En la Alta Guajira, el nombre “Custodio” parece funcionar como una clave de acceso a una compleja estructura de poder. Los hermanos Wouyurí Valbuena lo utilizan indistintamente y, según relatan autoridades tradicionales de la región, la coincidencia de nombres y apellidos ha contribuido durante años a sembrar confusión entre quienes intentan seguirles la pista. Custodio también se llamaba su papá boyacense.
Esta familia es la fuerza motriz detrás de la delimitación de Wuinpumüi, el nuevo territorio indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, un proyecto en Uribia que les otorga un control administrativo y financiero sin precedentes.
Bajo el Decreto 482 de 2025 del Ministerio del Interior, y una reciente resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esta Entidad Territorial Indígena (ETI) ha sido constituida como una institución de derecho público y autonomía similar a la de los municipios.
Las ETI son entidades político-administrativas creadas por la Constitución Política de 1991 para garantizar la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas a través de recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGPRI).
En la práctica, esto significa que la estructura familiar de los Wouyurí Valbuena ahora tiene la facultad legal de gestionar presupuestos millonarios destinados a salud, educación y agua potable, sectores que anteriormente dependían de la administración municipal de Uribia. El área bajo su influencia, delimitada formalmente por la ANT en junio de 2026, abarca 257.408 hectáreas y 1.752 metros cuadrados.
Este vasto polígono de desierto y mar integra nueve corregimientos estratégicos de Uribia: Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Punta Espada, Castilletes, Puerto López, Siapana, Wualetpá y Tawaira. Desde EL COLOMBIANO hablamos con cinco líderes de esos territorios, quienes explicaron que aunque la resolución técnica aclara que esta delimitación no modifica los límites municipales ni otorga propiedad privada, sí define el marco geográfico donde los Valbuena ejercerán su gobernanza y autonomía política.
Mientras Armando, expromotor de la Constituyente y compadre del presidente Gustavo Petro, gestiona los hilos políticos en Bogotá, su hermano Custodio, o Gustavo, como lo llaman también, aparece en los documentos oficiales como el representante legal en La Guajira que solicitó la puesta en funcionamiento del territorio y opera como el ejecutor en el campo. Junto a su hermana Taidé Valbuena, la administradora de este “conglomerado empresarial” familiar, han construido una estructura que trasciende lo tradicional.
Esa agremiación de Armando y compañía, vinculada a la ETI, es Wayúu–Araurayú, que ha sido representada por su hermano Custodio. Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, como reveló EL COLOMBIANO el 7 de mayo pasado, esta organización suscribió contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales, entre ellas el ICBF, DANE, las alcaldías de Uribia y Riohacha, etc.
Precisamente, el pasado 13 de junio, Melquisedec Torres —periodista y columnista de este diario— dijo en X que Armando Wouyurí era quien estaba tras la nueva ETI de la Alta Guajira. “Atentos al dato: El mismo líder indígena que recogía dinero, apoyado por Petro, para las firmas de la Constituyente, es el representante legal del “Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira - Wuinpumüin” con el cual —como lo he denunciado— se pretende crear, ilegal e inconstitucionalmente, un nuevo ente territorial, quitándole la 3a parte al municipio de Uribia, con 45 mil habitantes”.
Compadrazgo y poder
Armando Custodio no es visto únicamente como un dirigente indígena. Para sus opositores, es el estratega político de la familia. Su cercanía con Petro quedó expuesta públicamente cuando el pasado 4 de mayo le entregó la camiseta de la Constituyente (ver foto) en un acto político.
La relación, sin embargo, va más allá de los escenarios públicos. EL COLOMBIANO ha conocido que Petro sería padrino de una de las hijas de Armando, el expromotor de la constituyente. Son compadres. Para sectores críticos del proceso, ese vínculo constituye una pieza clave para comprender la influencia alcanzada por el dirigente en distintas instancias del Gobierno Nacional.
Entre líderes de la región circula una frase atribuida al propio Armando. Tras la expedición del decreto que dio vida a la Entidad Territorial Indígena (ETI), habría comparado el nuevo escenario institucional “con la apertura de un cajón con 80 llaves”.
La expresión, según quienes la escucharon pronunciar y que hablaron con EL COLOMBIANO, hacía referencia al acceso a ministerios, agencias, programas y entidades estatales que ahora podrían ser interlocutores directos de la nueva estructura territorial.
Para sus defensores, se trata simplemente del resultado de décadas de lucha por el reconocimiento de la autonomía indígena. Para sus críticos, es la evidencia de una acumulación de poder sin precedentes en la historia reciente de la Alta Guajira.
En el centro de la controversia aparece una cifra capaz de explicar por sí sola la intensidad del conflicto: $64.512 millones. Ese es el monto proyectado para 2026 por la Alcaldía de Uribia y que, según los cuestionamientos de varios sectores locales, constituye el verdadero botín político detrás de la disputa territorial.
Actualmente, esos recursos son administrados dentro de la estructura institucional del municipio de Uribia. Con la entrada en funcionamiento de la ETI, dichos fondos pasarían a ser gestionados directamente por la asociación wayuú de los Wouyurí, cuyo representante legal es Custodio, el hermano de Armando, que está presente de tiempo completo en esa región junto a Taidé.
