”.
Por ahora, en el marco de la investigación, la Comisión de Acusación decretará y practicará pruebas que guarden relación con los hechos denunciados. “Se evidencia la necesidad de verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si revisten carácter delictivo y establecer si existen motivos o circunstancias que permitan identificar al autor o partícipe”, explicó el ente.
Entre otras, desde ya la Comisión le pidió al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que envíe copias de las resoluciones que permitieron el traslado de los internos; al Ministerio de Justicia, para que informe si tuvo conocimiento de las decisiones administrativas; a la Presidencia, para determinar si hubo instrucciones o lineamientos para la organización del evento, y a RTVC, frente a los pormenores de la transmisión audiovisual.
Además, al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que certifique si para el momento de los hechos el exalcalde Daniel Quintero se encontraba inscrito o en trámite de inscripción para ser candidato presidencial.
Hace cerca de cinco meses, en un evento para celebrar la aprobación de la reforma laboral, pero que también era para relanzar el proceso de paz urbana, trasladaron a capos que participan en la “paz total” del Gobierno y están detenidos en la cárcel de Itagüí. Buses del Inpec llegaron hasta La Alpujarra y por un costado de la tarima ingresaron los sujetos que estuvieron en primera fila del evento.
Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron este acto. Gutiérrez incluso solicitó a las autoridades “tomar nota de lo sucedido” ese día en la ciudad.
A principios de agosto, el Consejo de Estado admitió una demanda contra la senadora Zuleta, quien habría sido la persona que tramitó la salida de los mencionados jefes del penal, según el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien interpuso la acción legal que, de ser fallada en favor del accionante significaría la pérdida de investidura para la demandada, o lo que es lo mismo, su “muerte política”.
Pasaron las semanas y a finales de agosto salió a relucir en una audiencia de la Fiscalía que uno de los combos delincuenciales más peligrosos de Medellín habría dispuesto buses para transportar manifestantes al “tarimazo” que se montó en La Alpujarra.
El tema se tocó en una audiencia judicial contra diez presuntos integrantes del grupo Los del Alto, cuya principal zona de influencia se sitúa en el barrio Aranjuez.
La Fiscalía aseguró tener indicios de que dicho grupo habría facilitado el transporte para que la comunidad asistiera al evento, en el que el presidente compartió tarima con los líderes de los grupos armados y del narcotráfico del Valle de Aburrá.
Según conoció EL COLOMBIANO no es la primera vez que se movilizan a líderes de las bandas detenidos para eventos realizados en el marco del proceso de paz urbana y la “paz total” del Gobierno Nacional. Han hecho, incluso, eventos deportivos.
También este diario reveló una lista con el nombre de los nueve capos en primera fila del evento: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
Incluso, en una imagen captada por este medio se ve un cartel que dice “Douglas Aranjuez Te quiere (sic)”, en referencia a José Leonardo Muñoz Martínez, histórico cabecilla de la banda La Terraza.
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