La crisis del sistema de salud no discrimina pacientes de distintas dolencias. El caso más reciente es el de Benita Pérez, una mujer que vivió desde 1999 con leucemia mieloide crónica. Murió el pasado 28 de enero, luego de posibles problemas con la Nueva EPS —a la que estaba afiliada— en la continuación de su tratamiento desde marzo de 2025.
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La mujer, que participó de un estudio clínico con el primer medicamento oral que revolucionó el tratamiento del cáncer a nivel mundial, fue voluntaria de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, hace parte de los pacientes con esa condición que vivieron el peor escenario de la crisis financiera, humanitaria y de confianza que vive el sector.
Esa misma fundación conmemoró esta semana el Día Mundial Contra el Cáncer —una fecha creada en 2000 para generar conciencia sobre la enfermedad y evaluar las medidas para prevenirla y enfrentarla— con una alerta preocupante.
En se sentido, publicaron cifras sobre la atención de los pacientes con cáncer en la sangre en el país, las cuales muestran que según la información que han recopilado, 292 pacientes reportaron en 2025 haber sido víctimas de 500 barreras de acceso a los servicios de salud.
Así mismo, esas cifras advirtieron que siete de cada 10 barreras reportadas por estas personas —que están diagnosticados con enfermedades como leucemia, linfoma y mieloma múltiple, entre otros— tuvieron que ver con las demoras o complicaciones en la entrega de medicamentos, así como en la expedición de las autorizaciones para acceder a sus tratamientos.
Además del caso de Benita Pérez, la Fundación conoció el caso de Mario*, quien tiene 35 años y actualmente se encuentra en delicado estado de salud después de seis meses en que su EPS no garantizó la entrega de sus medicamentos para el tratamiento. Intentó hacerlo exponiendo su caso en redes sociales y en los canales oficiales de su aseguradora.
La denuncia de la organización advirtió que la demora promedio en cumplir con estos procedimientos (como citas y entrega de fármacos) fue de 46 días, que equivalen a un mes y medio de demora.
Entre tanto, más de la mitad de los pacientes (74 %) que reportaron barreras están afiliados a la Nueva EPS y a Famisanar, dos aseguradoras que están intervenidas por la Superintendencia de Salud. La primera desde abril de 2024 y la segunda desde septiembre de 2023.
Sobre estas cifras, la presidenta de la Fundación, Yolima Méndez, manifestó que “la situación tiende a empeorar, los pacientes se sienten abandonados, algunos han pasado de la frustración a la desesperanza porque ni la tutela ni los desacatos y mucho menos la Supersalud sirven hoy día para garantizar su derecho a la salud y a la vida”.
Incluso, Méndez sostiene que la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer se ha vuelto en los últimos años en un a oportunidad para denunciar las problemáticas del sector. Para ella, el tiempo es un factor clave para estos pacientes, para quienes días de demoras en citas, tratamientos o acceso a medicamentos terminan siendo decisivos entre la vida y la muerte.
Esa organización ha hecho distintos llamados al Gobierno Nacional para reconocer la situación compleja que atraviesa el sistema de salud y la garantía de ese derecho.
Tanto así, que la Fundación hizo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, para esto, dispuso la línea 322 624 7183 para exponer casos de pacientes con dificultades y visibilizar lo que llaman “el abandono que hoy sufren”.
Ese proceso lo están acompañando la hermana María Inés Delgado y el abogado Juan Carlos Bernal y busca darles ayuda a quienes se hayan visto afectados por barreras de acceso a servicios de salud y que hayan agotado todos los recursos y mecanismos legales —como tutela, desacatos, PQRS a la Supersalud— y continúen con fallas en su atención.
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