Los procesos electorales de 2026 en América Latina han dejado de ser simples competencias democráticas para convertirse en auténticos laboratorios sobre la resistencia —y la fragilidad— de las instituciones.
Lo que por estas semanas ha ocurrido en Perú y Colombia no es una coincidencia aislada, sino la repetición de un patrón político (de izquierdas y derechas, si queremos ponerle un nombre) que ya ha aparecido en otras democracias cuando los resultados son estrechos y el poder cambia de manos.
Es un manual conocido: cuando las urnas no favorecen a un proyecto político, la disputa se traslada de los votos a los tribunales, de las instituciones a las calles y de los hechos a la narrativa.
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La estrategia suele desplegarse en tres tiempos: judicialización extrema, deslegitimación de las autoridades electorales e incitación a la resistencia ciudadana.
En Colombia, los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmaron la elección de Abelardo De la Espriella con 12.960.166 votos, apenas 624 más que los registrados en el preconteo, mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.708.312 votos, 400 menos que los reportados inicialmente.
La jornada registró además 427.026 votos en blanco, 220.790 votos nulos y 20.666 votos no marcados, con una participación total de 26.344.960 electores.
El resultado representó un revés para la candidatura de izquierda, que buscaba acceder a la Presidencia para continuar lo iniciado por Gustavo Petro.
En Perú, la segunda vuelta también estuvo marcada por una diferencia mínima entre los dos contendientes. Con el 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Sofía Fujimori, de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori (condenado por delitos de lesa humanidad), obtuvo 9.223.396 votos (50,13 %), imponiéndose sobre Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien alcanzó 9.173.755 votos (49,86 %).
La distancia de apenas 49.641 votos convirtió esta elección en una de las más reñidas de la historia reciente del país y significó la derrota de una candidatura identificada con la izquierda, que aspiraba a llegar al poder mediante las urnas.
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Entonces, en medio de estas elecciones tan reñidas, aparece la primera fase de la narrativa impulsada por las candidaturas perdedoras, que consiste en sembrar incertidumbre. No necesariamente se busca revertir el resultado, sino instalar la sospecha de que el resultado no merece confianza.
Para ello se presentan impugnaciones masivas, pedidos de nulidad y denuncias que, aun cuando carezcan de sustento probatorio, prolongan la controversia y erosionan la legitimidad del proceso.
En Perú, Roberto Sánchez intentó anular 2.398 mesas. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución similar a la Registraduría en Colombia, calificó la pretensión de “inverosímil”, al concluir que no estaba respaldada por pruebas, sino por una “estadística perfectamente posible” convertida en especulación.
El propio JNE fue más allá: para que la hipótesis planteada por Sánchez fuera cierta, tendrían que haberse confabulado miles de ciudadanos, miembros de mesa, personeros, fiscalizadores, observadores internacionales y fuerzas del orden en una conspiración que el tribunal describió como “fantasiosa y ridícula”.
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En Colombia, el libreto se repitió con matices propios. El presidente Gustavo Petro tras la segunda vuelta, el pasado 21 de junio, donde ganó Abelardo De la Espriella, denunció presuntas irregularidades en más de 5.300 mesas de votación, afirmando que existen “votos imposibles” y que el censo electoral habría sido alterado mediante la incorporación irregular de 885.400 cédulas.
Según su versión, esas mesas concentraban una diferencia de 635.000 votos a favor de De la Espriella y que debería revisarse antes de concluir los escrutinios. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE, ratificaron la transparencia de la elección de De la Espriella tras el cruce entre el preconteo y el escrutinio firmado por jueces y notarios.
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El patrón resulta familiar entre los países. Cuando los números no alcanzan para cambiar el resultado, el objetivo deja de ser únicamente el conteo de los votos y pasa a ser la credibilidad del sistema.
Ya no se cuestionan solo las actas: se cuestiona al árbitro, al ganador y, en última instancia, la legitimidad misma de la voluntad popular. Ahí comienza la segunda fase del manual: transformar una derrota electoral en una disputa sobre la legitimidad del Estado.
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“Parece ser el resultado de escenarios de polarización”: analista
Para Juan Pablo Milanese, profesor de ciencia política de la Universidad Icesi de Cali, la política contemporánea se está volviendo “monótona” debido a una preocupante tendencia: los discursos de ganadores y perdedores respecto a los resultados electorales tienden a coincidir en el cuestionamiento y la confrontación.
En diálogo con EL COLOMBIANO dijo que “este comportamiento no es exclusivo de una sola posición ideológica”.
Si bien figuras de derecha como Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos llevaron estas tácticas al extremo en sus respectivos momentos, en 2026 se observan patrones idénticos en líderes de izquierda como Roberto Sánchez en Perú y Gustavo Petro en Colombia.
