El expresidente Álvaro Uribe dio a conocer en su cuenta de X que la Fiscalía negó la petición hecha por la Procuraduría de que se aplazara la indagatoria a la que ha sido citado el político antioqueño en el marco de las investigaciones por las masacres del Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle.
“Sigue el abuso de la Fiscalía (...) La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó. En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad”, afirmó el exsenador Uribe en la red social.
Hay que recordar que el exmandatario ha sido citado por el ente acusador para que rinda indagatoria el próximo 24 de julio.
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En otra parte del mensaje, Uribe, como lo ha dicho en otros momentos, insistió en que “detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”.
Agregó que ese proceso comenzó en 1998. “El carácter político lo ratificó el llamado a Indagatoria tres días antes de las elecciones, para ayudar a Cepeda en la convicción de que él ganaría las elecciones como lo expresa el comentario general de quienes trabajan en la Fiscalía. En el régimen que termina Cepeda se puede burlar impunemente de la ley, ya anuncia subversión al Presidente Electo”.
El exmandatario agregó: “en mi caso desconozco derechos fundamentales para condenarme. El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación, no era un apremio para llevarme a indagatoria, como lo propuesto su promotor Eduardo Montealegre. La ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”.
El llamado a indagatoria a Uribe, para que aclare los señalamientos en su contra por las masacres en Ituango y la muerte del defensor de DD. HH. Jesús María Valle, ha puesto de nuevo sobre la mesa algunos de los más graves crímenes que ha dejado el conflicto armado en Antioquia.
De acuerdo con la información consignada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado colombiano por la complicidad y omisión de sus obligaciones en estos hechos, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996.
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Los hechos en los que señalan a Uribe
Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad.
Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares.
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Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte.
Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.
La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá.
El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes.
En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales.
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En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.
Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.
El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos.
Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador.
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En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”.
Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados.
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