Los opositores al proceso sostienen que la ETI no representa únicamente una figura de autonomía indígena. En su interpretación, se trata de una estructura con capacidad para administrar recursos de salud, educación, agua potable, infraestructura y programas sociales, concentrando funciones que tradicionalmente han estado bajo la órbita municipal y departamental.
Por eso algunos líderes locales la describen como una “alcaldía de facto”: una instancia con capacidad de gobierno y administración sobre amplias zonas del territorio, pero surgida mediante un decreto y no a través de una elección popular.
“Ellos no son de aquí”
Gesimar Correa Epieyú, autoridad tradicional en Siapana, uno de los nueve corregimientos de la ETI que entró a administrar los Wouyurí, denuncia en diálogo con EL COLOMBIANO una serie de supuestas irregularidades, suplantaciones y abusos por parte de los hermanos Wouyurí Valbuena en su afán por consolidar un nuevo territorio indígena que les entregaría el control absoluto de la contratación.
Mientras en los pasillos de Bogotá el proyecto de la Entidad Territorial Indígena (ETI) se presenta como un avance en la autonomía de los pueblos, en el polvo de los corregimientos de Puerto López, Siapana y Castillete, menciona, el sentimiento es de indignación.
Correa Epieyú acaba de regresar de Bogotá con una misión clara: radicar los documentos de las autoridades tradicionales que se oponen a que su territorio sea administrado por personas que consideran ajenas.
La principal inconformidad radica en el origen de los promotores del proyecto. Según Correa, los hermanos Armando, Custodio y Taidé Valbuena no pertenecen a la zona que pretenden gobernar. “Ellos son de Manaure y no tienen que ver nada por aquí”, sentencia la líder, añadiendo que “cada quien tiene que mandar en su territorio”.
Para las comunidades, los Valbuena están actuando como si fueran los propietarios de una tierra que no les pertenece ancestralmente. “No son dueños del territorio. Nosotros los autoridades somos los que decidimos por nuestro territorio”, afirma Correa con contundencia.
Denuncia que incluso para temas sensibles como la atención a la primera infancia, la autonomía ha sido secuestrada: “hay que pedirle permiso a ellos para que autorice al ICBF para que venga un operador que uno quiere para acá”.
¿Firmas falsas y “fotos de otros”?
El proceso de socialización técnica ante el Estado también está bajo sospecha. Correa describe un esquema de supuesta manipulación en las asambleas para simular un apoyo que no existe. “Ellos hacen las cosas sin consentimiento de las autoridades... falsifican la firma de autoridades y eso no nos está gustando porque prácticamente están violando el derecho”, denuncia.
La líder relata que, en su afán por documentar apoyo ante la Agencia Nacional de Tierras, los promotores recurren a tácticas visuales engañosas: “a veces ellos toman la foto de otras personas que no son de los autoridades” para validar sus reuniones.
Incluso, asegura que nombres de líderes que jamás han asistido a las convocatorias en Nazaret terminan apareciendo sistemáticamente en las actas oficiales. Según su testimonio, el objetivo que persiguen es que “toda la contratación va a llegarle a ellos”, desde los recursos del Ministerio hasta los pequeños rubros destinados a la logística de las reuniones.
La desconfianza es tal que parte de las comunidades han decidido romper todo vínculo con los hermanos Wouyurí. “Nosotros ya queremos salir de esa gente. Ya no asistimos a las reuniones de ellos”, confiesa la líder.
Su petición es simple pero urgente: “Es preferible que vengan los de allá del Ministerio, que vengan para acá, que conversen directo con las autoridades”. Para estas comunidades, el futuro de la Alta Guajira no puede decidirse en oficinas de Bogotá por quienes, según ellos, solo van allá a la capital a “echarse fresco”.
En una reunión llevada a cabo el 15 de octubre de 2025 en el sector de Siapana, uno de los nueve corregimientos delimitados de la ETI, Custodio expuso una hoja de ruta de la centralización administrativa y el control de los recursos estatales que llegan a la Alta Guajira.
EL COLOMBIANO, que contactó a los hermanos Wouyurí pero no obtuvo respuesta hasta el momento, obtuvo esos videos donde el indígena wayuú comenzó mapeando la infraestructura de servicios sociales en Siapana, admitiendo que el personal que opera los programas de infancia está ligado directamente a las autoridades tradicionales por vínculos de sangre.
Afirmó que en las 60 unidades del ICBF de Siapana, los trabajadores son ”sobrinos de las autoridades, son familias, sobrinos, conocidos”. Identificó a un grupo de 299 personas que deben trabajar para la comunidad —incluyendo 24 auxiliares administrativos de colegios y programas del ICBF—, pero enfatizó que su organización (‘Wayuu Araurayu’) debe “organizar eso”.
Aunque propuso organizar a los Puchipu (palabreros) para que tengan su propio ”papel, su trabajo, su incentivo ahí trabajando”, el líder fue explícito en su intención de “jalar” hacia su estructura los recursos de diversos programas del Gobierno, entre ellos del DPS.
Además, manifestó la necesidad de organizar el ”pilar solidario” (para mayores de 60 años) y el programa ”renta joven” para asegurar el apoyo del gobierno.
El mensaje final de Custodio dejó entrever su propósito de imponer orden antes de reconstruir consensos: “Vamos a organizar lo que no está organizado y después nos unimos todos otra vez”.
Lea también: ¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta?
Regístrate al newsletter