El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, enfrenta críticas por presunto nepotismo, tras revelarse que su hijastro ha firmado contratos con la Adres. Su esposa funge como superintendente delegada para los prestadores de salud.
Semanas después de que se conocieron denuncias de supuestas presiones en un contrato por parte de Beatriz Gómez Consuegra –quien funge como superintendente delegada para los prestadores de salud y quien es esposa del ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo–, este jueves se conoció que el hijastro del ministro ha firmado contratos con el Estado en el sector salud.
Se trata de Sebastián Laverde Gómez, quien según el representante de oposición Andrés Forero (Centro Democrático) trabaja en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y ha suscrito contratos hasta por $96 millones.
“El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha convertido el sector salud en una bolsa de empleo familiar y es que mientras su esposa Beatriz Gómez Consuegra es delegada en la Superintendencia de Salud, su hijastro, Sebastián Laverde Gómez trabaja en la Adres y ha suscrito contratos por más de $96 millones”, reclamó el congresista.
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Forero advirtió que “mientras los pacientes no tienen acceso a medicamentos y ven interrumpidos sus tratamientos, el ministro Jaramillo ha garantizado el bienestar de su familia en el sector que está a su cargo”.
Además, Forero cuestionó los entregables del hijastro en sus contratos. “No sabemos cuál es su profesión ni su experiencia laboral porque irregularmente su hoja de vida no está publicada en Secop”, agregó.
En abril pasado, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra (esposa del ministro) por presuntas presiones ejercidas desde su cargo como superintendente delegada en la Superintendencia Nacional de Salud para que se firmara un millonario contrato en el Hospital San Rafael de Leticia.
La denuncia se conoció a través de una columna del periodista Daniel Coronell en la Revista Cambio. En ella se revelaron audios en los que presuntamente Gómez habría exigido la firma inmediata del contrato, a pesar de las advertencias sobre los riesgos legales y financieros del proyecto.
Uno de los fragmentos del audio divulgado registra la siguiente frase: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”, atribuida a Gómez durante una conversación telefónica con Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.
El contrato en cuestión, por más de $73.000 millones, busca la construcción y operación de un buque hospital para atender a comunidades del Amazonas. Inicialmente, el proyecto fue estimado en $55.000 millones, pero la empresa Cotecmar ajustó el valor por el aumento en el precio del acero y otros costos logísticos.
Baracaldo fue retirada del cargo el 1 de abril por orden del superintendente nacional de Salud. Posteriormente, denunció haber recibido llamadas intimidantes tras negarse a firmar el contrato sin las garantías financieras necesarias. “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, declaró.
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La exinterventora explicó que, aunque no dependía jerárquicamente de Beatriz Gómez, recibió múltiples comunicaciones exigiendo que la firma se realizara antes del 31 de marzo. También advirtió que el hospital intervenido atraviesa una situación financiera delicada, lo que requería una evaluación detallada de compromisos presupuestales de esa magnitud.
El proyecto no cuenta con el respaldo formal de la Gobernación del Amazonas ni con la aprobación de vigencias futuras. Además, organizaciones indígenas interpusieron una tutela por la falta de consulta previa.
