Aunque el paso del expresidente Gustavo Petro por el Gobierno es cosa del pasado, los estragos que dejó en el sistema de salud aún se ven y se seguirán sintiendo. Destruir es más fácil y rápido que construir y reparar los daños de los últimos cuatro años tomará tiempo. Basta con volver la mirada a los casos del niño Lucas Murillo y de la joven Valeria Pérez: dos pacientes que requerían atención médica inmediata para salvar su vida y que tuvieron que recurrir a la viralidad de las redes sociales para encontrar respuestas.
Lucas necesitaba un trasplante de corazón, mientras que Valeria requería atención y tratamientos para el cáncer que padece. Ambos —tras gestión del presidente Abelardo de la Espriella y de la ministra de Salud, Ana María Vesga— recibieron lo que necesitaban, pero el contexto del sistema de salud tras cuatro años de petrismo da cuenta de por qué las redes sociales tuvieron que ser los “tramitadores” de estos dos pacientes.
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La Contraloría General de la República publicó su último informe sobre la situación financiera y el estado de aseguramiento en salud de las entidades promotoras de salud (EPS) y las cajas de compensación durante todo 2025. Sus resultados son aterradores y muestran que después del Gobierno Petro se redujo el número de EPS con las herramientas básicas para prestar servicios a sus afiliados: el capital mínimo y el patrimonio adecuado.
En 2022 había nueve aseguradoras que las cumplían; en 2026 solo cumplen cuatro. Además de esto, el documento muestra que las intervenciones no solucionaron sino que empeoraron la situación, que las EPS gastan en atención en salud más de lo que les ingresa para eso y, entre otros, que las deudas crecieron 26,5 % respecto al año anterior.
Estas son las cuatro EPS que se “salvan”
El informe señala que en 2024 eran seis las EPS que cumplían los requisitos para operar, mientras que al cierre de 2025 la cifra se redujo a cuatro: Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura. Entre tanto, 17 EPS incumplían el capital mínimo, 19 no cumplían con el patrimonio adecuado y 22 presentaban incumplimientos en el régimen de inversión de las reservas técnicas.
Estas reservas son los recursos que las EPS deben guardar para pagar los servicios de salud presentes y futuros que se brinden a sus afiliados.
Deuda de las EPS alcanzan los $58 billones
Entre los principales problemas identificados en el informe están las obligaciones reportadas (deudas), que aumentaron de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025: lo que representa un incremento cercano al 26,5 %.
De ese total, $47,9 billones (el 82,65 %) correspondían a EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia de Salud. Por tanto, la mayor concentración del pasivo se encontraba en entidades que tenían mayores dificultades financieras.
En ese sentido, la Contraloría advierte que el crecimiento de estas obligaciones aumenta los riesgos para la liquidez de las IPS (prestadores de servicios, como hospitales y clínicas), compromete la continuidad de la prestación y limita la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Las aseguradoras con más deudas son Nueva EPS (intervenida), con $25,7 billones; Coosalud (intervenida), con $6,2 billones; Sanitas, con $4,5 billones; Famisanar (intervenida), con $3,5 billones, y Salud Total, con $2,6 billones.
La deuda de todas las EPS con los operadores farmacéuticos alcanzó los $3,8 billones.
Las intervenciones dejaron peor a las EPS
El ente de control fiscal advierte que en las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud persisten indicadores financieros críticos y, en varias entidades, incluso se observa un deterioro adicional frente a la vigencia anterior. Por esto, concluye que las causas estructurales que dieron origen a las intervenciones continúan presentes y que las acciones implementadas no han sido suficientes para corregir las deficiencias financieras y administrativas.
Aunque Asmet Salud, Emssanar y Servicio Occidental de Salud (SOS) registraron en 2025 leves mejoras en su indicador de endeudamiento patrimonial, eso no representan una recuperación efectiva, mientras que Capresoca, Coosalud, Famisanar y Savia Salud profundizaron su deterioro patrimonial.
La situación evidenciada por la Contraloría también es crítica en materia de endeudamiento: todas las EPS superan ampliamente el límite establecido por la metodología usada para el cálculo. Sobre esto, advierte que Savia presenta el caso más grave, así como Capresoca, Coosalud y Famisanar aumentaron sus niveles de endeudamiento.
Esa situación, a juicio del organismo, incrementa el riesgo de incumplimiento de las obligaciones con prestadores y proveedores y puede afectar la continuidad de los servicios de salud.
EPS gastan en salud más de lo que les ingresa
Al fenómeno en el que una empresa gasta más de lo que le ingresa para determinado fin se le conoce como siniestralidad. En el caso de las EPS es cuando gastan más plata en la atención de sus afiliados que la que les ingresa por cuenta de la unidad de pago por capitación (UPC), que son los recursos que les da el Estado para ese fin. Por eso tienen que sacar de su patrimonio.
El panorama que revela la Contraloría para las aseguradoras en 2025 señaló que la siniestralidad, en promedio, fue del 110 %: por cada $100 que les entró por UPC se gastaron $110 en servicios para sus usuarios. Esto también quiere decir que el costo de la atención supera los ingresos recibidos por concepto de aseguramiento.
Así las cosas, esa entidad señala que ese comportamiento confirma la existencia de un desequilibrio financiero estructural (relacionado con el valor de la UPC) y plantea la necesidad de contar con una metodología única, estandarizada y de obligatorio cumplimiento para calcular y reportar este indicador.
Hay casos en los que EPS registraron hasta 123 % (Compensar y SOS) y 133 % (Coosalud) de siniestralidad.
Nueva EPS no tiene información contable
La Nueva EPS (bajo intervención desde abril de 2024) concentra, con 11,4 millones de afiliados, más del 20 % de la población afiliada en Colombia. A pesar de esto, la Contraloría enfatizó en que no contaba con estados financieros certificados y dictaminados de 2025. Esa ausencia de información, apuntó la institución, impide realizar una evaluación integral de su situación financiera y del efecto de las medidas de intervención.
Así mismo, ese vacío constituye una de las principales restricciones para evaluar el estado general del aseguramiento en el país; entre tanto, se advierte que hay $17,1 billones en anticipos de UPC y otras fuentes pendientes por legalizar. Esto “evidencia fallas críticas en la auditoría de cuentas médicas, procesos de conciliación que afectan negativamente la gestión de los recursos públicos asignados a esta EPS”, dice el informe.
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