La Contraloría halló posibles irregularidades por más de $53.000 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, principalmente por sobrecostos, pagos sin soporte y fallas contractuales.
La Contraloría General reportó este lunes que, en el marco de al menos 40 actuaciones de control fiscal frente a los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se determinaron hallazgos fiscales por más de $53.117 millones.
Según el ente de control, 22 de los hallazgos están relacionados con sobrecostos por cerca de $18.106 millones, mientras que en 12 hubo pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones. A ellos se suman problemas en la ejecución contractual valorados en $2.706 millones e incumplimiento de lineamientos del Programa por $649 millones.
El organismo aseguró que la región que presenta la situación más crítica es Centro Oriente, donde se encontraron nueve hallazgos por valor de $12.363 millones.
“En Soacha (Cundinamarca) se identificó el hallazgo de mayor incidencia fiscal, $3.550 millones frente a la totalidad del recurso destinado al programa, derivado de la inclusión de valores en la estructura de costos que fueron pagados por el municipio y que superaron los valores efectivamente ejecutados por el contratista”, alertó la Contraloría.
Por otro lado, el ente de control determinó que durante la vigencia fiscal 2024, Boyacá suscribió convenios estandarizados de cofinanciación para la ejecución del PAE en 120 municipios. “Tras totalizar las raciones suministradas y compararlas con los soportes de pago a manipuladoras, se identificaron diferencias entre los valores reconocidos y los efectivamente cancelados generando un posible detrimento por $2.010 millones”.
Frente al manejo de recursos para el PAE provenientes del Sistema General de Regalías, la Contraloría advirtió que en Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca, se identificaron cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones a causa de deficiencias en todas las etapas del proceso contractual, así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa. Lo anterior, durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.
“En Nariño se estableció el hallazgo fiscal de mayor cuantía sobre estos recursos, por $23.549 millones, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, por deficiencias en la planeación y ausencias de aprobación formal de los ciclos de menú, que constituyen un riesgo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales en las entregas de las raciones”, advirtió el organismo.
Además, en Arauca hubo un hallazgo por $3.111 millones sobre las regalías aportadas al PAE, teniendo en cuenta que, al parecer, parte de los pagos efectuados no estuvo respaldada por soportes contables, financieros ni técnicos suficientes que demostraran costos reales asociados al cumplimiento del contrato.
Asimismo, se identificaron deficiencias en la interventoría y supervisión, lo que impidió ejercer un control efectivo sobre aspectos críticos del componente nutricional y financiero del programa.
Finalmente, la Contraloría llamó la atención por la afectación a cerca de 800.000 estudiantes teniendo en cuenta que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026. Esta situación se presenta en Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
Además, alertó que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, teniendo en cuenta que aún falta por cobijar a cerca de 1’200.000 niños en el país.
“Se hace un llamado urgente a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional frente a la inoportunidad de la prestación de alimentación escolar para 2026 en algunas regiones del país. Estas situaciones afectan el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo”, precisó.
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