El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido la tarde del miércoles 11 de febrero en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, no solo generó conmoción por la frialdad del ataque, sino que abrió un fuerte debate sobre la reacción institucional y el acceso a cámaras de seguridad en momentos críticos.
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El crimen se registró cuando Aponte y Gutiérrez salían de un gimnasio del sector. Según la información oficial, un sicario se acercó y les disparó en repetidas ocasiones en plena vía pública, en una de las zonas más transitadas y vigiladas de la ciudad. Tras el ataque, el agresor huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Aunque las víctimas fueron trasladadas a un centro médico, fallecieron debido a la gravedad de las heridas.
En medio de la investigación, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló en entrevista con Blu Radio que las autoridades enfrentaron dificultades para acceder de inmediato a las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en edificios y estaciones de servicio cercanas al lugar del crimen.
De acuerdo con el oficial, los administradores de algunos predios exigieron órdenes judiciales antes de permitir la revisión de los videos, lo que retrasó la recolección de pruebas clave. “No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen”, denunció Cristancho.
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El señalamiento desató críticas desde distintos sectores políticos, que consideran que la inmediatez en este tipo de casos es determinante para seguir la ruta de escape de los responsables y evitar que evadan a la justicia.
En el programa El Debate de Semana, el representante a la Cámara Julio César Triana, del Partido Cambio Radical, calificó como inconcebible que la Policía no hubiera podido acceder de forma oportuna a los registros audiovisuales. “Fue muy triste escuchar decir al director de la Policía de Bogotá que cuando llegaron a un condominio a pedir dejar revisar las cámaras, para seguramente trazabilidad, y poder identificar a los sicarios, inmediatamente les dijeron que necesitaban una orden judicial para ello. Eso no puede pasar, es muy grave”, afirmó.
A las críticas se sumó Juan Baena, expresidente del Concejo de Bogotá, quien también intervino en el mismo espacio. “De manera vehemente quiero señalar dos cosas. Lo primero es que eso no puede pasar y, lo segundo, es que el sicariato no es un caso aislado en Colombia; hay que ser conscientes de eso. Hay bandas criminales y hay que atacarlas”, sostuvo.
La controversia pone sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la protección de datos privados y la colaboración inmediata con las autoridades en situaciones de flagrancia. Mientras avanza la búsqueda de los responsables, el caso de la calle 85 no solo refleja la persistencia del sicariato en el país, sino también los desafíos operativos que enfrentan las autoridades en las primeras horas de una investigación.
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