El caso de la UNGRD no cabe en una sola foto, ya parece un álbum entero. Páginas y páginas de imágenes, cada una con un título distinto, capturas, imputaciones, contratos, sobornos, audiencias, pero en muchas de ellas aparece, de una u otra forma, el presidente Gustavo Petro como punto de referencia. A veces por la cercanía política, otras por la amistad o por el rol que tuvieron varios de los protagonistas dentro de su gobierno.
Esta es probablemente la imagen más incómoda que dejan estos cuatro años de mandato. Se trata de un álbum que el propio presidente intenta minimizar cuando lo califica de “¡barbaridad!”, pero que la justicia sigue llenando con nuevos retratos de exfuncionarios en la cárcel, congresistas investigados, contratistas bajo la lupa y procesos que continúan creciendo alrededor del mayor escándalo que ha golpeado a su administración.
Lo que comenzó con la polémica compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira terminó destapando una presunta red de sobornos, contratos direccionados y favores políticos.
Hoy el caso avanza en varios frentes judiciales y disciplinarios al mismo tiempo. Este jueves pasaron su primera noche en prisión los dos primeros congresistas de la Comisión de Crédito Público, señalados de haber torcido su voto a favor del Gobierno a cambio de contratos. Se trata del conservador Wadith Manzur y de la representante de las curules de paz, Karen Manrique.
Ambos se sumaron al creciente listado de implicados que han terminado tras las rejas por su presunta participación en la trama corrupta que convirtió a la UNGRD, una entidad creada para atender emergencias naturales, en lo que los investigadores describen como la caja menor del Gobierno.
El círculo más cercano al poder
En la foto que alguna vez pudo haber estado en la mesa de orgullo del presidente Petro, cuando apenas arrancaba su Gobierno, aparecen varios de los nombres de cercanos y aliados que hoy están presos o prófugos. Es una imagen que ya no se exhibe en los pasillos de la Casa de Nariño. Figuran los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), hoy en la cárcel luego de que la Fiscalía los imputara por, supuestamente, haber dado las órdenes para entregar sobornos, ya fuera en efectivo o mediante contratos.
El tridente que habría puesto a andar la maquinaria del desfalco lo completa el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, actualmente prófugo y también imputado. En la misma fotografía aparece la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, presa desde diciembre de 2024 y señalada de haber entregado la maleta con fajos de billetes que terminó en manos del entonces presidente del Senado, Iván Name, como parte del presunto soborno. El cuadro lo completa el exdirector de Función Pública César Manrique, quien huyó del país después de ser imputado por la Fiscalía dentro del mismo expediente.
Los operadores y otros actores
En la siguiente página del álbum aparecen quienes estaban dentro de la entidad y que, según las autoridades, habrían puesto en marcha el mecanismo que permitió mover contratos y dinero. No es la misma foto de los altos cargos ni la de los viejos amigos del poder. Es la de quienes, desde los escritorios y los despachos técnicos, habrían movido las piezas para convertir decisiones administrativas en pagos y favores políticos.
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En el primer renglón figura Olmedo López, exdirector de la UNGRD e imputado en el proceso. Tras su captura decidió colaborar con la justicia y revelar detalles del presunto reparto de sobornos. A su derecha estáSneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres. Aceptó cargos y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.
Según el expediente, fue uno de los encargados de ejecutar pagos irregulares. Ambos se han convertido en los principales testigos de los implicados en la red corrupta que se tejió en la oficina de al lado del presidente.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Fue imputada y ha rendido declaraciones dentro del proceso sobre la forma en que se gestionaban los contratos. Es una de las principales testigo contra los exministros Bonilla, Velasco y ahora, contra los congresistas Manzur y Manrique.
Por tratarse de un entramado tan amplio, la lista de nombres que aparece en los expedientes sigue creciendo, aunque desde el Gobierno se intente restarle gravedad al caso. Uno de los mencionados es Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), señalado de haber actuado como puente entre el Gobierno y el Congreso para direccionar contratos y acelerar su asignación. Según los investigadores, su papel habría sido facilitar los contactos y destrabar los procesos que permitían que los recursos terminaran en manos previamente acordadas.
En ese mismo capítulo aparecen quienes, según la Fiscalía, terminaron recibiendo los sobornos. Se trata del entonces presidente del Senado, Iván Name, y del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos hoy en prisión preventiva. De acuerdo con los testimonios y las pruebas que reposan en el expediente, los pagos se habrían hecho en efectivo, en maletas repletas de dinero, a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso. Un detalle que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas —y más escandalosas— de todo el caso.
Los que votaron
Durante el segundo semestre de 2023, los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.
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Por estos actos, fueron enviados a prisión y llevados a juicio Wadith Manzur y Karen Manrique. Además, fueron llamados a juicio, pero seguirán en libertad, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.Todos aseguran que son inocentes. Ahora, deberán defenderse del delito de cohecho impropio.
El proceso aún no está cerrado y la investigación de la Corte Suprema de Justicia podría seguir avanzando sobre otros legisladores que participaron en las mismas discusiones y votaciones. En ese contexto, el caso refleja un entramado político más amplio, en el que congresistas habrían utilizado su poder dentro de una comisión clave para negociar apoyos a proyectos del Gobierno.
¿Y Petro?
La postura del presidente Petro frente al escándalo es digna de análisis. Cada vez que se refiere al caso, su discurso salta entre la defensa y la condena. A algunos de los implicados les recuerda la presunción de inocencia; a otros, en cambio, los señala con dureza y los da prácticamente por culpables. Todo depende, pareciera, del momento político o del ánimo con el que responda a las preguntas.
Eso sí, desde el primer momento ha intentado marcar distancia del escándalo y ha sostenido que fue él mismo quien impidió que la trama terminara de materializarse. Según su versión, al detectar irregularidades decidió sacar a Olmedo López de la UNGRD, lo que habría frenado la entrega de contratos comprometidos con congresistas. Sin embargo, esa explicación choca con otra realidad.
La red de corrupción no se detuvo por una decisión política del Gobierno, sino porque las denuncias periodísticas destaparon lo que estaba ocurriendo dentro de la entidad. Petro también ha insistido en que este tipo de prácticas —la entrega de cupos indicativos o la mal llamada “mermelada”— no nacieron en su administración. Recuerda con frecuencia que, cuando fue senador, denunció públicamente ese sistema con el que se repartían contratos y recursos a cambio de apoyos políticos en el Congreso. Con ese argumento intenta ubicar el escándalo dentro de una tradición de la política colombiana que, según él, precede a su gobierno.
“Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó. Es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo”, escribió en la red social X, en un breve cruce con el periodista Néstor Morales.
En ese intercambio, el comunicador refutó. Le respondió al presidente que la discusión no se limita a si los contratos se ejecutaron o no. “El cohecho no establece que tenga que haberse ejecutado el contrato. Basta con recibir dinero o promesa”, dijo al explicar la tipificación del delito que investigan las autoridades.
Pero lo cierto es que, más allá del origen de esa práctica, el expediente judicial muestra que terminó cometiéndose dentro de su propia administración. A medida que avanzan las investigaciones, podrían aparecer más nombres en un caso que apenas empieza a destaparse.
Lo preocupante es que el país lleva décadas tolerando estas prácticas. Las que pasaron sin que nadie las supiera, las que apenas ahora salen a la luz y, seguramente, las que vendrán. Porque si algo dejó al descubierto este escándalo es la forma en que operan los corruptos, cómo se reparten contratos, cómo se compran votos y cómo, una y otra vez, logran blindar sus maniobras detrás del poder.
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