Después de que el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina fuera designado como interventor de la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país, se conoció la resolución con la que el gobierno Petro dictó diferentes medidas.
Prorrogó la intervención con un año y fijó un plazo concreto y una hoja de ruta estricta para supuestamente lograr la recuperación de la entidad. Esto no lo han logrado en más de dos años de intervención en los que las quejas han aumentado y se han conocido casos dramáticos de pacientes que han muerto esperando por sus tratamientos o medicamentos.
¿Qué implica la intervención forzosa de la Nueva EPS?
En su artículo primero, el documento ordena “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS” por un año. Es decir, la medida ya llega hasta el próximo gobierno. Luego, en el segundo, ordena a Luis Óscar Galves, el último interventor, entregar rendición de cuentas de su rol.
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Después, en su artículo tercero, designa como interventor a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali aliado al gobierno Petro. A Ospina le exigen presentar e implementar un plan de trabajo dentro del término de treinta días calendario siguientes a su posesión (que deberá ser en los próximos cinco días hábiles) que deberá responder a temas críticos como la atención de usuarios y la recuperación financiera.
De hecho, el plan arranca con “resolver de fondo” las reclamaciones en salud interpuestas por los afiliados, con énfasis en aquellas clasificadas como “riesgo vital”. También pide realizar una “evaluación detallada y operativa” de la red de prestadores de servicios de salud para asegurar que la población afiliada pueda acceder “de manera oportuna, segura, pertinente y continua” a los servicios de salud.
Esto, según dice el documento, “implica identificar posibles deficiencias en la red y tomar medidas correctivas para mejorar la accesibilidad y calidad de la atención médica proporcionada”.
¿Cómo busca el Gobierno la recuperación financiera?
Incluso, el documento habla de “implementar y desarrollar medidas de salvamento” orientadas a que la “recuperación fiannciera” de la EPS. Allí se incluyen, sin especificar, estrategias para que la EPS “cumpla con las condiciones financieras y de solvencia”. La entidad enfrenta deudas multimillonarias, y vale recordar que no se conocen estados financieros desde 2024.
El documento también habla de diseñar, implementar y adoptar estrategias “para el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante los entes territoriales, ADRES y demás deudores” a través de acciones jurídicas “que se consideren necesarias” según el análisis individual de los recursos del sistema general de seguridad social en salud que estén pendientes de recaudar. No se especifica más.
Dimensiones de la crisis de la Nueva EPS
Llama la atención otro punto en el que se llama a reducir “el riesgo jurídico por la interposición de acciones de tutela”. Cabe recordar que, para marzo, había más de 120.000 tutelas que ni siquiera se habían abierto desde la Nueva EPS. Estas hacen parte de las más de 518.000 quejas presentadas contra la entidad en 2025.
El documento se riega en lenguaje técnico, insiste en la importancia en el derecho a la salud y en estrategias “efectivas”, pero falta ver si lo que se propone será suficiente para sacar de la crisis a una entidad con más de 11,5 millones de usuarios y deudas millonarias, prestadores que ya no confían y usuarios muriéndose a la espera de tratamientos o medicamentos.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la intervención de una EPS en Colombia?
- Es una medida del Gobierno para tomar control administrativo y financiero de una EPS cuando presenta fallas graves en atención o solvencia, buscando su recuperación o liquidación.
- ¿Por qué aumentan las tutelas contra la Nueva EPS?
- Principalmente por demoras en atención, entrega de medicamentos y tratamientos, lo que obliga a los usuarios a acudir a la justicia para garantizar su derecho a la salud.
- ¿Cuántos usuarios tiene la Nueva EPS?
- La Nueva EPS es la más grande del país, con más de 11,5 millones de afiliados, lo que hace crítica cualquier falla en su operación.
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