La Corte Suprema de Justicia negó un último recurso judicial con el que la defensa de Santiago Uribe Vélez pretendía que se revisara el fallo que dejó en firme una condena de 28 años de prisión en su contra, por su participación en la organización paramilitar “los Doce Apóstoles”.
Esta semana, la Sala de Casación Penal de la Corte reafirmó en última instancia la sentencia que había proferido el Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en disfavor del hermano del expresidente Álvaro Uribe.
No obstante, el abogado Jaime Granados, defensor del condenado, radicó un recurso extraordinario para que la Corte en pleno revisara la decisión de su Sala de Casación, bajo el argumento de que hubo un análisis sesgado de las pruebas.
El alto tribunal descartó la petición, al declararla improcedente, pues la medida tomada por la Sala fue la última instancia procesal, es decir, la última palabra en este caso.
Los detalles del fallo contra Santiago Uribe
Es importante recordar que en 2024 el Tribunal Superior de Antioquia revocó una sentencia absolutoria de un juzgado penal de primera instancia, por lo cual la defensa de Santiago Uribe Vélez, en cabeza de Granados, había invocado un recurso de casación ante la Corte Suprema.
La apelación no funcionó. El hermano del exjefe de Estado fue hallado responsable de integrar y patrocinar una organización paramilitar denominada “los Doce Apóstoles”, que delinquió en el Norte de Antioquia en los años noventa, por lo que le aplicaron una pena de 28 años y tres meses.
Según el pronunciamiento de la Corte, “el grupo criminal llevó a cabo un ataque generalizado contra la población civil de esa región, patentizado en el homicidio de cerca de 50 personas, por lo menos en el municipio de Yarumal, entre 1993 y 1994. Sistemático, pues fueron llevados a cabo como ejecución de la política de exterminio de ‘los Doce Apóstoles’, que iniciaba con el perfilamiento de los objetivos a partir de etiquetas discriminatorias y prejuiciosas, luego de lo cual conformaban una lista negra, de manera que quienes estuviesen allí incluidos serían perseguidos y ejecutados”.
Tal cual informó EL COLOMBIANO esta semana, la investigación judicial concluyó que la sede del grupo fue la hacienda La Carolina, localizada en Yarumal, donde al parecer había un centro de adiestramiento para los paramilitares, que incluía una pista de obstáculos.
En dicha organización, el rol de Santiago Uribe fue de cofundador, patrocinador y coordinador logístico, según el expediente, de allí el cargo de concierto para delinquir agravado.
En cuanto al asesinato que le endilgaron, la víctima fue Camilo Barrientos Durán, el conductor de una chiva (bus de servicio público rural), abaleado el 25 de febrero de 1994 en la vía que comunica a Yarumal con Campamento, en el Norte del departamento.
El difunto aparecía en la lista negra de “los Doce Apóstoles”, señalado de ser colaborador de la guerrilla, y su asesino se hizo pasar por pasajero.
A lo largo del proceso penal, que duró más de una década, se desestimó una de las teorías de la defensa, según la cual las denuncias contra esta persona se debían a un complot político para afectar a su hermano, el expresidente Álvaro Uribe.
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