Jineth Bedoya Lima solo ha tenido una certeza a lo largo de dos décadas: “No es hora de callar”. Bajo ese lema, que convirtió también en su proyecto personal, la periodista ha dado una lucha jurídica, política y social para atacar las violencias basadas en género que sufren millones de mujeres en Colombia. Esa lucha ya dio frutos en el Congreso.
Con la aprobación de la Ley Jineth Bedoya Lima, también conocida como “Ley de Atención Sin Revictimización”, ahora los funcionarios públicos de todo el país deberán capacitarse para aprender a identificar las violencias basadas en género; evitar reproducirlas y, además, saber cómo frenarlas y atenderlas en caso de tenerlas al frente.
Es decir, estas capacitaciones deberán tomarlas médicos de hospitales públicos, investigadores judiciales, abogados del Estado y cualquier otro contratista.
No es casualidad, tampoco es una medida arbitraria o meramente simbólica: con frecuencia, las víctimas que acuden a instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal, las comisarías de familia o los centros de salud enfrentan revictimización debido a que algunos funcionarios, por falta de capacitación o por prejuicios, las atienden sin un enfoque de género y derechos humanos.
Entre las formas de revictimización más frecuentes están la desestimación o relativización de las denuncias, la persistencia de estereotipos y prejuicios, la obligación de narrar reiteradamente los hechos vividos y la atribución de culpas o responsabilidades a las propias víctimas.
“Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada y así sigo ejerciendo el periodismo (...) Y me pararé donde me tenga que parar, una y mil veces –así me humillen y me revictimicen– por los derechos de las mujeres”, dijo Bedoya tras la aprobación de la Ley.
Y es que, todo empezó el 25 de mayo de 2000, cuando Bedoya iniciaba su carrera en el periodismo. Mientras adelantaba una investigación sobre una red dedicada al tráfico de armas y a varios homicidios al interior de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue interceptada y secuestrada por un grupo paramilitar. Posteriormente, fue trasladada fuera de la ciudad hasta una zona apartada en las cercanías de Villavicencio, donde fue sometida a torturas y a violencia sexual.
Ante la desprotección que sufrió, la inacción de las autoridades, la falta de control, la violencia de género sufrida en el ejercicio de su carrera y la revictimización que enfrentó al denunciar, Bedoya denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue aquel organismo quien ordenó la creación de la Ley como medida de reparación.
Actualmente, el proyecto fue respaldado por 52 votos a favor y uno en contra, que emitió la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, quien votó en contra argumentando problemas con la “ideología de género”.
Ante aquel voto negativo, Bedoya señaló que su búsqueda de justicia y equidad ha estado marcada por revictimización y barreras, pero que no dejará de buscar un mundo más justo para las mujeres, niñas y adolescentes del país.
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“Gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que han creído en este proyecto de ley y que hoy lo convierten en ley, porque es para salvar la vida de las mujeres y las niñas. Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país”, añadió Bedoya en la plenaria del Senado.
Los y las congresistas que votaron a favor (la inmensa mayoría) la respaldaron. Falta que el presidente sancione la Ley.
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