Sigue retumbando en el país la aventura a ciegas de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque el presidente Gustavo Petro niega que ese proceso vaya a interferir con las elecciones de 2026, lo cierto es que —además de coincidir con esos comicios— reconoce que busca alcanzar reformas que impulso con más fracasos que éxitos en el Congreso. Analistas coinciden en que es más una estrategia que busca polarizar para incidir en los próximos comicios, que un camino con posibilidades de llegar a hacerla realidad.
Al respecto, Petro soltó algunas puntas sobre esa estrategia, cuyos temas centrales resumió en nueve puntos que esperaría que se reformaran de la Constitución de 1991.
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En ese sentido, expuso el impulso a las reformas que presentó al Congreso durante su gobierno y que no trascendieron (como la de salud) o están bajo revisión de la Corte Constitucional (como la pensional), además de los temas del código minero, de los servicios públicos, de la educación y de inteligencia artificial.
También mencionó una “reforma agraria más profunda”, “la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática”, “el nuevo ordenamiento territorial de Colombia” y la “autonomía regional”. A lo que agregó reformas a la justicia y a la política, enfocada en el sistema electoral y sus autoridades, sumado a los temas de paz, seguridad y un tema de soberanía.
“Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto: el estado social de derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general”, argumentó Petro en su cuenta de X (antiguo Twitter).
¿Qué busca Petro?
El Presidente explicó que “la Constituyente no se hará en época electoral”, pues “hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses” y que “se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia (sic) de la República”.
Aún así, incluso con las cuentas de Petro (de los tres meses) se cae de su peso que pueda influir en las elecciones, al menos en las Legislativas, que serán el 8 de marzo, dado que ese tiempo terminaría en los últimos días de marzo: fecha que además coincide con el plazo para la inscripción de candidatos presidenciales avalados por partidos políticos o por grupos significativos de ciudadanos.
Así mismo, constitucionalistas y analistas consultados por EL COLOMBIANO dicen que con el documento como está, Gustavo Petro “quiere arrasar con todo” e influir en la campaña de 2026. Esa gran apuesta, exponen, se puede traducir en dos frentes.
Primero, no solo el contenido del documento y la modificación de pilares fundamentales de la Constitución, sino también utilizar esta propuesta como una plataforma electoral y política para los candidatos del Pacto Histórico al Congreso y la Presidencia. Segundo, sirve de distractor en momentos en los que el Gobierno está pasando aceite por la baja ejecución, por los escándalos de corrupción, por el endeudamiento y por la polémica con la declaratoria de emergencia económica.
El profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana Roberto García advirtió que “es una manera de empezar la campaña y de impulsar las reformas que ha lanzado, pero que no ha podido llevar a cabo”. Pero también que es “parte de la estrategia responde a ese intento de movilización de campaña para aglutinar a buena parte de la izquierda”.
Por su parte, el exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria apuntó a que, con esto, el Ejecutivo apunta a “ahondar en las divisiones políticas, el enfrentamiento ideológico y la ‘guerra civil fría’” y a “afianzar la narrativa populista de una lucha entre el pueblo que el Presidente representa y una élite corrupta”.
Al respecto, el profesor García menciona que “la estrategia política en sí será exitosa para movilizar al electorado, pero lo único que conseguirá es polarizar y en esa dinámica probablemente los sectores centristas sean los más perjudicados”. Pero para hacer una Constituyente “hay poco tiempo y hay elementos jurídicos y políticos que van a impedir que se lleve a cabo”.
Entre tanto, el jurista Mauricio Gaona expuso que “cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas”.
Las ‘perlas’ del proyecto
Algunas de las iniciativas que plantea el gobierno Petro para sustentar la Asamblea Nacional Constituyente son, por ejemplo, cambiar el modelo económico, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo.
El documento expone algunas ideas recurrentes en el discurso de Petro durante su mandato: la transformación del modelo económico, la “actualización” del Banco de la República —cuya independencia el mandatario ha cuestionado en numerosas ocasiones— y la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo de la Corte Constitucional.
Pero el motivo principal es el supuesto “bloqueo institucional y las omisiones legislativas” que, según el documento, han “limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana”.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo al frente del trámite de inscripción del Comité Promotor de la Constituyente, enfatizó que con este mecanismo se esperan lograr los resultados que no han tenido en más de tres años (faltando ocho meses para que haya un relevo en la Casa de Nariño).
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del censo nacional electoral es la cantidad de firmas que debe recolectar el comité promotor.
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