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“Este fenómeno parece ser el resultado de escenarios de polarización extrema, donde tanto para los políticos como para los ciudadanos parece que todo está en juego en cada elección, lo que potencia el nivel de enfrentamiento y desgasta la institucionalidad sin calcular el daño que se le infringe a la democracia”, afirma el docente de ciencia política.
Esta dinámica, relata, tiende a exacerbarse en elecciones con resultados muy ajustados, algo que se está dando con frecuencia en la región: en Perú, la diferencia fue de apenas 49.641 votos (una brecha del 0.27%), mientras que en Colombia la distancia entre uno y otro quedó en 251.854 votos.
Para el experto, si bien la democracia no son “solo” reglas, estas son fundamentales para su buen funcionamiento; cuando los actores políticos las rompen, las ignoran o las desprecian —como ocurre con los llamados a la “desobediencia civil pacífica” o la narrativa de fraude sin pruebas—, las desgastan como herramientas para mediar las relaciones sociales, lo que aumenta la conflictividad y el enfrentamiento social de lado y lado.
Es decir, la diferencia estrecha y la sensación de que cada elección es una batalla existencial llevan la disputa al límite.
A esto se suma un factor psicológico asociado a las redes sociales: “el hecho de relacionarse solo con quienes tienen afinidad produce una falsa sensación de homogeneidad de preferencias”.
Sin embargo, en sus palabras, cuando los resultados muestran que medio país piensa diferente, se produce una disonancia cognitiva que dificulta aceptar la realidad, derivando en un fenómeno particular donde todos se acusan mutuamente de comprar votos o “robarse” la elección.
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Para superar esta crisis, cuenta el profesor de la Universidad Icesi, es indispensable “retomar la tolerancia al otro, el pragmatismo contra el dogma ideológico extremo y, sobre todo, una verdadera disposición a negociar”.
Como han sugerido voces moderadas, es necesario aprender a “perder con dignidad”, reconociendo que llegar a acuerdos es posible y vital, aunque en el mundo contemporáneo parezca que no hay espacio para ello .
El llamado a “desobediencia civil pacífica” de Cepeda
Petro llegó a declarar que no reconocía los resultados del preconteo, basándose en que la Registraduría se negó a entregar el código fuente y que el sistema fue modificado sospechosamente cinco días antes de la elección.
Iván Cepeda, tras las elecciones del pasado 21 de junio, ha centrado su ataque en la ciudadanía estadounidense del presidente electo De la Espriella.
Según Cepeda, haber prestado juramento de lealtad a EE. UU. hace que su posesión sea “ilegal e ilegítima”, pues ante un conflicto de intereses, el mandatario tendría que tomar partido por la soberanía extranjera.
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Esto ocurre a pesar de que la Constitución colombiana no prohíbe la doble nacionalidad para colombianos por nacimiento. La fase final del manual es trasladar la contienda a la calle, buscando que el país sea ingobernable para el nuevo mandatario.
El senador de Cepeda anunció este martes que emprenderá el camino de la “desobediencia civil pacífica”, que implica desconocer deliberadamente la autoridad del Estado porque la considera injusta.
Sus palabras se dieron en medio de otras pronunciadas por Vivian Marín, secretaria política de la Juventud Comunista (Juco), quien radicalizó el discurso al afirmar que la tarea es “hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella” y presentarse ante la derecha como una “plaga” que saldrá a las calles todos los días.
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Estas declaraciones ya han derivado en denuncias ante la Fiscalía por terrorismo e instigación a delinquir. En diálogo con Caracol Radio, la joven se intentó echar para atrás de lo afirmado en video al argumentar que había sido sacada de contexto.
En Perú, por ejemplo, tras el rechazo de sus apelaciones, Sánchez admitió la derrota física, como lo hizo también Iván Cepeda en Colombia, pero el peruano insistió en que fue vencido “de manera irregular”, anunciando una “coalición de resistencia” y recurriendo a la CIDH por la supuesta “grave afectación” al proceso.
Casos Donald Trump y Jair Bolsonaro: más allá de la izquierda
Este comportamiento en 2026 guarda una fidelidad con los eventos de Donald Trump (2020) y Jair Bolsonaro (2022). Ambos líderes de ultraderecha utilizaron la narrativa del fraude sin pruebas y el cuestionamiento de los sistemas (voto por correo en EE. UU. y urna electrónica en Brasil) para movilizar a sus seguidores.
Las consecuencias fueron los asaltos al Capitolio de Estados Unidos y a las sedes de los tres poderes en Brasilia, demostrando que el desconocimiento de los resultados es el prefacio de la violencia institucional.
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Frente a esta oleada, figuras moderadas han alzado la voz. En Perú, la excandidata Marisol Pérez Tello instó a Sánchez a “perder con dignidad”, señalando que reconocer la victoria de Fujimori es lo “justo y correcto” para un país que ya está “dividido en tres” .
En Colombia, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ha sido enfático: “hay que respetar la democracia” ante los llamados que buscan incendiar el país por no haber ganado la elección.
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