Detrás de los barrotes, las manos se asoman pidiendo ayuda cuando se acercan cámaras de televisión. Cuando un micrófono se les acerca, los presos narran que duermen más de cinco personas en celdas pensadas para dos. Ese ha sido el panorama que, por años, se ha retratado en el sistema penitenciario colombiano. Según los recientes hallazgos de la Contraloría, la situación no ha mejorado, sino empeorado.
Las cifras concretas se presentaron en el informe que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregó al equipo de empalme y transición de Abelardo de La Espriella a solo dos semanas de la posesión del presidente electo.
Las conclusiones, a grandes rasgos, son que hay más presos, menos cupos, déficit de guardianes, fallas estructurales, instalaciones inadecuadas y problemas administrativos, disciplinarios y fiscales. En total, hay 306 irregularidades.
Los detalles del informe fueron revelados por el diario El Tiempo. En cuanto a las irregularidades, estas se encuentran sin resolver ante la Contraloría General de la Nación, y tienen que ver con:
“Debilidades de la administración en la elaboración de un decreto que regula y/o establece una jornada laboral que patrocine un entorno laboral justo, equitativo y sostenible en las relaciones de trabajo, asegurando el equilibrio dinámico y armónico entre los derechos y deberes de todos los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC”, según el medio citado.
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Por otro lado, en cuanto a los procesos disciplinarios, con corte al 21 de mayo de 2026, la entidad tenía 6.797 procesos activos en todo el país. De ese total, 5.122 correspondían a quejas, 521 a indagaciones preliminares y 1.154 a investigaciones disciplinarias que ya avanzaban de manera formal.
Sin embargo, los problemas más detallados (y más urgentes por atender, según el propio informe) tienen que ver con el hacinamiento y la falta de guardias.
La falta de guardias del Inpec
El informe de empalme identifica un desafío que, según la propia entidad, deberá ser atendido con urgencia por el próximo gobierno: la insuficiencia de personal en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Aunque durante el último cuatrienio el número de funcionarios pasó de 12.715 a 14.142, el Inpec reconoce que ese crecimiento no resuelve el déficit estructural que enfrenta el sistema penitenciario.
De acuerdo con el diagnóstico incluido en el documento, la entidad estima que será necesario crear cerca de 12.000 cargos adicionales para atender las necesidades operativas de las cárceles del país.
Sin embargo, esa expansión aún no tiene respaldo presupuestal ni una fuente de financiación definida. El propio informe advierte que aquella ampliación: “requiere viabilidad fiscal, definición de fuentes de financiación y coordinación interinstitucional para asegurar sostenibilidad presupuestal en el mediano y largo plazo”, dice el informe revelado por El Tiempo.
A aquel panorama se suma el estado de los procesos de selección de personal. El concurso de méritos 2668, con el que se busca incorporar nuevos integrantes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, permanece en la fase de inscripciones.
En paralelo, el proceso 1357 —que ya perdió vigencia— continúa generando efectos jurídicos: 40 exfuncionarios mantienen demandas contra el Inpec en busca de la nulidad de actuaciones y el restablecimiento de sus derechos, procesos que aún están siendo resueltos por la justicia.
Además, según la expedición del Conpes 4157 de 2025, se debían implementar 34 acciones distribuidas en seis objetivos, como: mejorar las condiciones de reclusión, fortalecer la infraestructura penitenciaria y optimizar las condiciones laborales del personal del Inpec.
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Sin embargo, el documento reconoce que, hasta el momento del corte (marzo de 2026), su ejecución alcanzó apenas un 20%.
El hacinamiento en las cárceles de Colombia
El hacinamiento continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema penitenciario colombiano. El informe de empalme del Inpec muestra que, lejos de reducirse, el indicador aumentó durante el último cuatrienio: pasó de 19,9% al inicio del gobierno (en febrero de 2022) a 27,1% con corte a marzo de 2026.
El documento atribuye ese comportamiento a un desbalance entre el crecimiento de la población privada de la libertad y la expansión de la infraestructura carcelaria.
Mientras el número de personas recluidas aumentó de 96.703 a 102.949, es decir, 6.246 internos más, la capacidad del sistema apenas se incrementó en 378 cupos, al pasar de 80.647 a 81.025 espacios disponibles durante el mismo periodo.
La presión sobre los establecimientos penitenciarios también se vio agravada por el cierre definitivo de la cárcel de La Ceja, que obligó a reubicar cerca de 180 personas privadas de la libertad, además de la salida de operación de áreas de alojamiento en otros centros de reclusión por problemas de infraestructura y trabajos de mantenimiento.
Frente a este panorama, el Inpec plantea como parte de la solución la entrada en funcionamiento de tres nuevos establecimientos penitenciarios, ubicados en Riohacha, El Pilamo y Sabanas de Ángel, proyectos que aún no han comenzado a operar y cuya puesta en marcha quedará bajo la responsabilidad de la administración entrante.
Los puntos positivos
En contraste con los reportes ya mencionados, el informe destaca varios indicadores que la administración saliente presenta como logros de su gestión.
Entre ellos figura una cobertura superior al 95% de la población condenada en programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza, así como un 99% de clasificación de los internos en fases de tratamiento.
También resalta la implementación del Decreto 1264 de 2025, que extendió la prima de riesgo al personal administrativo y cuya ejecución, según el balance, alcanzó el 100%.
Otro de los aspectos resaltados corresponde a la estrategia para combatir el crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios.
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De acuerdo con el balance de la denominada Operación Dominó, las autoridades decomisaron 848.314 gramos de sustancias estupefacientes, 23.809 armas blancas, 34.856 teléfonos celulares y 33.285 tarjetas SIM durante los operativos realizados en las cárceles.
En el frente financiero, el documento muestra que la ejecución del presupuesto de funcionamiento se mantuvo por encima del 94% durante los últimos tres años. En 2023 llegó al 94,86%, en 2024 ascendió al 98,38% y en 2025 alcanzó el 99,25% de los recursos comprometidos.
Para 2026, con corte a mayo, la ejecución era del 42,21%, mientras que el recaudo de ingresos propios apenas representaba el 19,77% de la meta fijada para la vigencia, un indicador que deberá administrar la nueva administración.
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Bloque de preguntas y respuestas.
- ¿Cómo está el hacinamiento en las cárceles de Colombia según el más reciente informe del Inpec?
- El hacinamiento carcelario aumentó al 27,1% con corte a marzo de 2026, según el informe del Inpec. El crecimiento de la población privada de la libertad superó ampliamente la creación de nuevos cupos en el sistema penitenciario.
- ¿Por qué sigue aumentando el hacinamiento en las cárceles de Colombia?
- El Inpec atribuye el aumento al crecimiento de la población reclusa, la escasa ampliación de infraestructura y el cierre o restricción de algunos establecimientos. Estos factores reducen la capacidad disponible frente a la demanda del sistema.
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