La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una acción ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitar que se declare inconstitucional el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno Petro estableció —en el marco de la emergencia económica— el impuesto al patrimonio a la instituciones de educación superior privadas. La solicitud fue radicada el viernes 13 de marzo y plantea serias preocupaciones sobre sus efectos en el sector.
El decreto ha generado inquietud entre esas universidades, que consideran que el nuevo gravamen podría afectar su sostenibilidad financiera. Un informe del Observatorio de la Universidad Colombiana había identificado que al menos 80 de estas instituciones deberían asumir el tributo, lo que aumentó la preocupación en el sector académico.
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