Sobre la mesa de paz urbana, que concentra a los jefes de las bandas del Valle de Aburrá, ya hay un antecedente de supuesta intervención en operativos policiales.
El anuncio por parte de la mesa de paz urbana entre el Gobierno Nacional y los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, de gestionar “un territorio libre de drogas” en el Parque Bicentenario de Medellín, generó suspicacias entre los investigadores judiciales de la ciudad, pues justo en ese mismo lugar se iba a ejecutar una operación antidrogas contra una organización criminal, que fue pospuesta a última hora.
En la mañana de este jueves se realizó una rueda de prensa en la cárcel de Itagüí, sede de los diálogos sociojurídicos con los representantes del crimen organizado del área metropolitana, en la cual se anunció la reactivación del proceso, luego de haber sido suspendido por la Casa de Nariño el 9 de abril pasado, debido a la parranda vallenata realizada de manera inconsulta en el recinto.
Los delegados de ambas partes informaron que en esta nueva etapa de las conversaciones se promoverían varios hechos de paz, que incluyen la estrategia de “barrios libres de tusi”, el desescalamiento de la violencia en el barrio Toscana, un mundialito de fútbol con jóvenes de distintos vecindarios y la citada intervención en el Parque Bicentenario.
En este lugar, ubicado en el barrio Boston y circundado por lugares estratégicos para el arte y la cultura, como el teatro Pablo Tobón Uribe y el Museo Casa de la Memoria, funciona una plaza de vicio desde hace varios años, controlada en la actualidad por la banda “los Conejos”, adscrita a la organización “Caicedo”, el tentáculo de la confederación criminal “la Oficina” en el Centro y el Oriente de Medellín.
“Anunciamos un proceso de recuperación de este parque como escenario de ciudad libre de comercialización de drogas a partir del próximo 11 de junio”, indicaron las partes en un comunicado distribuido después de la rueda de prensa.
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El mensaje causó preocupación en las agencias de seguridad de la ciudad, pues justo en ese lugar fue cancelada a última hora una operación estructural contra los traficantes de drogas.
Fuentes cercanas al caso le contaron a EL COLOMBIANO que durante un año se estuvo planeando el desmantelamiento de la red de distribución de estupefacientes en el Parque Bicentenario.
La acción era coordinada por la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro) y la Fiscalía 94 Antinarcóticos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía.
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En medio de la investigación se obtuvieron 34 órdenes de captura contra los delincuentes involucrados, así como una solicitud de aprehensión contra un menor de edad.
El golpe estaba planeado para el 7 de mayo de 2026, cuando los agentes ya tenían ubicados a la mayoría de los objetivos, así como los lugares definidos para los allanamientos. Además de la Dipro, se había establecido un apoyo de 60 policías de la Sijín de distintas jurisdicciones, que serían enviados a Medellín para la operación.
Según las fuentes, que solicitaron la reserva de su identidad por seguridad, “horas antes de lanzar la operación, los coordinadores del equipo recibieron una llamada desde Bogotá, de la dirección de la Dipro, ordenándoles que suspendieran la misión”.
Y añadieron: “No dieron explicaciones, simplemente que se aplazaba para después de las elecciones presidenciales”.
Dos días después de cancelar la operación, el 9 de mayo, ocurrió un segundo evento extraño: incendiaron una bodega de reciclaje aledaña al Parque Bicentenario. “Ese era uno de los lugares que teníamos identificados para allanar”, recalcó el investigador consultado.
En consecuencia, toda la evidencia que pretendían recolectar en ese sitio, se perdió.
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Y ahora, 21 días después del aplazamiento de la operación, la mesa de paz urbana anuncia que gestionará la disminución de la venta de drogas justo en el mismo lugar.
Sobre la mesa de diálogos sociojurídicos del Valle de Aburrá pesa un antecedente de presunta intervención en operativos policiales, lo cual ya provocó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la delegación del Gobierno en ese proceso.
Tal cual informó este diario, el incidente sucedió en junio de 2025, cuando el Juzgado 71 Penal Municipal de Bogotá expidió seis órdenes de captura dirigidas a golpear la estructura financiera de “la Terraza” y de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), vocero principal de las bandas en dicha mesa.
Antes de que la Dijín ejecutara las capturas, la información del operativo se filtró y, según fuentes cercanas a la situación, llegó a la cárcel de Itagüí.
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Terceras personas, cuyas identidades las fuentes quisieron reservar, se arrimaron a la Alcaldía de Medellín a decir que iban de parte de la mesa de paz, y que si aquellas capturas se concretaban, se desataría una oleada de violencia en las calles.
Los mensajes también llegaron a la Policía y a la Casa de Nariño, donde hubo preocupación por el desenlace. “Incluso llamaron a algunos de los investigadores a Bogotá, a preguntarles si eran necesarias las capturas”, contó uno de los funcionarios consultados en ese momento.
La operación continuó, pese a la advertencia, con cinco detenidos, entre ellos la exesposa y el hijo de “Douglas” (quien se entregó días después), pero en la audiencia de control de garantías fueron dejados en libertad, por considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.
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El alcalde Federico Gutiérrez declaró públicamente que la senadora Zuleta trató de obstruir las capturas. Ella lo negó y adujo que desde la administración municipal estaban lanzando ataques injustificados contra el proceso de paz.
Tras lo sucedido con la operación policial suspendida en el Parque Bicentenario, quedó en el aire un cuestionamiento similar. ¿El Gobierno y la Policía frenaron las 34 capturas y los allanamientos, para que la mesa de paz urbana se “encargara” de la plaza de vicio en ese sitio? ¿O todo es una coincidencia?
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