El ministro sostiene que los mensajes promoviendo invasiones a Colombia no son simples opiniones y pide evaluar si aquello configura un delito contra la patria. El caso quedará en manos de la Corte Suprema.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para presentar una denuncia penal contra varios congresistas, a quienes señala de promover mensajes que podrían poner en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia.
El anuncio se sustenta en lo establecido por el artículo 455 del Código Penal, que tipifica como delito cualquier acción que menoscabe la integridad nacional. En conversación con EL COLOMBIANO, abogados penalistas explicaron los alcances de esta situación y cómo se configura aquella infracción.
Según Sanguino, algunos pronunciamientos difundidos en redes sociales por dirigentes políticos no pueden entenderse como simples opiniones, sino como conductas que ameritan una revisión judicial.
Entre los señalados están el senador de la Alianza Verde Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical.
De acuerdo con el ministro, ambos han publicado mensajes que podrían interpretarse como llamados a la injerencia extranjera o a acciones hostiles contra el país.
“Como ciudadano colombiano interpondré en las próximas horas una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra estos congresistas y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial”, manifestó Sanguino a través de su cuenta en la red social X.
Añadió que dichos comportamientos podrían encuadrarse, además, en el delito de participación en hostilidades contra la patria, contemplado en el artículo 458 del Código Penal.
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El ministro enfatizó que la gravedad de los hechos radica en que los mensajes provienen de actores políticos que, por mandato constitucional, están llamados a proteger el orden jurídico y los intereses del Estado.
En ese sentido, afirmó que la libertad de expresión no puede ser invocada para justificar acciones que, a su juicio, podrían configurar traición a la patria.
La controversia se da en medio de un contexto regional tenso, marcado por la reciente captura y extracción del gobernante venezolano Nicolás Maduro y por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no ha descartado intervenciones en la región.
Algunos trinos de los congresistas aludidos hicieron referencia a ese escenario, lo que, según Sanguino, podría interpretarse como un guiño a una eventual injerencia extranjera en Colombia.
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Las declaraciones de Trump, en las que lanzó señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, fueron rechazadas por la Cancillería colombiana. La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, calificó esos pronunciamientos como una injerencia inaceptable.
Según Pamela Forero, abogada penalista, los mensajes publicados por los congresistas no configuran un delito: “Lo que dice el artículo 455 es el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia. Y pues un trino, un mensaje en redes sociales no tiene la vocación de menoscabar la integridad territorial de Colombia en lo más mínimo. Así lo escribirá el presidente de la República”, le explicó a EL COLOMBIANO.
En esa misma línea se ubica el abogado penalista Francisco Bernate, quien en diálogo con EL COLOMBIANO, explicó: “El delito de menoscabo a la integridad nacional es un delito que protege la integridad territorial de nuestro país y hace referencia a las personas que literalmente corren o mueven la frontera. Tiene más que ver con el control fronterizo del país”.
Y añadió: “En este caso, quienes se están expresando a favor de una intervención de los Estados Unidos en nuestro país, puede que estén dando opiniones irritantes, que se comparten o no, pero no es un delito lo que están haciendo porque no están afectando las fronteras”.
Sin embargo, ambos penalistas están de acuerdo en que será la Corte la encargada de revisar el caso. Para Forero, es muy probable que el proceso quede archivado por falta de tipicidad. Pero, en caso de que la Corte encuentre irregularidades, la abogada hace énfasis en que la pena para este delito es una de las más grandes en Colombia.
“En caso de que la justicia considere que en este caso sí hubo una falta pues es un delito en el que se incurre entre 320 meses a 540 meses de prisión”, dijo, y añadió que es poco probable que haya una condena relacionada con los trinos.
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Por otro lado, es importante recordar que varios analistas políticos y jurídicos han hecho énfasis en que no se debe comparar a Nicolás Maduro con Gustavo Petro.
A pesar de los señalamientos de Estados Unidos contra el mandatario colombiano -acusándolo de colaborar con el narcotráfico- sobre el presidente Petro no reposa ninguna investigación ni orden de captura al respecto. Además, su puesto en el poder llegó por vía democrática, estando aún dentro del periodo de Gobierno que le corresponde por derecho tras las elecciones.
Al respecto, Sanguino indicó que, una vez concluya la vacancia judicial, solicitará formalmente a la Corte Suprema que determine si las publicaciones de los congresistas señalados superan el ámbito de la opinión política y entran en el terreno de lo punible.
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