Una misión internacional integrada por expertos europeos visitará Colombia para evaluar las condiciones carcelarias en las que sería recluida Zulma Guzmán Castro, con orden de captura por el asesinato de dos niñas envenenadas con talio, si se concreta su extradición desde el Reino Unido.
Esta verificación responde a una exigencia de la justicia británica, que solicitó un concepto independiente antes de adoptar una decisión definitiva.
La gestión quedó consignada en una comunicación de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Justicia a la Cancillería, en la que se informa que la Unidad de Extradición del Reino Unido trasladó una petición de la defensa para precisar el centro penitenciario de destino en Colombia.
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Guzmán es requerida por la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores, quienes habrían sido envenenados con frambuesas contaminadas con talio.
El caso podría ampliarse, pues la Fiscalía analiza un episodio adicional relacionado con el envío de chocolates a una familiar, lo que abrió la hipótesis de un posible patrón de conducta.
La mujer fue detenida en Londres tras ser auxiliada en el río Támesis, y desde entonces Colombia formalizó su solicitud de extradición. A diferencia de otros procesos, la decisión final está en manos de los jueces británicos.
En ese contexto, las autoridades del Reino Unido ordenaron una inspección independiente de centros como El Buen Pastor y, eventualmente, La Picota, para verificar si cumplen estándares, especialmente en atención en salud mental, aspecto central en la defensa de Guzmán.
Además, se autorizó la visita de la experta internacional Julia Kozma, prevista para este 30 de marzo.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que la comisión evaluará tanto las condiciones físicas como la capacidad de atención en salud mental.
También advirtió que, si la justicia británica concluye que no existen garantías suficientes, podría negar la extradición. Subrayó, además, que la asignación del lugar de reclusión responde a condiciones personales de la detenida y no a la gravedad del delito.
A Zulma Guzmán se le acusa de haber envenenado deliberadamente con talio a dos niñas en Bogotá, quienes fallecieron tras consumir unas frambuesas contaminadas en abril de 2025.
La Fiscalía la vincula directamente como coordinadora de la entrega de un domicilio que contenía las frambuesas con chocolate contaminadas.
Estas fueron enviadas como un supuesto regalo, ocultando la presencia de talio, un metal altamente tóxico y letal prohibido en el país desde 1979. Las investigaciones sugieren que no fue un hecho aislado.
El equipo de investigadores han encontrado pruebas que la vinculan con el intento de envenenamiento de otras dos mujeres y un familiar cercano usando el mismo método (envío de alimentos a domicilio). Debido a esto, la Fiscalía evalúa catalogarla como asesina serial.
¿Pabellón especial para Zulma Guzmán?
En medio del proceso de extradición que se adelanta en Reino Unido contra Zulma Guzmán, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que estudia su posible reclusión en un pabellón especial de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó que la decisión aún no está tomada y que responde a factores relacionados con la seguridad, así como a requerimientos planteados por la defensa de Guzmán y por autoridades internacionales.
Según el funcionario, aunque el sistema penitenciario colombiano enfrenta dificultades como el hacinamiento y limitaciones en infraestructura, se están evaluando alternativas que garanticen condiciones adecuadas de reclusión.
En ese sentido, indicó que El Buen Pastor cuenta con pabellones especiales que podrían ajustarse a las necesidades del caso, al ofrecer mayores condiciones de seguridad y protección.
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“El país tiene dificultades en términos de hacinamiento, pero se cumplen las condiciones necesarias solicitadas por la defensa y entidades internacionales. Hemos trabajado articuladamente con la Fiscalía, el CTI, la Policía y otros organismos para evaluar estas condiciones”, señaló Gutiérrez.
El director del INPEC enfatizó que la prioridad será proteger la vida y la integridad tanto de la persona privada de la libertad como del personal penitenciario. Asimismo, indicó que dentro del proceso se están valorando aspectos relacionados con la salud mental de Guzmán.
En ese contexto, explicó que el sistema penitenciario cuenta con programas específicos para la atención integral de las personas privadas de la libertad, que incluyen evaluaciones físicas, psicológicas y ocupacionales desde el momento de su ingreso. A partir de estos diagnósticos, se asignan procesos de resocialización o actividades orientadas a la redención de la pena, como estudio, trabajo y enseñanza.
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