Enviar un correo sin ocultar los correos destinatarios hizo que un grupo de 37 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple se organizara para exigirle a su entidad promotora de salud (EPS), Famisanar, respuestas por la falta de los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Según cuentan, desde finales de 2025 pasaban por una dificultad común: la interrupción prolongada en la entrega de fármacos.
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El mensaje, que pretendía consultar por el estado de los tratamientos y reafirmar el compromiso con la atención oportuna, fue recibido con indignación por estas personas por considerarlo una burla. Según un reportaje publicado por El País, los destinatarios respondieron en cadena denunciando retrasos de meses, falta de respuestas y el deterioro de su estado de salud. Todos coincidieron en que no estabas recibiendo atención necesaria para controlar la enfermedad.
Este aparente error administrativo se convirtió en una oportunidad de organización. Santiago Pinzón, uno de los pacientes afectados, propuso coordinarse para evaluar acciones legales conjuntas. En pocos días, varios compartieron sus contactos y formaron un grupo de WhatsApp, que hoy reúne a unas 50 personas con esclerosis múltiple.
En ese espacio digital intercambian información clave, como los dispensarios están entregando medicamentos hasta datos de neurólogos disponibles y ejercicios para aliviar el dolor muscular. El grupo también funciona como red de apoyo emocional frente a una enfermedad crónica que puede generar discapacidad progresiva.
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central), que genera síntomas que van desde la pérdida del equilibrio y los espasmos musculares, hasta el entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, problemas para mover los brazos y las piernas y dificultad para caminar.
Entre las participantes está Marcela Correal, ingeniera mecánica de 49 años, diagnosticada desde la adolescencia. Durante años logró controlar la enfermedad, pero en agosto de 2025 su tratamiento se interrumpió cuando Famisanar dejó de trabajar con el proveedor que le suministraba las inyecciones. Desde entonces, según le contó al mencionado diario, ha enfrentado trámites, exámenes y largas esperas para obtener una nueva orden médica.
La incertidumbre, explica, no es solo administrativa, sino física. Cada día sin medicación aumenta el riesgo de una recaída severa que afecte su movilidad. Aunque reconoce contar con más recursos que otros pacientes, teme que el sistema falle cuando más lo necesita.
El grupo logró un primer avance a comienzos de enero, tras tener una reunión con Famisanar y la Defensoría del Pueblo, que fue facilitada por un congresista. Allí se expusieron los casos de pacientes a quienes se les negaban los medicamentos por falta de contratos o autorizaciones. Días después, varios comenzaron a reportar que los habían recibido, al menos temporalmente.
Sin embargo, la tranquilidad fue parcial. Algunos advirtieron que la entrega parecía excepcional y que los convenios con los prestadores actuales podrían terminar rápido. Los mensajes del grupo reflejan que la preocupación persistente es que el suministro vuelva a interrumpirse en los próximos meses.
El exministro de Salud, Augusto Galán, le explicó a El País que el problema es por la crisis financiera de Famisanar, agravada desde que la superintendencia del ramo la intervino en 2023. Según explica, el creciente déficit ha llevado a que algunos prestadores suspendan contratos, mientras la EPS impone barreras como demoras en citas y autorizaciones para contener el gasto.
Ante este panorama, Claudia Campsteyn, enfermera pensionada y también paciente, impulsa una base de datos con información clínica y legal de los afectados. Su objetivo es presentar una demanda colectiva si las fallas continúan, convencida de que la presión en grupo ha demostrado ser más efectiva que las acciones individuales.
Famisanar, por su parte, niega que la interrupción haya sido causada por falta de pagos y asegura que se trató de incumplimientos administrativos de los prestadores de servicios. Su interventor afirma que existen nuevos contratos y que el número de quejas por medicamentos no entregados ha disminuido, aunque reconoce fallas durante la transición.
Mientras tanto, pacientes como Dairo Antonio Sánchez, vigilante retirado de 42 años, describieron las consecuencias directas del desabastecimiento: dificultades para caminar, problemas de visión y pérdida de memoria. Aunque recientemente volvió a recibir su medicamento, la desconfianza persiste.
En ese sentido, varias de estas personas coinciden en que esta experiencia ha dejado claro que la continuidad del tratamiento sigue dependiendo más de la presión colectiva que de la garantía del sistema de salud.
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