La suspensión implica que la congresista no termine su período legislativo. Pese a esta decisión, la investigación contra el presidente continuará. Conozca los detalles de esta decisión.
La Procuraduría General de la Nación ha dictado la suspensión provisional de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación.
La medida del Ministerio Público se extenderá hasta el 20 de julio de 2026, implicando esto que la congresista no podrá terminar su actual periodo legislativo.
Esta decisión responde al intento de Arizabaleta de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro de su cargo hasta el 21 de junio de 2026. La congresista basó su solicitud en una presunta participación indebida en política por parte del mandatario nacional.
No obstante, la Procuraduría argumentó que la representante actuó sin tener la competencia jurídica para ordenar tal medida contra el jefe de Estado.
Para el ente de control, la actuación de la representante podría configurar el delito de prevaricato por acción, al saltarse los procedimientos legales y tomar una decisión unilateral en lugar de llevarla a la sala plena de la Comisión.
Asimismo, su permanencia en el legislativo fue tomada como un peligro institucional, pues la Procuraduría la calificó como un riesgo para la “dignidad humana” y el debido proceso, señalando que podría continuar adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico dentro del expediente contra el mandatario.
El caso de la representante se podría agravar. Arizabaleta también recibió una denuncia en su contra radicada ante la Corte Suprema de Justicia para determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la orden impartida contra el presidente.
La decisión implica que la congresista deba apartarse de su cargo como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de manera inmediata.
Dado que la representante no fue reelegida para el periodo legislativo 2026-2030, la suspensión abarca lo que resta de su periodo actual, lo que significa que no volverá a ejercer la presidencia ni se reintegrará a sus funciones en el Congreso.
Respecto a la investigación contra el presidente, se espera que esta retome los cauces establecidos en la Constitución, los cuales dictan que la facultad de juzgar o suspender formalmente al presidente corresponde exclusivamente al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes, y no a una decisión unilateral de un solo investigador o de la presidencia de la Comisión.
La indagación por la presunta participación indebida en política del presidente continúa vigente, ya no estará bajo el control de Arizabaleta y deberá ajustarse a los procedimientos de la sala plena de la Comisión y a los límites que impone el fuero presidencial.
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