El nombre de Carlos Camargo volvió al centro del debate no solo por su papel en la Corte Constitucional de Colombia, donde lideró la ponencia que dejó sin efecto la emergencia económica decretada por el Gobierno, sino también por los cuestionamientos alrededor de su elección.
En el Consejo de Estado permanecen activas 15 acciones que buscan anular su nombramiento, varias de ellas estancadas desde hace más de seis meses. Aquello ha puesto el foco en decisiones tomadas durante su paso por la Defensoría del Pueblo.
Según revelaciones del periodista Daniel Coronell en el Reporte Coronell, de Caracol Radio, Camargo habría vinculado a la entidad a familiares de magistrados de distintas altas cortes.
No es la primera vez que un escándalo así lo envuelve. Ahora, los señalamientos previos sobre nombramientos de allegados a jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se suman ahora casos relacionados con integrantes del propio Consejo de Estado, corporación encargada de estudiar las demandas en su contra.
Entre los ejemplos mencionados aparece el de Joaquín Andrés Barreto Rodríguez, hijo del magistrado Omar Joaquín Barreto, quien fue vinculado a la Oficina de Comunicaciones de la Defensoría.
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También figura Valentina Álvarez Sanabria, hija del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien ocupó dos cargos distintos dentro de la entidad en momentos diferentes.
La situación adquiere mayor relevancia porque ambos magistrados hacen parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia donde se tramitan las demandas de nulidad contra la elección de Camargo.
Mientras Barreto se apartó del proceso al declarar un impedimento por su cercanía con el exdefensor, Álvarez continúa participando en las decisiones y recientemente suscribió actuaciones dentro del expediente.
De hecho, recientemente ordenó: “manténgase el presente expediente en la Secretaría de la Sección Quinta, mientras se decide sobre la acumulación de los procesos”.
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Ante la falta de avances en los procesos, uno de los demandantes, el abogado José Fernando Gutiérrez, solicitó formalmente que se impulse el trámite judicial, en un intento por destrabar los casos que siguen sin resolverse.
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