El 14 de noviembre de 2025, el Gobierno Nacional se afianzó como el principal accionista de la Nueva EPS tras quedarse con el 51 % de las acciones, lo que dejó sin el control a las cajas de compensación familiar que antes dirigían la entidad. Ahora, en abril de 2026, una denuncia desde el legislativo pone sobre la cuerda floja aquel proceso.
Según Andrés Forero, Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo habrían conseguido el control mayoritario de la Nueva EPS de manera irregular y manipulada.
Señaló que el interventor de Comfenalco Antioquia, que está intervenida desde el 15 de septiembre de 2023, habría transferido participación accionaria al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
”La Procuraduría General de la Nación debe investigar”, añadió Forero en una publicación en su cuenta de X.
Otras cajas de compensación que cedieron sus acciones fueron: Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle y Confandi.
No es algo menor, y por eso la lupa está sobre el proceso: aquel movimiento logró que el Estado infiriera en Nueva EPS de manera mixta y dominante, similar a como logra tener el control con Ecopetrol.
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Actualmente, a pesar del control del Gobierno, Nueva EPS está en crisis. Según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.
Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.
No solo eso: nadie sabe quién está a cargo. El decreto que prorrogaba la intervención de la entidad por parte del Gobierno venció a la media noche del 3 de abril. No han nombrado a nadie para gerenciar la EPS y no han anunciado una nueva intervención.
La Procuraduría le pidió al Gobierno que se pronuncie al respecto.
Crisis en Nueva EPS
Las quejas contra la Nueva EPS se concentran principalmente en dos problemas: la falta de entrega de medicamentos y la interrupción o ausencia de tratamientos y procedimientos esenciales para pacientes con enfermedades graves o crónicas, como diabetes, VIH, cáncer, hipertensión y patologías huérfanas.
En conversación con EL COLOMBIANO, Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo, explicó que estas fallas no son nuevas. Aunque ya existían antes de la intervención estatal, en los últimos meses se han intensificado.
”Lo único que queremos es que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario matan a cientos de líderes sociales, pero hay que recordar que a diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal”, aseguró.
De hecho, en abril de 2024 el Gobierno Nacional anunció que la Nueva EPS pasaría a manos del Estado, en medio de un contexto marcado por múltiples quejas relacionadas con la deficiente atención a los usuarios.
A esa situación se sumó un escándalo de corrupción que involucró a la antigua junta directiva, especialmente a su expresidente, José Fernando Cardona Uribe.
Según la Fiscalía, los exdirectivos habrían alterado la información financiera de la entidad para lograr la renovación de su licencia de funcionamiento y evitar controles más estrictos por parte de la Superintendencia de Salud.
Entre las irregularidades detectadas, se señala el ocultamiento de más de 3,4 millones de facturas de deudas con Instituciones Prestadoras de Salud, así como el reporte de utilidades inexistentes por más de 70.000 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2013 y 2023.
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En ese panorama, la Nueva EPS ya enfrentaba una crisis profunda antes de la intervención. Solo en 2023 se registraron más de 277.000 quejas ante la Superintendencia por fallas en la atención.
Sin embargo, lejos de mejorar, la situación parece haberse agravado y persiste la incertidumbre sobre quién asumirá la dispensación de medicamentos, tras la salida de Colsubsidio de ese servicio a partir de enero de 2026.
EL COLOMBIANO ha hablado también con varios pacientes. Por ejemplo, está el caso de Nancy Martínez Salazar, de 58 años. La mujer fue diagnosticada con cáncer y diabetes, y lleva seis meses esperando que le hagan una resonancia de mama. ¿La razón? saber si su cáncer se expandió. Un diagnóstico que, literalmente, podría salvarle la vida, pero que no le autorizan.
Lo más preocupante es que aquel examen ni siquiera puede hacérselo en Popayán, sino que debe ir hasta Cali, por lo que el silencio de la EPS solo alarga un proceso que, de por sí, será largo. A eso se suma la falta de medicamentos.
La situación hace que Martínez se sienta ansiosa. Además, la comunicación es nula.
“Cuando uno es paciente oncológico, uno no tiene la fuerza ni la energía para ir de aquí para allá. Yo estoy cansada, mucho. Uno queda muy quemado después de las quimioterapias y las farmacéuticas nunca son capaces de llamar a avisar si el medicamento que necesito ya llegó, o si no ha llegado, no. Uno tiene que ir allá a hacer colas enormes y adivinar si hay medicamentos”, contó.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuál es la denuncia sobre Nueva EPS?
- El congresista electo Andrés Forero afirmó que el Gobierno habría adquirido el control mayoritario de Nueva EPS mediante un proceso presuntamente irregular, en el que habrían intervenido transferencias accionarias desde cajas de compensación.
- ¿Qué porcentaje de Nueva EPS controla el Gobierno?
- Actualmente tendría el 51 % de las acciones, según lo reportado en la denuncia.
- ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre los problemas de la Nueva EPS?
- Hasta el momento no hay una respuesta detallada que explique el proceso señalado en la denuncia, lo que mantiene abiertas varias preguntas clave.
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