La familia del senador Miguel Uribe Turbay, a través de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, rechazó este 23 de junio la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y había ordenado recientemente la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional encargado de la seguridad del dirigente político.
Mediante un comunicado, los representantes de las víctimas señalaron que la decisión administrativa se produjo poco después de finalizar la audiencia en la que se determinó el cierre del proceso por atipicidad.
En ese sentido, manifestaron: “Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. No obstante, resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”.
Decisión sobre el jefe del esquema de seguridad y responsabilidad de la UNP
Durante la audiencia, el juez concluyó que el subcomisario Víctor Gómez realizó las acciones correspondientes dentro de las condiciones disponibles para garantizar la protección de Miguel Uribe Turbay. Según la decisión judicial: “El oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”.
Asimismo, en la determinación se estableció que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”.
Investigación contra el director de la UNP y reparos de la familia
La firma de abogados también indicó que la Fiscalía General de la Nación mantiene una investigación por el delito de prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez. De acuerdo con el pronunciamiento, la audiencia de imputación que estaba prevista dentro de este proceso fue aplazada y hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha.
Además, los representantes de la familia afirmaron: “Resulta de especial gravedad que el Juez asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó la insubsistencia; estas actuaciones representan vulneraciones a la seguridad jurídica y la independencia judicial”.
Finalmente, la defensa de las víctimas aseguró que continuará promoviendo las actuaciones judiciales relacionadas con el caso y reiteró su posición frente a la autonomía de los funcionarios judiciales. “Nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales”.
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