Luego de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro reaccionó al intento de suspenderlo provisionalmente por su posible participación en política. Aunque el mandatario aseguró que no ha intervenido en la contienda electoral, sus declaraciones contrastan con las reiteradas intervenciones públicas a favor de su candidato Iván Cepeda.
Sin pruebas, el presidente acusó a la representante Gloria Arizabaleta, autora del auto que busca suspenderlo provisionalmente, de intentar extorsionarlo y de incurrir en conductas criminales.
“Les voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. No estoy en contra de que congresistas se puedan hacer peticiones ante el ejecutivo sobre sus regiones, pero cuando la vuelve una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal”, aseguró al referirse al tema.
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Insistió en que la representante estaría haciendo solicitudes a las que él, hasta ahora, no se había querido referir.
“Otros han hecho lo mismo. Entonces quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia de que estábamos bajo una extorsión que yo no creí. No acepto eso porque es contradecir mis propios principios”.
Les insistió a sus ministros que se dirijan ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar esa supuesta extorsión.
Y agregó que la congresista “tiene un asesor Ibáñez, que es un abogado que pertenece a las huestes contrarias. Estábamos bajo una extorsión por parte del Congreso de la República”.
Hollman Ibáñez, según reveló este miércoles el periodista Daniel Coronell, fue socio de Abelardo de la Espriella y conjuez en el Consejo Nacional Electoral cuando ese organismo impidió a Iván Cepeda participar en la consulta de marzo.
En su intervención, en rueda de prensa, Petro negó haber incurrido en participación política y atribuyó la actuación a razones ideológicas.
“Me intentan suspender. Es por tener un pensamiento diferente que intentan suspenderme, porque no he hecho intervención en política”, afirmó.
Según él, sus pronunciamientos son respaldados por derechos fundamentales protegidos por la Constitución y “no pueden ser considerados una participación indebida en política”.
“He aclarado que no se debe a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario sobre el presidente. No se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución”, manifestó.
Las acusaciones del mandatario se dan en medio de la controversia por el auto de suspensión. Diversos juristas han advertido que la Comisión de Acusación no tendría competencia constitucional para suspender al Presidente de la República y que una medida de esa naturaleza solo podría ser adoptada por el Senado dentro del procedimiento especial previsto para juzgar a un jefe de Estado.
A ello se suma que el auto fue expedido por una representante investigadora y no por la Comisión de Acusación en pleno; por esa razón, expertos consideran que la actuación tendría escasas posibilidades de producir efectos jurídicos reales.
Petro también se aferró a ese argumento para restarle validez a la medida. Según afirmó, hasta donde conoce, la Comisión de Acusación no ha tomado ninguna decisión para suspenderlo.
“Hasta donde sé, la Comisión de Acusaciones no ha decidido suspenderme. Lo que existe es una solicitud de una representante (...) No están hablando ante un presidente suspendido”, concluyó.
Arizabaleta ordenó suspenderlo provisionalmente hasta el próximo 21 de junio dentro de la investigación por presunta participación en política.
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